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Monitorear los acuerdos de la Comisión de Seguridad del SICA
Por Margarita Castillo - Guatemala, 6 de diciembre de 2006

Hay información que es importante conocer y que no necesariamente llega a los ciudadanos; hacemos referencia expresa a algunos avances derivados del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, firmado por los presidentes centroamericanos en 1995 y en nuestro caso ratificado por el Congreso en 1997. Es importante anotar que el tratado en cuestión es un instrumento que apuntala a la integración de la subregión centroamericana, cuya meta sustantiva presupondría la concreción de un nuevo, único, integral e indivisible modelo de seguridad en la región, cuya máxima inspiración es el proceso de pacificación e integración de Centroamérica.

Los contenidos de este análisis se inspiran en el principio preventivo de la seguridad y enfatizan en la supremacía y fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de las fuerzas de seguridad, la seguridad de la persona humana y sus bienes, la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas.

Una lectura crítica del tratado permite identificar algunas fortalezas y otras más bien debilidades. Entre las primeras es necesario destacar la visión integral desde la cual se articulan desarrollo y seguridad, también el sentido de interacción y articulación entre el Estado y la sociedad. El otro elemento es que desde una visión preventiva se incluye lo económico y lo social. Sin embargo también han sido identificados riesgos o amenazas al propio contenido de este tratado, tales como una posible contradicción con los modelos de Estado existentes en la subregión y la falta de claridad en la definición de los límites entre seguridad y desarrollo, con lo cual podría superponerse o contraponerse competencias y límites conceptuales y de accionar institucional entre lo uno y lo otro. En correspondencia con esto último está el peligro de hacer que todos los temas del desarrollo sean de seguridad, sin establecer claras diferencias.

Respecto de los avances del Tratado, recién el 3 de octubre de este año, se reunieron los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA, en Tegucigalpa, con la intención de definir una estrategia de seguridad. Esto no tuvo ninguna relevancia en la prensa nacional. Uno de los acuerdos fue la actualización de una red de comunicación entre las Oficinas Centrales Nacionales de la Policía Internacional, Interpol, y las Direcciones de Migración de los países del SICA, para alertar sobre los evasores de la justicia en la subregión. Muy relacionado con este asunto hay otro acuerdo referido a la información en red, sobre activar la Red Centroamericana del Sistema de Información y la Red de Comunicación e Inteligencia Policial, para intercambio de información ágil y precisa en el momento justo, con lo cual se podría acceder y trasladar información a toda la subregión, sobre bandas delincuenciales, de fugados o perseguidos por la justicia y que traspasan las fronteras; en fin, la potencialidad de estos sistemas es casi incalculable y la contribución a la obtención de resultados en materia de seguridad, podría ser muy eficiente.

Sin embargo surgen interrogantes, ¿cómo podrá este país, habiendo ratificado el Tratado; dar respuestas eficaces a estos compromisos, si ni siquiera cuenta con sistemas informáticos en red que articulen las instituciones de justicia con las de seguridad a nivel de país? Esto ya plantea un gran valladar, que de no ser superado no será posible hablar de información en red a nivel de la subregión. Hay que ser realistas, los sistemas nacionales de información son fundamentales e imprescindibles.

Ya hubo un intento con pocos resultados, el famoso sistema de información que integraba seguridad y justicia, conocido como SIASEJU, por sus siglas. En todo caso surgen otras preguntas ¿qué pasó con ese sistema? ¿qué resultados dio? ¿se ha actualizado? Hasta donde se sabe está paralizado, lo cual es verdaderamente penoso, porque éste se implementó a partir de un convenio de cooperación con el BID, y el dinero que fluyó fue préstamo que toda la ciudadanía estamos pagando.

Si la institucionalidad del Estado responsable de atender los asuntos de la seguridad carece de información y datos o son deficientes e insuficientes, ¿cómo va a responder de forma integral a las políticas de atención a la seguridad ciudadana? Vale la pena mencionar un ejemplo que pone en evidencia la brecha entre lo propuesto y la realidad. El Sistema Penitenciario no cuenta con un sistema informático actualizado y en red de todos los centros carcelarios del país. De esa cuenta es que ha resultado difícil, y en algunos casos imposible, reconocer a reos que mueren en los penales, o quienes se han fugado. Incluso en los casos en los que cuentan con fotografía de los reos, éstas son tan desactualizadas que no tenerlas es casi lo mismo.

Las órdenes de libertad, por ejemplo, también muestran la necesidad de fortalecer los sistemas de información en red. Éstas van y vienen manipuladas manualmente por varias personas en una interminable cadena de procedimientos administrativos, dando cabida a alteraciones y con ello a la corrupción y a fugas, así podría señalar múltiples ejemplos, que denotan las deficiencias en acceso y manejo de información.

Otros acuerdos, a los que se llegó en esa reunión del 3 de octubre pasado son: “Instruir a las Cancillerías para que procedan a crear las Agregadurías Policiales…”, “Instruir a los Ministerios de Seguridad Pública, Gobernación o Justicia e Institutos de la Niñez y Juventud la elaboración de un Proyecto Regional de Asistencia Técnica para el tratamiento de las personas menores de edad en riesgo social o en conflicto con la ley…”, incluso se toma en cuenta la protección a los testigos, especialmente en casos de narcotráfico y delincuencia organizada. Un breve paréntesis, recién la semana pasada una mujer de 43 años, testigo protegido del Ministerio Público, fue asesinada en su casa, el argumento de la PNC fue: “no se quiso cambiar de casa”, ¿en dónde están las alternativas presentadas a las personas para trasladarse y encontrarle sentido a la vida, en términos laborales y productivos? No es nomás de decirle a las personas, váyase de aquí, proteja su vida.

En la línea de los acuerdos de la reunión en mención, también se reconoce la importancia de atender a las personas drogodependientes, a través de la creación del Centro de Instrucción Regional Antidrogas.

Si nos atenemos a lo planteado en la Declaración Trinacional El Salvador, Guatemala y Nicaragua, Integración para el siglo XXI, el año 2000, en donde ya se acordaba el intercambio de información y datos respecto de establecer un sistema de comunicación, información y estadísticas para la lucha en contra de la delincuencia y el crimen organizado, así como facilitar el intercambio de información entre autoridades responsables de la investigación y persecución criminal; creeríamos y esperaríamos que a esta fecha ya se ha hecho algo. Pero pasados poco más de 5 años, no se ha cumplido lo acordado. Lo planteo porque a los guatemaltecos nos salen muy caras estas reuniones, en las que los acuerdos pueden ser de primera línea, pero los gobiernos poco o nada hacen para dar resultados.

Esta última reunión documenta importantes y necesarios acuerdos para combatir la delincuencia y la criminalidad en la subregión. Otros más bien se quedan en el plano de reconocer la importancia, cuando se alude al estudio multidisciplinario de las maras en la región. En todo caso la conclusión más importante a la cual arribo luego de la lectura de los compromisos que se han formulado a través de la Comisión de Seguridad, es que se abre una ventana de oportunidad para organizaciones de la sociedad civil y los/as propios/as ciudadanos/as para ejercer funciones de auditoría social, verificar y monitorear el cumplimiento y los resultados de tales acuerdos; lo cual sin duda alguna sería muy provechoso para incrementar la seguridad ciudadana.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 1106 - 061206


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