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¿Que los crímenes no son políticos?
Por Margarita Carrera - Guatemala, 19 de julio de 2007

Necesitamos de la Cicig y de jueces como Santiago Pedraz, para que la justicia impere.

El 6 de julio de este año, Prensa Libre publicó, bajo el título “Violencia electoral inquieta a candidatos”, cómo de lo que va de enero hasta esta fecha, han sido asesinados 30 dirigentes políticos.

Álvaro Colom, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aseguró que 15 dirigentes de su organización han sido asesinados y que en ninguno de los casos se ha logrado dar con los responsables. El procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, afirma que en el presente período electoral se registran 26 asesinatos de tipo político, y que los ataques son más graves.

Ante semejantes denuncias y datos, el Ministerio Público y la Policía tienen el cinismo de afirmar que estos “Crímenes no son políticos” (Prensa Libre, del 7 de julio de este año). Vinicio Gómez, viceministro de Seguridad, declaró: “Las pesquisas no arrojan ningún componente político como móvil de los asesinatos.

Nosotros coincidimos plenamente con el MP en que la cosa no tiene nada que ver con sus candidaturas”. Así, “la mayor parte de los ataques contra candidatos a alcaldías o a diputaciones no es político, sino que se debe a conflictos personales”.

Y, para continuar con la impunidad reinante, los diputados al Congreso (sobre todo los del FRG) se resisten a aprobar el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), suscrito por el secretario general de la ONU y el Gobierno de Guatemala.

Ello, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ya emitió su opinión favorable respecto de la creación de la Cicig.

Nos encontramos, pues, frente a un Estado débil (tal cual lo quieren los neoliberales) desde todos los puntos de vista y, por lo tanto, incapaz de luchar contra la impunidad, el peor mal que nos aqueja, después de la falta de salud, vivienda y educación, que sufre la mayoría guatemalteca, hundida en la miseria.

La única forma de luchar en contra de la impunidad sería el establecimiento de la Cicig. Sólo a través de ésta se podría apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala que, en última instancia, son las encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por los cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad, que nunca han dejado de operar en nuestro país.

No hay que olvidar los crímenes de lesa humanidad denunciados por las víctimas de la guerra sucia a través del Remhi y la CEH. No es vana la insistencia hecha por Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional española, en tomar declaración a los testigos de genocidio, pues aquí en Guatemala los genocidas siguen tan campantes como siempre, empezando por Ríos Montt, que aún tiene el descaro de actuar en el campo de la política, y a quien se perdonó totalmente de su participación en el Jueves Negro y Viernes de Luto.

En otras palabras, necesitamos de la Cicig, pero necesitamos también de jueces extranjeros, como Santiago Pedraz, para que, por fin, se lleve al banquillo a genocidas y demás violadores de los derechos humanos que incursionan dentro de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Fuera de los 10 años de la Revolución de Octubre (con Arévalo y Árbenz), a partir de 1954, cuando se inicia la fiebre del anticomunismo, nos ha venido gobernando una clase económica y política poderosa, a la cual le conviene que el país siga hundido en la impunidad, la miseria y la ignorancia.

Se trata de cómo el más fuerte devora al más débil, cumpliéndose, así, la ley darwiniana en el campo, no de la biología, sino de la economía, tal cual lo añoran los neoliberales. El Estado, cuya preocupación imperante debiera ser cuidar del pueblo, lo abandona debido a su ineficacia y debilidad progresiva.

Fuente: www.prensalibre.com


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