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A propósito de la situación de inseguridad en Guatemala
Como ejemplo, un tal General Della Chiesa
Por Margarita Castillo - Guatemala, 11 de marzo de 2007

En el prólogo, escrito por Ernesto Sábato , del informe sobre los desaparecidos en Argentina, titulado Nunca Más , se recoge una anécdota por demás ilustrativa para la reflexión sobre erradicar el abuso y la tortura en los sistemas de justicia y seguridad, especialmente si éstos se precian de democráticos. Mientras Aldo Moro, se encontraba secuestrado, un guardia de los servicios de seguridad del gobierno le propuso al general Della Chiesa torturar a un preso, quien podía facilitar información que diera pistas sobre el secuestrado. El general, le respondió: “Italia se puede permitir perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura” , de mi parte agrego: la democracia implica una nueva forma de hacer las cosas, es decir, resolver los asuntos de la seguridad en apego a derecho y a las garantías constitucionales, el solo hecho de la tentación de hacerlo de otra manera, debe quedar en eso.

Y no sólo por lo que menciono, aunque también por eso, Italia es hoy día un país democrático. Esta anécdota habla por sí sola y revela, además de lo señalado, el tema de los principios, la moral y la ética del funcionario público, sea éste civil o militar. Lamentablemente nuestra historia, recoge múltiples ejemplos de ejercicio de la seguridad al estilo del guardia que se menciona, y muy pocos de empleados públicos (desde el nivel operativo hasta el de dirección), que podrían actuar como un Della Chiesa.

Privilegiar como fin la seguridad del Estado guatemalteco en sí y para sí, significa en pocas palabras la regresión a la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, desde la cual se instaló un sistema represivo, controlador de la vida ciudadana y violador de las mínimas garantías. Esta doctrina cobró vida; pero también vidas humanas, durante más de 36 años de conflicto armado. Los guatemaltecos, ya conocemos la experiencia.

Bajo el amparo de esta doctrina el Estado guatemalteco instaló, solo por mencionar un ejemplo, en el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, los mal habidos “Tribunales de Fuero Especial”. Tribunales en los que fueron ejecutadas 15 personas, a pesar de la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó la suspensión y conmutación de las penas impuestas, invocando razones de carácter humanitario, tales como: falta de garantías, nulidades de carácter procesal en que se incurrieron, carencia de la independencia e imparcialidad, indispensables en un órgano de administración de justicia, negativa de preparar la defensa, de comunicarse libre y privadamente con los mismos, y de interrogar a los testigos o peritos.

Tristemente estos tribunales no permitieron apelación alguna a los inculpados, se les negó el derecho de un juicio justo, las personas que pasaron por ellos y han hablado, dan cuenta de cómo fueron torturados/as, todo por supuesto en nombre de la seguridad del Estado.

En esta semana, en un documental proyectado por el programa televisivo “A Fondo”, sobre el gobierno de Ríos Montt, éste declaró que si bien era cierto que el Ejército cometió “desmanes”, lo hizo en nombre de preservar la seguridad e integridad del Estado, porque sus opositores atentaban en contra de ello. En pocas palabras, el fin justificó los medios, algo así como: en nombre del Estado, lo que sea y como sea, aún la vida misma.

Los ejemplos sobran, menciono éste en intento de comparar las visiones de dos funcionarios públicos, ambos miembros del Ejército, los dos con responsabilidad sobre la seguridad y sin embargo, con posiciones totalmente encontradas, me refiero al General Della Chiesa y al general Efraín Ríos Montt. El primero, preservando la vida, la integridad física y psicológica de un ciudadano, en nombre de la seguridad y de la prevalencia del Estado democrático. Ríos Montt destruyendo la vida, la integridad física y psicológica de miles de ciudadanos, en nombre de la seguridad del Estado autoritario y anti democrático, ¿con cuál de estas visiones nos quedamos los guatemaltecos? No es una simple pregunta, se trata de un dilema, porque de nuestra escogencia devienen posiciones, compromisos y responsabilidades de los funcionarios públicos encargados de la seguridad ciudadana.

Sin duda alguna, es mucho más difícil lo primero, es decir, construir el Estado democrático de derecho, pues implica, apego a la ley, cumplimiento constitucional y aplicación de los Derechos Humanos, así como la implementación de valores como: diálogo, respeto, tolerancia, inclusión y principios orientados a la transparencia y rendición de cuentas. No hay que olvidar que el funcionario público es depositario de la confianza ciudadana, es decir, que es un ciudadano más quién gestiona y administra asuntos públicos referidos a la seguridad. No está en manera alguna, por encima de los ciudadanos, más bien se debe a éstos.

