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Apostémosle a una propuesta integral de seguridad, en vez de dejarlo en manos de Argus
Por Margarita Castillo - Guatemala, 30 de marzo de 2007

La mitología griega revela que Argus, un monstruo con 100 ojos siempre vigilantes, lo controlaba todo, aún cuando dormía, pues 50 de ellos permanecían abiertos. Pero más temprano que tarde, Hera la esposa de Zeus, luego que Hermes matara al monstruo, convirtió sus ojos en las plumas de la cola del pavo real, con lo cual el asunto de la vigilancia para no perder de vista nada, se terminó. Así de magros son los resultados de la seguridad pública, cuando el énfasis se pone en la vigilancia operativa y en casi nada más.

Brindar seguridad a los habitantes es tarea compleja y difícil, requiere, desde los gestores y ejecutores de la política pública, una visión integral y sistémica que dé cuenta de la necesaria articulación entre: la prevención y la represión o el combate; entre las estructuras orgánico funcionales y entre las propias instituciones responsables de brindar seguridad. También requiere coordinaciones (verticales y horizontales) y regulaciones inter institucionales entre los sectores seguridad y justicia. Implica, por otro lado, acciones orientadas a la auténtica promoción de la participación ciudadana, sin intenciones utilitarias, vía lo cual se promueva el principio de la auditoría social y la obtención de información sobre victimización.

A lo anterior habrá que agregar, el uso de sistemas tecnológicos de punta, para vigilancia y procesar toda la información y datos que se colectan. No es posible concebir un sistema de seguridad eficiente sin el uso de tecnología de la información y la comunicación, en consecuencia, de sistemas informáticos en red. Los otros componentes sustantivos para dar resultados son: la inteligencia civil y la investigación criminal, pero recordemos que éstos serán deficitarios si no se cuenta con información de calidad. Todo lo anterior debe corresponderse con un diseño y planificación estratégicos de los cuales deriven los planes anuales u operativos de las direcciones respectivas. El mejor diseño y modelo propuesto no dará resultados si quienes lo ejecutan no llenan los perfiles adecuados y en este punto, para el caso de la Policía Nacional Civil, el ingreso de profesionales universitarios, formados como gerentes policiales, para ocupar cargos de dirección es fundamental. Sobre esto, prácticamente no se ha elaborado ninguna propuesta, por ello es que en este artículo enfatizo en ello.

Habrá que establecer la diferencia entre las funciones que le corresponden a los cuadros de dirección y las que realizan los operativos y, en correspondencia con ello, ubicar a los profesionales, a los especialistas y a los policías de patrullaje y a quienes realizan tareas de investigación, de acuerdo a las responsabilidades administrativas claramente definidas en los puestos. Colocar a profesionales con alto perfil en gestión pública, como directores, sería un avance muy importante. Si revisáramos la formación de los actuales cuadros de dirección desde los niveles más altos de la PNC y del Sistema Penitenciario encontraríamos que prácticamente ninguno tiene esa formación y que muy probablemente quienes llegan a dirigir han sido policías operativos, en otros casos gente improvisada y en algunos ex guardaespaldas, empresarios de la seguridad privada o ex militares. Por eso es que, tenemos a un director de la PNC, realizando tareas operativas, disfrazado de Rambo, armado hasta los dientes y dando declaraciones a la prensa; recorriendo las calles, mostrando sus armas y pintando paredes para borrar los grafitis elaborados por los mareros, carente totalmente de visión estratégica. En pocas palabras un director haciendo trabajo operativo, cuyas funciones son otras. Llamando a los elementos policiales a los servicios religiosos, en una clara confusión sobre la laicidad del Estado. Sin capacidad de coordinar inteligentemente con, por ejemplo el Consejo Asesor de Seguridad, las organizaciones de sociedad civil vinculadas al tema de seguridad y con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Colocando sub directores y directores en la institución, cuya función principal es guardarle fidelidad mal entendida, antes que llenar un perfil idóneo y comprender la responsabilidad que obliga el puesto que se les otorgó. ¿De qué estamos hablando? Lo que señalo y mucho más, da pie para asegurar que se ha caricaturizado el tema de la seguridad.

Es cierto que así como no garantiza resultados positivos en la PNC ni en el Sistema Penitenciario, el hecho de apostarle a que los policías escalen en una carrera policial o penitenciaria hasta llegar a dirigir, tampoco lo hace el que ingresen personas de fuera sin el perfil necesario. Entre las características que debe llenar quien asume funciones de dirección en la PNC y el Sistema Penitenciario, están conocimientos profundos en gestión pública y especialización en la rama correspondiente. En el caso del Sistema Penitenciario, el asunto es más grave aún, toda vez que llegan como directores de las cárceles, personal operativo, es decir, guardias penitenciarios, que pueden conocer asuntos operativos de la prisión más no tienen la visión estratégica y sistémica que se requiere.

