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Cierran filas
Por Marielos Monzón - Guatemala, 25 de julio de 2007
marielosmonzon@hotmail.com

La impunidad pasada y la actual resultan ser la misma cosa.

En los últimos días, dos hechos han marcado el rumbo respecto del tema de justicia e impunidad en Guatemala: la negativa del Ministerio de la Defensa de presentar los documentos relacionados a los planes de campaña y operaciones militares durante los años 1982 y 1983, que se requieren en los procesos que se siguen por genocidio; y el dictamen desfavorable que los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso dieron al convenio que daría vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En el primer caso, en la vista pública convocada por los tribunales, no compareció la defensa del general Efraín Ríos Montt; ni la Unidad Fiscal para el Esclarecimiento Histórico, de la Fiscalía de Derechos Humanos; ni la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, del MP. Fue el representante del Ministerio de la Defensa el encargado de explicar que estos documentos son “secreto de Estado” y, por lo tanto, no pueden ser revelados ni conocidos por la justicia.

El 12 de marzo de este año, el juez segundo de Primera Instancia Penal resolvió que, de acuerdo con el artículo 244 del Código Penal, el Ministerio de la Defensa debía exhibir los documentos: Plan Campaña Victoria 82, Plan Operativo Sofía 82, Asuntos Civiles Operación Ixil, y Plan Firmeza 83, para tenerlos a la vista, ya que los mismos pueden tener información sobre operaciones militares a través de las cuales podría haberse cometido el delito de genocidio. Después de la vista pública, la Sala de Apelaciones ratificó la decisión del juez y desestimó los argumentos del Ministerio.

Unos días después, en el seno de la Sala de Relaciones Exteriores del Congreso se aprobó un dictamen desfavorable a la instalación, en Guatemala, de una Comisión que contribuiría a la investigación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que controlan las redes de mafia y crimen organizado.

Abiertamente, varios legisladores decidieron firmar el dictamen negativo, y adujeron que la Cicig es inconstitucional, aun cuando la CC, en opinión consultiva, negó tal extremo; otros diputados hicieron las de Poncio Pilatos, pues no firmaron el dictamen, pero tampoco se presentaron el día de la discusión.

Ambos hechos no son coincidencia. Nuevamente ponen al descubierto la unidad granítica que se ha mantenido a lo largo de las últimas cuatro décadas en el país. La violación de la soberanía y del secreto de Estado resulta ser sólo excusas para evitar la investigación, el acceso a la justicia y el combate de la impunidad, la del pasado y la actual –que, en suma, resultan ser la misma cosa.

Sin embargo, aún existen posibilidades de continuar adelante en ambos temas: con la resolución de la Sala de Apelaciones, que ratificó la decisión del juez; y con la sesión plenaria del Congreso donde se conocerá la aprobación de la Cicig.

Fuente: www.prensalibre.com - 240707


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