Otros documentos de consulta

	De orden internacional
	De carácter oficial
	Comunicados

¿De qué paz hablamos?
Por Marielos Monzón - Guatemala, 30 de diciembre de 2009

La agenda de la paz sigue sien-do una asignatura pendiente. A 13 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, afrontamos una difícil situación en casi todos los ámbitos a los que se refieren los Acuerdos. Las causas que originaron el conflicto siguen latentes y los compromisos sobre temas sustantivos parecen dormir el sueño de los justos.

Veamos la situación fiscal: con una carga inferior al 10 por ciento del Producto Interno Bruto, el Estado ha sido incapaz de cumplir sus obligaciones constitucionales y garantizar a la mayoría de la población derechos fundamentales. Los Acuerdos plantean la realización de un pacto fiscal que promueva una reforma integral y progresiva, que abarque no solamente el aumento de la carga tributaria, sino la transformación de un sistema que hasta ahora privilegia los intereses de un reducido sector de poder económico, en detrimento de las grandes mayorías. Las exenciones —a las que se acogen los grupos empresariales nacionales y extranjeros— están a la orden del día, las dobles y triples contabilidades, también; las deducciones por donaciones a través de fundaciones y los privilegios fiscales son formas comunes de evadir obligaciones. Así, termina pagando más impuestos un profesional de la clase media que una corporación que obtiene cuantiosas ganancias anuales; y la carga tributaria recae sobre el grueso de la población a través de los impuestos indirectos —como el IVA—, en donde pagan por igual quienes tienen mucho y quienes casi no tienen nada (recordemos que siete de cada 10 guatemaltecos son pobres, y cuatro extremadamente pobres). Y además resulta que son los guatemaltecos migrantes —que se vieron obligados a salir del país por encontrarse en una situación precaria— quienes a través de las remesas inyectan más recursos a la economía nacional que los que siguen aquí, usufructuando la riqueza que producimos todos.

El reconocimiento real de los derechos colectivos de los pueblos indígenas es otro de los temas pendientes. A pesar de que hay un acuerdo específico en el que destaca una serie de compromisos para terminar con la exclusión y el racismo histórico, los avances han sido mínimos y casi todos producto de una incansable lucha de los pueblos, las comunidades, sus autoridades y organizaciones. Por ejemplo, el derecho de consulta plasmado en el Acuerdo de Identidad y en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales ha sido prácticamente desconocido, y los resultados de las consultas —realizadas en torno a la defensa de sus recursos naturales y su territorio— no han sido reconocidos ni respetados. La justicia no ha alcanzado a los responsables del genocidio —que es la máxima expresión del racismo—, y quienes ordenaron la tierra arrasada y las masacres no solamente siguen libres, sino que ocupan espacios de poder en la vida política, económica y social del país. ¿Y qué decir de la situación de seguridad y justicia, que sigue en trapos de cucaracha? La impunidad que alcanza el 98 por ciento de los casos es una prueba fehaciente de que el sistema no funciona y que las transformaciones planteadas en los acuerdos son absolutamente necesarias. La agenda de la paz referida a estos temas tiene tanta o más vigencia que 13 años atrás, como la tienen los compromisos sobre la situación agraria y socioeconómica, que pasan no solamente por el combate de la pobreza, sino de las desigualdades basadas en la concentración del poder, de los recursos y medios de producción en el grupito privilegiado de los de siempre.

Fuente: www.prensalibre.com.gt