Probablemente, quienes lean este artículo piensen que mi propuesta aplica a países con mayor desarrollo, puesto que apostarle al recurso humano profesional altamente calificado y a la tecnología que sugiero es cara, y un Estado pobre como el nuestro difícilmente podría costearla. Este argumento puede desvanecerse si intentamos cuantificar lo que pagamos por seguridad privada y lo vulnerables y desprovistos de seguridad que continuamos siendo.

Hagamos un conteo de lo que pagamos, además de los impuestos entregados al fisco. Resulta que en aras de sentirnos seguros gastamos en: balcones, portones, alarmas (para viviendas, negocios, vehículos), seguros de vida, vigilancia privada (en complejos habitacionales, en negocios y en guardaespaldas). Quienes podemos comprar un vehículo, lo utilizamos (entre otras cosas) porque nos da seguridad, a cambio de la inseguridad que sentiríamos de viajar en transporte colectivo, pero el vehículo hay que cuidarlo, así que pagamos seguridad para éste, dejándolo en parqueo. Tomemos en cuenta que una hora de parqueo puede llegar a costar hasta Q.14.00. En algunos sitios el pago de la seguridad para los vehículos debe ser anticipado a las personas que han privatizado las calles y avenidas (espacios públicos), cobrando por ello. Pero resulta que también, en muchos casos, debemos pagar para garantía de nuestra seguridad personal y de nuestro vehículo, si no se lo llevan a un botadero, donde lo recogeremos a pedazos. Muchos ciudadanos se ven tentados de participar en la corrupción, para conseguir que se agilicen sus trámites en la policía, en los juzgados y en los tribunales, para resolver casos relacionados con la inseguridad ciudadana. El precio a pagarse por información (inteligencia) privada, para resolver asuntos particulares asociados a la inseguridad, puede llegar a ser sumamente alto, además de que es probable caer en la ilicitud.

Cuando se contrata vigilancia operativa (guardaespaldas) y se adquieren armas defensivas, se introduce el elemento de inseguridad a lo más íntimo de los hogares. Vean la lógica: se contrata a un total desconocido para que cuide viviendas y personas; es un contrasentido en un país en el cual la desconfianza anida. Y qué decir de las armas (que aún escondidas) pueden ser alcanzadas por menores, quienes sin experiencia alguna las manipulan provocando accidentes, en muchos casos graves e irreparables.

Algunos costos son directos; otros indirectos. La educación privada, puede ser uno indirecto, ésta es preferida (por las familias que pueden costearla) y es una opción, de frente a la inseguridad que presentan los establecimientos públicos.

El miedo, terror, angustia y preocupación se expresan en costos, no directos ciertamente, pero que los pagamos con el deterioro de la salud y la consiguiente inversión que hay que hacer para recuperarla, en médicos, medicamentos y psiquiatras (quienes pueden hacerlo). Hay toques de queda auto impuestos; a ciertas horas y en ciertos lugares no circulamos, por temor a la violencia y a la delincuencia. Y ¿qué decir de las familias que han abandonado sus viviendas o sus propiedades? U otros que se han visto sometidos a la obligatoriedad de pagar por seguridad privada, alguna de ésta en manos de los propios delincuentes, léase mareros.

Otros costos son mixtos, es decir, directos expresados en dinero e indirectos en tensión, angustia y temor, por ejemplo quienes deben atravesar la angustia del secuestro; el secuestrado (como víctima directa) y la familia o amistades a quienes impacta. Terror que produce la negociación y con ello las exigencias de los secuestradores por el pago de la liberación del plagiado y por su integridad física. También pagan costos las personas sometidas a extorsiones, un ejemplo, los conductores de buses públicos, quienes pagan por circular en la vía pública en ciertas áreas.

Los costos de la inseguridad los estamos pagando todos; desde el campesino quien debe vigilar, como Argus, sus cosechas y animales sin pestañar para no ser víctima de robos, excepto cuando de cansado se duerme; hasta las personas privadas de libertad quienes deben pagar por su seguridad a comités de orden y disciplina u otras expresiones, quienes se la garantizan en los recintos carcelarios, porque las autoridades no tienen esa capacidad. Pero recordemos que muchos reos no cuentan con ingresos, así que la familia debe pagarlo.



