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Crímenes de ayer y hoy
Por Margarita Carrera - Guatemala, 11 de febrero de 2007

Crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles: pueden juzgarse en tribunales internacionales.

Luis Morales Chúa, en el número cinco de su serie “Las ejecuciones extrajudiciales” (28/1/07), advierte a quienes participaron en el operativo contra los reos de Pavón que “existe un texto internacional aprobado por Guatemala, que contiene las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977...”.

Y es que “...la ejecución extrajudicial de una persona, sea cual fuere su negro historial, ha sido tipificada por la CIDH como crimen de lesa humanidad y le asigna el carácter imprescriptible...”.

Si no se juzga en Guatemala, puede juzgarse en tribunales internacionales, de la misma manera que Rigoberta Menchú llevó a los tribunales de España su pedido de justicia por la quema de la embajada de ese país, genocidios, masacres, desapariciones y torturas durante la era del terror de Lucas, pues “...los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda...”.

Columnistas que hacen la apología de los crímenes en Pavón han de tener cuidado. El reportaje que denunció estos hechos está en elPeriódico del 2/12/06: “...Las evidencias indican que las fuerzas de seguridad se valieron de escuadrones adoctrinados que irrumpieron en la prisión para exterminar a siete hombres...”.

Algo parecido a lo que sucedió en la quema de la Embajada de España hace 27 años, cuando, violando el Acuerdo Internacional de Viena, 300 hombres pertenecientes al Cuerpo de Detectives (judiciales), al Comando Seis (SWAT), a la Policía Nacional, a la Inteligencia del Ejercito (G-2), fuertemente armados, irrumpieron en los jardines de la embajada y subieron los balcones hasta llegar al techo.

Por medio de un megáfono, el embajador Cajal, Molina Orantes y Cáceres Lehnhoff pedían no violar el recinto diplomático. Los policías, utilizando hachas y picos, rompieron la pared. Cumplían órdenes superiores: matar a todos los ocupantes. En ningún momento, antes de la tragedia, hizo su aparición ningún funcionario de la Cancillería ni del Gobierno.

“Afirmo que hubo una dejación total de responsabilidad en un grupo de matones y asesinos a sueldo... que no tiene calificativos y dudo de que tenga precedente...”, escribe Cajal. La justicia internacional habrá de juzgar los crímenes de ayer y hoy, pues en Guatemala continúa la impunidad.

Fuente: www.prensalibre.com - 090207


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