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Los medios, a debate (II)
Por Marielos Monzón - Guatemala, 19 de junio de 2007
marielosmonzon@hotmail.com

Doudou Diène, relator especial sobre Racismo: “De lo que se trata es de democratizar la palabra”.

La semana pasada reflexionábamos acerca de varios acontecimientos que revitalizaron el debate acerca de los derechos de información y libertad de expresión. Hoy comparto con ustedes algunas de las argumentaciones que la Suprema Corte de Justicia de México esgrimió para declarar que varios artículos de La Ley Federal de Radio y Televisión eran inconstitucionales.

El pleno de la Corte invalidó el artículo 17 G, por considerar que la subasta pública, como elemento determinante para el otorgamiento de concesiones de radio y televisión, origina que los medios de comunicación se entreguen al mejor postor.

“Dado que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y finito, y los medios masivos de comunicación son una actividad de interés público, el Congreso debe vigilarla y proteger el debido cumplimiento de su función social con miras a que haya los máximos elementos posibles de difusión de ideas, lo cual debe prevalecer sobre la conveniencia mercantil de los concesionarios”, argumentó el ministro Genaro Góngora Pimentel.

En adición a lo anterior, el también ministro Sergio Valls enfatizó: “Si el criterio económico es el que prevalece, ya que accederían a los medios los que tengan más dinero, esto lleva a la concentración de la radio y la televisión en pocas manos, y ello permite a quienes tienen el control de los mismos manipular, moldear a la opinión pública en función de sus intereses e impedir que el público pueda contribuir de manera significativa al debate político”.

La Corte también invalidó el artículo 28 de aquella ley, por considerar que violaba el derecho de igualdad, al establecer un trato de privilegio a los concesionarios actuales en relación con cualquier interesado en incursionar en el mercado de la radiodifusión. La ministra Olga Sánchez resaltó que: “El trato discriminatorio pone en riesgo la rectoría económica del Estado y dificulta su papel como garante frente a la sociedad entera de los derechos a la libertad de expresión e información”.

Otros temas dignos de mención en la resolución tienen que ver con la negativa de la Corte a permitir a las dos grandes televisoras mexicanas incrementar su poder económico, al acceder a servicios adicionales en telecomunicaciones, sin licitación y sin el pago obligado al Estado por el uso del espectro radioeléctrico; así como a obtener concesiones por 20 años, con la posibilidad de refrendarlas de manera automática.

En síntesis, la resolución rechazó los artículos torales de la ley por considerar que violentaban los principios de libertad de expresión, igualdad, rectoría económica del Estado sobre un bien público, utilización social de los medios de comunicación y la prohibición de monopolios.

¿Algunas barbas en remojo?

Fuente: www.prensalibre.com


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