El dicho: “la seguridad se paga”, es cierto , pero las y los guatemaltecos la estamos pagando con creces y muy cara. Todo lo que compramos sea un servicio o mercaderías, lleva incluido en el costo el rubro de seguridad, recordemos que en todos los centros comerciales, almacenes, restaurantes, cafeterías, discotecas, centros de recreación, ha sido contratada seguridad privada y los empresarios no van a correr con esos gastos, éste se traslada al consumidor. Por lo tanto disfrutar de un buen café o una velada en un restaurante implica pagar seguridad.

De continuar, la lista podría hacerse interminable. Sólo tenga presente que todo lo que consume lleva incluido el costo por seguridad, algo así como un impuesto, a veces visible, otras invisible, pero que no va al fisco, sino al bolsillo de los privados.

Sirvan estos ejemplos, para reflexionar sobre la urgencia de invertir en seguridad ciudadana, en vez de hacerlo en privada cada vez más. Invertir no quiere decir, no se me malinterprete, incrementar salarios a los policías. Invertir quiere decir, tal como lo expresé líneas arriba: diseñar un sistema integral, coherente y articulador, con recurso humano altamente calificado cuyos perfiles se ajusten a las necesidades institucionales y con tecnología de punta. Hay que invertir también en la implementación de modelos descentralizados de auditoría social, es decir, proveer herramientas metodológicas a las organizaciones de sociedad civil, vía los Consejos de Desarrollo, por ejemplo, para que fiscalicen el funcionamiento de la PNC. Rendición de cuentas no es solo divulgar cuánto presupuesto se tiene y en qué se gastó, fundamentalmente es informar si los objetivos estratégicos se están cumpliendo y si los resultados se corresponden con el principio de calidad del gasto, entre otros.

Ahorrar puede ser tan nefasto como despilfarrar, por ejemplo: si el Sistema Penitenciario ahorra en gasolina a costa de no enviar a los reos a los tribunales (como ha sucedido), cuando son requeridos, el ahorro es perverso porque se produce a costa de incumplimiento. Si se ahorra en la comida para los reos, a cambio de darles basura, esto no es inteligente, porque se tendrá más gente dispuesta a amotinarse o bien a corromper a guardias y directores para que vía pagos, les hagan llegar comida para humanos. Así podría mencionar muchos ejemplos. El otro extremo también puede ser nefasto, es decir incurrir en gastos superfluos asociados a campañas publicitarias que falsean la realidad.

En todo caso, cambiar el sistema y con él el recurso humano, a estas alturas es un imperativo de primer orden. No podemos soslayar que el país ha entrado en una auténtica etapa de grave deterioro y descomposición de la fuerza policial encargada de brindar seguridad a sus habitantes. Es una realidad innegable que afecta a todos, en menor o mayor medida. Los últimos acontecimientos, referidos a la muerte violenta de tres diputados al Parlacen y el conductor de su vehículo, así como la posterior ejecución de los supuestos ejecutores del crimen; tres policías recluidos en la cárcel de máxima seguridad llamada “El Boquerón”, son una muestra fehaciente de la situación. Lo es también, el recuento diario de víctimas asesinadas en circunstancias violentas y en muchos casos con muestras evidentes de tortura, algunos invisibilizados por la prensa, y otros que ni siquiera son reconocidos y se les entierra como “XX”.

Ya no es un secreto, la crisis institucional y la posición vulnerable y de profundo desgaste que abatió al saliente Ministro de Gobernación y al partido GANA, como gobierno, a pesar del cabildeo del sector empresarial en el Congreso de la República, frente a la interpelación de que fuera objeto el Ministro Vielmann. Si se es responsable, el funcionario público debe asumir las consecuencias, no se trata de responsabilizar a los subordinados y en el peor de los casos a anteriores administraciones, mucho menos cuando las voces de alarma, hicieron bulla desde hace mucho tiempo atrás.

En la intención de proponer, reflexivamente, sobre algunas variables que desde la gestión pública (la administración), deben estar presentes en la formulación de las políticas de seguridad, señaló algunas que considero importantes.

La información y los sistemas informáticos, son fundamentales para conocer con exactitud y precisión, datos referidos a: los policías nacionales civiles, los guardias del Sistema Penitenciario y de las personas que guardan prisión, aún en calidad de preventivos, ya no digamos en los casos de cumplimiento de condena. Las bases de datos debieran incluir información sociodemográfica, huellas dactilares y fotografías, las últimas deberán ser actualizadas con periodicidad. Sin embargo, si estos sistemas no están en red, interconectando todas las cárceles del país, la Policía Nacional Civil, el Sistema de Justicia y la Defensa Pública Penal, de muy poco servirán. En esto también el tema de la integración centroamericana tiene mucho qué decir. Se trata de que la información se comparta entre países. De esa cuenta se tendría información precisa, en el momento oportuno.

