Serendipias
La urgente política criminal
Por Mariano Cantoral - Guatemala, 9 de marzo de 2010
Aún aguardo la esperanza que en algún crepúsculo matinal amaneceremos sobre un suelo atestado de buenos sentimientos
En un país como el nuestro, entiéndase “nuestro” en el sentido menos retórico y más iusinternacionalista posible, ¡urge ya!, diseñar y ejecutar desde la vía institucional, es decir, desde el Estado y sus instituciones dentro de su marco normativo-funcional, un efectivo y eficaz proyecto de Política Criminal, primordialmente preventiva; hago el acuse que este debe ser perfectamente adecuado a nuestra cruenta realidad, es decir, en él se deben asumir con sesudo compromiso actitudes frontales ante el fenómeno del crimen, y esto es función monopólica del Estado pues ostenta el ius imperium, y debe éste estar enmarcado dentro del esquema estructural funcionalista de un Estado Constitucional de Derecho moderno y todavía más, modernizado.
La débil protección de los bienes jurídicos tutelados como la vida e integridad de la persona, cuantificadas estas aseveraciones en las estadísticas de criminalidad y cualificadas en sus efectos perniciosos para la sociedad, han permitido visibilizar y ensanchar varios de los agujeros negros en donde han reposado y se han cultivado-reproducido nuestros (des)comunales caos (que poseen fundamento histórico); la nula o deficiente respuesta gubernamental ante el fenómeno del crimen ha estimulado o desatado una serie de respuestas no institucionales (de parte de la población) con consecuencias por demás infaustas, verbigracia, los linchamientos a granel en distintos lugares de la República, práctica socialmente tolerada y poco a poco calificada de normal, por cotidiana.
Actos como estos han sacado a flote de modo paroxístico varias de nuestras enfermedades sociales, siendo estas de fácil identificación sintomatológica (pasada, presente y futura), pero de difícil cura, no por el hecho que no haya medicina, sino porque ha campeado el desinterés o la falta de visión en prescribir el tratamiento adecuado y poco a poco cada una de ellas se han ido tornando en epidemias irrefrenables, pues mutadas las cepas todo se agrava.
Estudios han demostrado que las personas linchan pues consideran que es el modo más asequible y legítimo de resarcir y/o castigar al infractor de las normas jurídicas prohibitivas o bien, al autor de actos moralmente reprochables (antropoculturalmente) que son causa directa de este tipo de reacciones deshumanizantes, en manifiesta desconfianza al sistema constituido, que se menoscaba y acelera su trunque.
Ante un fenómeno social como el de los linchamientos, las instituciones legalmente facultadas para actuar dentro del proceso de persecución penal se debilitan grandemente; fenómenos de este talante son indefectibles indicios de deterioro social, misma degeneración que incide magnánimamente en la afectación de la mayoría de los campos de actividad humana de asociación-relación: económico-productivo, económico-intercambio, económico-social, laboral, escolar, intelectual, académico, profesional, etcétera.
Un correcto diseño de política criminal, fabricado acá, no importado, erogaría sumos beneficios para la consecución de la tan anhelada Paz Social; paz que florece de las necesidades materiales satisfechas, del acceso real a los servicios sociales fundamentales, de la igualdad de oportunidades de desarrollo, de un orden social ordenado, valga la redundancia, y de prácticas gubernamentales tendientes al Bien Común que debe verse reflejado en el bienestar individual. Una sociedad pacífica es una sociedad próspera que se catapulta inminentemente hacia el desarrollo.
Aprovechando que durante los recientes días ha habido cambios dentro de la cúpula del Ministerio de Gobernación que constitucional y legalmente (según la Ley del Organismo Ejecutivo y la Ley Orgánica del Ministerio de Gobernación) debe dirigir la Política Criminal del país (en ningún apartado se refiere a ella como Política Criminal, pero doctrinariamente se infiere), esta debe priorizar en acciones concretas de cambios positivos y sustanciales de corto, mediano y largo plazo (dotada de suficientes mecanismos de fiscalización y verificación de resultados). Además, las fuerzas armadas de la Policía Nacional Civil, deben actuar con rectitud, profesionalismo y ética.
Es urgente también aplicar los preceptos legales establecidos en la quimérica Ley del Sistema Penitenciario, que si bien es vigente, también es medianamente positiva (aplicada).
Ya tenemos encima el proceso de elección de Fiscal General, el retrotraído proceso para elegir al Director del Instituto de Defensa Pública, y en cada uno de estos, los comisionados deben actuar con ética intachable, apegados a la ley y concientes de que todos nos beneficiaremos con las correctas decisiones que se adopten.
Para este artículo quedan excluidos, por su naturaleza, lo delitos de cuello blanco.
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