Hoy, en que la institucionalidad de la seguridad sufre una profunda depresión, motivada por el incremento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana y las muertes violentas de los tres diputados al Parlacen y su chofer; así como la posterior ejecución de los detenidos supuestos responsables de la muerte de los diputados; se hacen urgentes, al menos dos momentos: uno la deducción de responsabilidades administrativas o penales, al más alto nivel, lo cual incluiría al Ministro de Gobernación, al Director de la Policía Nacional Civil y al del Sistema Penitenciario. La destitución de un funcionario público no debiera basarse en una lógica binaria simplista: se mantiene al funcionario o se le destituye, es fundamental un análisis profundo y responsable respecto de los resultados que en su gestión haya tenido y a partir de esto tomar la decisión. Lo que debe anteponerse son los principios constitucionales de defensa de la democracia, aún y a pesar de que nos salga cara y nos cueste mucho.

El respaldo político que desde el Ejecutivo puede dárseles a los Ministros, Secretarios y otros es importante, pero éste no debe producirse a cualquier costo, la heroicidad de los funcionarios de gobierno debe estar dada a partir de resultados en su gestión y no simplemente por una fidelidad mal entendida. Al respecto el ex Ministro de Gobernación, durante el gobierno del PAN, Rodolfo Mendoza, hacía alusión a cómo durante el mandato del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, el recambio de los funcionarios públicos afectó negativamente su gestión. Si bien esto podría ser cierto, no necesariamente la permanencia hace la diferencia.

En el marco del respaldo político, es probablemente la primera vez en la historia de este país que el Comité de Cámaras y Asociaciones Comerciales Industriales y Financieras, CACIF, respalda con tanta vehemencia a un Ministro, para el caso al de Gobernación, lo cual en determinados contextos puede resultar favorable, sin embargo en estos, en los que la crisis pone en riesgo al Estado mismo, debe sentarse un gran precedente: responsabilizar a quienes corresponde, como se debe. En ese sentido, desde los poderes de Estado, puede enviarse un buen mensaje a los habitantes de este país, y el mensaje debe ser que el Estado está comprometido con la democracia y que los gobernantes y funcionarios públicos actuarán en correspondencia con ello.

El otro momento que podría llamarse de compromiso ciudadano, debiera estar orientado a la reflexión, el análisis y la propuesta multisectorial de Reforma del Sector Seguridad. Esta reforma tiene a su vez dos componentes: uno de resultados inmediatos, referencia expresa a la depuración de la PNC; el otro más estratégico, orientado a la formulación de la política pública y al sistema nacional integral de seguridad. Ambos esfuerzos deben avanzar paralelamente.

Las repetidas denuncias de penetración del crimen organizado en la institucionalidad del Estado no son un asunto baladí, implican una responsabilidad de todos los poderes del Estado por preservar los avances democráticos y de aplicación de las leyes y normas constitucionales.

Los errores y debilidades del Ministerio de Gobernación, son varios y sobre ellos habrá que pedir cuentas a las autoridades. Múltiples fueron las voces que denunciaron el abuso policial, también lo fueron las sindicaciones de que miembros de la institución (cercanos a las autoridades), participaban en el crimen organizado y en ejecuciones extra judiciales. Informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dan cuenta de ello y son un buen ejemplo, de que no hay mejor sordo que el que no quiere escuchar. La PDH documentó la toma de la Granja de Rehabilitación Pavón, en el cual se denuncian excesos y abusos por parte de la PNC, sin embargo, como se trataba de reos el caso no trascendió. Esta acción policial no derivó en un resultado sostenible; en menos de una semana, en Pavón, se rearticuló una nueva fuerza extorsionadora y controladora de la disciplina interna, conformada por otros reos.

Hemos visto en estos tres años, otras actuaciones violentas de la PNC, sin que a la fecha se deduzcan responsabilidades penales al más alto nivel, toda vez que en la jerarquía de mando éstas deben debe llegar hasta los responsables de su dirección y control.

Ojalá que este sea el momento, en que con toda la seriedad del caso desde el Ejecutivo se asuma una convocatoria sectorial para analizar y proponer; una revisión profunda e integral del modelo policial y de las personas que lo ejecutarán, porque los modelos pueden ser ideales más la gente que los pone en marcha no.

Los guatemaltecos que le apostamos a la democracia, esperamos que por encima de todo se preserven los principios ya señalados; apego a la ley, a la norma constitucional y a la aplicación de los Derechos Humanos y así parafraseando a Della Chiesa podamos decir: “Guatemala se puede permitir perder la vida de alguna persona, porque escape, en muchos casos a la acción institucional, más nunca, implantar, desde el Estado la tortura, para la consecución de evidencias y pruebas”.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 1150 y 1151 - 260207 y 270207


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