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Desalojos de tierras en Guatemala
Por Marcelo Colussi - 10 de junio de 2004

Luego de casi cinco meses de su asunción, el gobierno del presidente Óscar Berger acaba de enfrentar su primera medida de protesta fuerte. Nadie desconocía de dónde procede ideológicamente esta administración, y si bien ganó con una relativa holgura de votos en las elecciones de diciembre pasado, las expectativas de cambio fueron siempre bastante relativas. En realidad, manipulación mediática mediante, el principal punto con el que se mercadeó su imagen y con la que se mantuvo los primeros tiempos posteriores a su toma de posesión fue la lucha contra la corrupción; en especial, con dedicatoria al gobierno saliente, el partido militarista del ex dictador Efraín Ríos Montt.

De todos modos, las estructuras socioeconómicas y políticas básicas que definen la historia del país centroamericano, aquellas que se encuentran a la base de la guerra interna que lo conmocionó por espacio de casi cuatro décadas -enmarcado a su vez en la lógica del enfrentamiento Este/Oeste de la Guerra Fría- no se han tocado desde la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin al conflicto armado en 1996. No las tocaron las dos administraciones que se sucedieron luego de esa histórica firma, y nos la tocará -todo así lo indica- el actual gobierno de Berger. Por el contrario, si bien en términos cosméticos se hizo un "relanzamiento" de esos acuerdos apenas iniciado el actual gobierno y se convocó a algunas figuras de la izquierda para ocupar algunos cargos (por cierto no los vitales) como, por ejemplo, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, la situación real de pobreza y exclusión se mantuvo, e incluso se acrecentó en estos últimos meses.

Para decirlo sin ambages: la presente administración representa los intereses directos de la gran oligarquía vernácula, imbuida ahora del discurso neoliberal imperante y funcional a Washington. En estos cortos meses de gestión, más allá de una cierta "buena letra" con que inició, no se ha visto una sola medida con intención popular. La pobreza crece. Aunque no es, obviamente, producto del gobierno de Berger, el actual elenco gobernante no ha dado ningún paso concreto en dirección a aliviar esa situación; por el contrario, las medidas emprendidas no favorecen a las grandes mayorías: no hay solución al problema agrario, sigue el alza de impuestos impopulares, se firmó el Tratado de Libre Comercio favoreciendo al gran capital tanto nacional como multinacional.

Hoy por hoy en Guatemala la mitad de su población sobrevive con algo más de un dólar diario, y cerca de dos millones de habitantes (de trece que tiene todo el país) recibe menos de un dólar por día. La pobreza y la pobreza extrema se dan fundamentalmente en la población maya (el 60 % del total), en zonas rurales o urbano-marginales. Las zonas más castigadas son los territorios donde más golpeó la pasada guerra interna, por cierto de origen maya. La concentración de la riqueza es realmente notoria; unos pocos grupos económicos detentan la tajada mayor de la renta nacional con contrastes ultrajantes: al lado de los anteriores índices de pobreza (con un 38 % de analfabetismo, con tasas de desnutrición crónicas similares al Africa sub-sahariana, con una falta de agua potable alarmante) Guatemala es el país del mundo con mayor consumo per capita de automóviles Mercedes Benz y de avionetas particulares. Las veinte familias más ricas tienen un promedio de ingreso mensual de 21.000 dólares cada una; y comparativamente son las que pagan menos impuestos.

El problema de la tenencia de la tierra es un cuello de botella histórico. Ello no nació con el gobierno de Berger, sin dudas -lleva cinco siglos-, pero en estos cinco meses transcurridos no se ha hecho nada con miras a buscar soluciones reales, más que encuentros multipartitos que terminan diluyéndose. Los grandes agroexportadores tradicionales -ahora cafetaleros y azucareros, antes productores de añil, todos en la lógica de la gran propiedad y la mano de obra semi esclava- poseen las mejores tierras, y la población indígena se ha visto y se sigue viendo confinada a los terrenos más escarpados, menos productivos, con economías de subsistencia en minúsculas parcelas.