El modelo de este sistema conocido como SIASEJU, se trató de impulsar desde el gobierno del PAN. Sin embargo, desde entonces hasta hoy, pasaron 3 gobiernos y ninguno hizo lo suyo por fortalecer el sistema. Fue durante la actual gestión, que hubo de enterrarse. De esa cuenta el convenio de préstamo entre el Ministerio de Gobernación y el BID, para ejecutar el sistema informático en el Sistema Penitenciario SIAPEN, se estancó, desestimándose sus alcances y potencialidad, en el aporte al tema de seguridad. ¡¡Ah!! Pero por si usted no lo sabía, como ciudadano está pagando el préstamo, aunque fue pactado con intereses blandos. Esta es una muestra fehaciente de cómo quienes llegan a dirigir no llena perfiles idóneos para los cargos, para éste el de gestor y muestra también lo poco que les importa la Gerencia Pública.

E Sistema Penitenciario es un buen ejemplo de la ausencia del manejo de información en red. Por eso, cuando hay personas muertas dentro de alguna cárcel o se producen fugas o motines, el acceso a información se convierte en un valladar. Vía ese sistema informático también podría compartirse información sobre traslados y órdenes de libertad, entre las cárceles y los juzgados, de manera inmediata a que se produzca lo uno o lo otro. Los digitadores, a quienes se les asigna el ingreso de la información deben ser personas calificadas, con antecedentes de honorabilidad, honradez y valores. También debe monitorearse permanentemente el ingreso de los datos e información.

¿Por qué en vez de la tan cuestionada toma de Pavón, no por desarticular un comité de orden y disciplina extorsionador, sino por abrir la puerta a la rearticulación de otro comité, tan aberrante o peor que el disuelto, no se implementó un censo carcelario para tener toda la información para implementar programas y controles disciplinarios desde la administración? La respuesta es sencilla, a los politiqueros funcionarios públicos de muy poca altura les interesa el circo y la bulla, al precio que sea, y el ciudadano común y corriente, desinformado y harto de la delincuencia, es presa fácil del engaño. Si algo puede expresarse, luego del tiempo transcurrido, respecto de lo acontecido en Pavón, es que se trató de una burla al ciudadano que aún confía, en que algo se está haciendo.

Las cárceles de máxima seguridad, no sólo son con mil candados, cerrojos y balcones. Son las que en su diseño arquitectónico reúnen altos estándares de seguridad, con tecnología, sistemas de vigilancia y control de áreas abiertas a la circulación de las personas privadas de libertad. Cuentan además con recursos humanos altamente calificados, preparado para tratar con personas cuya evaluación psicológica y antecedentes conductuales recomiendan ubicárseles en este tipo de cárceles o bien en situaciones especiales de protección, a quienes guardan prisión por el tipo de caso (tal el acontecido con los policías en el Boquerón). Por lo tanto, en Guatemala no existe este tipo de cárceles, muchísimo menos, personal preparado para atenderlas, entonces que no nos vendan el cuento de alta seguridad. Para llegar a eso habrá que invertir.

El otro tema asociado a la información, es que la máxima autoridad de la institución pública de que se trate debe tener acceso a ésta para la toma de decisiones. Solo pueden tomarse decisiones inteligentes y asertivas, si se tiene información objetiva, confiable y oportuna, es decir, de calidad, de otra manera las posibilidades de error son más la constante que la excepción.

En fin respetables lectores, el espacio es muy breve para continuar discurriendo sobre la gestión pública de la seguridad. En todo caso, insistiría en que ni el modelo más preciosamente diseñado, ni las argumentaciones más claras harán la diferencia, si no se le apuesta a la formación del recurso humano altamente calificado, como gerente público policial y penitenciario (según el caso), para asumir las funciones de dirección y subdirección (desde los niveles más altos), y la incorporación de tecnologías de información y comunicación. Policías y guardias penitenciarios pueden y deben continuar con sus funciones operativas, recibiendo cursos de actualización y perfeccionamiento, pero quienes les dirigen deben tener otra formación, otros principios, otros valores y un sentido perfectamente claro de la visión estratégica de la seguridad. No nos engañemos más, sin inversión continuaremos teniendo más de lo mismo, es decir, inseguridad y entonces que otro Argus venga a hacer lo que quiera.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 1169 y 1172 - 230307 y 280307 respectivamente.


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