En ese marco la toma de fincas es una respuesta desesperada de la población campesina que no encuentra salida a su situación de miseria histórica ni propuestas viables por parte de un Estado excluyente, históricamente racista y capitalino. En los primeros cinco meses del año las instituciones estatales realizaron 39 desalojos, 23 de ellos en forma especialmente violenta, afectando a alrededor de 1.500 familias y emitiendo decenas de órdenes de captura y multas imposibles de pagar para campesinos pobres. En esos desalojos se usó la fuerza bruta en forma alevosa, habiéndoselos realizado de noche, en algunos casos acompañados de policías privados, con quema de casas, de sembradíos y de animales de crianza de la población expulsada, todo lo cual recuerda las prácticas de tierra arrasada desarrolladas durante la guerra como parte de la estrategia contrainsurgente. Todo ello, lejos de acercar soluciones, ha agudizado la conflictividad agraria.

A lo que se suman, además, los despidos injustificados de trabajadores del Estado, el congelamiento en los montos salariales a partir de resoluciones arbitrarias de la Corte de Constitucionalidad, la tolerancia cómplice ante el alza inmoderada de los precios de consumo básico provocadores de una aceleración del empobrecimiento de la población, así como la imposición por medio de maniobras demagógicas de un paquete tributario que afecta a las grandes mayorías y favorece a las minorías del poder económico (por ejemplo: impuesto al aguinaldo) y la firma a espaldas de la sociedad civil -y contra numerosas denuncias que llamaban a no aceptarlo por la pérdida de soberanía y el empobrecimiento que implica- del Tratado de Libre Comercio con el gobierno de los Estados Unidos.

Para protestar por ese estado de cosas, las organizaciones campesinas y populares llamaron a una medida de hecho para los días 8 y 9 de junio. Pero la protesta duró menos de lo previsto.

Miles de trabajadores, campesinos e indígenas bloquearon desde horas de la mañana del día martes 8 las principales carreteras y los pasos fronterizos con El Salvador, Honduras y México y colocaron tapones en las entradas de algunas cabeceras departamentales y algunos municipios del país. Entre tanto, cientos de trabajadores de los mercados cantonales, vendedores del sector informal y estudiantes de la estatal Universidad de San Carlos, que se unieron a la protesta, iniciaron una masiva marcha en el centro de la ciudad capital, donde provocaron un gran congestionamiento de tránsito.

Los reivindicaciones planteadas concretamente fueron: frenar las alzas a los productos de la canasta básica y a la energía eléctrica, aprobar una ley de catastro sobre tierras ociosas y no ratificar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Ante el grado de paralización del país y de la respuesta popular obtenida con la medida de fuerza, al cabo del primer día de huelga el presidente Berger buscó el diálogo con los huelguistas; producto de ello se comprometió a que su bancada en el Congreso (la Gran Alianza Nacional, GANA) no impulsará "en su versión original" la aprobación del paquete fiscal que desató las protestas, junto al alza de precios, los desalojos campesinos y otras acciones.

Según explicó el vicepresidente, Eduardo Stein, el mandatario accedió a que la iniciativa de ley tributaria no incluya el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento, ni el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para quienes devengan anualmente hasta 36 mil quetzales (cuatro mil 500 dólares), tal como demandaron sectores sociales, ni tampoco avalará que se graven las bonificaciones y prestaciones laborales como aguinaldos.

En el conflictivo tema agrario el gobierno central se comprometió a promover un análisis de los artículos del Código Penal relacionados con los delitos de usurpación y usurpación agravada, ante la presunción de que estén siendo tipificados y aplicados indebidamente. Por ello, en 90 días el ente encargado del conflicto de las tierras, CONTIERRAS, deberá analizar las causas de los conflictos agrarios y para ello se crearán los mecanismos que le permitan presentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas para resolver los pleitos de manera sostenible. Además, en 15 días CONTIERRAS podría entrar a solucionar casos concretos de esos litigios, a partir de las facultades y fondos que tiene del Ministerio de Agricultura.

Por otro lado, el Ejecutivo afirmó que a partir de julio próximo divulgará ampliamente los contenidos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos a toda la población y en todas las lenguas indias, con el fin de que se conozcan los pro y contra de ese pacto, que fue uno de los desencadenantes del paro.

Ante estas ofertas, las organizaciones promotoras de la huelga decidieron levantar la medida de fuerza prevista para el segundo día de protesta, el miércoles 9 de junio, considerando entonces exitosa la iniciativa, y a la espera atenta de ver si el Poder Ejecutivo comienza a dar respuesta a los compromisos asumidos. En otros términos: el beneficio de la duda.

Lo que queda claro es que la población rural de Guatemala lleva siglos oyendo promesas, pero sólo es tenida en cuenta cuando se organiza y alza la voz.

Tomado de www.lainsignia.org


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