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PNUD cuantifica el «costo» de la violencia
Por Matthew Creelman - Guatemala, 18 de enero de 2007
mateocreelman@gmail.com

• Estudio estima que 7.3% del PIB -casi Q18 mil millones al año- se gasta en el tema de la violencia

• Enfoque de trabajo presenta la violencia como obstáculo al desarrollo

• Poco se dice sobre los «beneficios» y los «beneficiarios» de la violencia

Un estudio presentado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en diciembre de 2006 muestra la gran incidencia que tiene la violencia en el desenvolvimiento económico de Guatemala. El estudio toma en cuenta los costos personales, institucionales, empresariales, materiales, y en relación a las oportunidades perdidas en el campo de la inversión. De acuerdo con el autor, cada año la violencia en Guatemala absorbe recursos que duplican el costo de los daños de la tormenta Stan en 2005, y duplican los presupuestos de los ministerios de Salud, Educación y Agricultura en 2006. El enfoque económico del estudio incluye intentos absurdos de cuantificar el costo de «los daños emocionales» a raíz de crímenes como violación y asesinato, y deja por un lado un analisis de los sectores beneficiados por la creciente violencia. En este sentido, falta conocer el papel de la violencia como factor que sostiene prácticas sumamente lucrativas en Guatemala, como es la corrupción estatal, la evasión fiscal, y el pago de salarios de pobreza. A la vez, los altos niveles de violencia sirven para debilitar la democracia y frustrar intentos de transformar el país.

HACIENDO CUENTAS. El estudio*, dirigido por el economista Edgar Balsells, y costeado por el PNUD, se ubica dentro de un creciente campo de investigación al nivel regional, con metodologías diseñadas por las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el BID, la violencia impide el desarrollo económico. En el nivel macroeconómico, la violencia social reduce la inversión extranjera y nacional y disminuye el ahorro interno, obstaculizando así las posibilidades de crecimiento económico.**

Similar enfoque plantea el estudio de Balsells: los gastos incurridos a raíz de la violencia significan menos recursos para impulsar las condiciones que potencien el desarrollo... disminuyendo las capacidades y oportunidades para avanzar en la erradicación de la miseria y la pobreza...

Aunque una estimación de los costos económicos de la violencia puede ser un insumo valioso para desarrollar políticas, el esfuerzo de establecer un valor económico en relación al sufrimiento humano es complicado y no deja de expresar algunas arbitrariedades y juicios subjetivos. El país centroamericano más estudiado en cuanto al costo de la violencia ha sido El Salvador.

Entre 1997 y 2004 se realizaron cuatro estudios, con hallazgos extremadamente variados: la violencia representa un costo desde 4.9% del PIB (Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), en su estudio sobre violencia en Guatemala, 2000); hasta 24.9% del PIB (Violencia en América Latina, Epidemiología y Costos, Juan Luis Londoño, 1998; realizado por la Red de Centros de Investigación del BID). Otros dos estudios estiman el costo de la violencia en 11.5% y 13%.

Esta dificultad en medir económicamente el costo de la violencia también se expresa en cuanto al valor de la vida y el sufrimiento. Por ejemplo, el costo económico de una muerte violenta en los EEUU es más de US$6 millones; mientras la muerte de un guatemalteco resulta en un costo de US$64 mil.

De la misma manera, el daño emocional a raíz de la violencia también tiene una expresión monetaria. Por ejemplo, el daño emocional a raíz de una violación en Guatemala tiene un «costo económico» de Q37,500. El estudio no revela si este sufrimiento resulta en un costo mayor en los Estados Unidos.

En el estudio, los investigadores calcularon cinco tipos de costos. Pérdidas en el campo de salud, que incluyen atención médica, pérdida de producción, y «daños emocionales» representan los costos más altos de la violencia; seguido por costos de seguridad, pérdida de inversión, costos institucionales y pérdidas materiales (ver cuadro).

De manera transversal, los costos para el sector privado representan más de la mitad del total, con pérdidas en producción, seguridad para empresas, impacto sobre el clima de inversión y pérdidas materiales ocupando la mayoría de la factura.

ANTECEDENTES. De acuerdo con el estudio, la violencia tiene sus raíces en las desigualdades, que llevan a expresiones de inequidad, exclusión y opresión. De esta cuenta, la violencia política exacerbada por el autoritarismo, la militarización y el uso de la represión, como respuesta a los conflictos por demandas de justicia y acceso a las oportunidades de desarrollo, ha sido la característica ante un débil tejido social.

Aunque el estudio no analiza la función de la violencia como medio para debilitar los esfuerzos de transformar la sociedad y la economía, así contribuyendo a mantener el sistema económico vigente, sí menciona que hay un impacto en la capacidad redistributiva: la violencia tiene costos indirectos sobre la inversión, la productividad, el consumo y el trabajo, los cuales son incluso, superiores a los costos directos sobre la destrucción de la vida y los bienes. Y tiene costos distributivos casi tan altos como los de toda la intervención del Estado en el continente, concluye un estudio que cita el informe.

El estudio de PNUD parte de la idea que Guatemala está transitando de una situación de conflicto armado hacia un proceso de transición y consolidación hacia la democracia y el desarrollo. Esta perspectiva puede explicar la ausencia de un tratamiento serio sobre los «beneficios y beneficiarios» de la violencia.

Esta posibilidad va desde un enfoque keynesiano en que los gastos contribuyen al empleo e inversión en el país (trabajadores de seguridad privada y pública, construcción de muros y sistemas de seguridad, etcétera); hasta un enfoque que plantea la violencia como un mecanismo para reducir la capacidad de incidencia de sectores excluidos.

En un informe reciente de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, los analistas muestran que la cantidad de ataques contra actores sociales se ha duplicado durante los últimos dos años en relación al promedio de 2000-2004. Esta violencia, que incluye asesinatos, persecución, intimidaciones, amenazas, secuestros, y vigilancia, coincide con importantes esfuerzos que buscan democratizar al país y establecer control de los recursos naturales por parte de las comunidades. De los 226 casos investigados, 195 involucraron activistas de derechos económicos, sociales o culturales (107) y derechos civiles y políticos (88 casos).

LOS BENEFICIARIOS. Aunque ciertos tipos de inversión son sensibles a los altos niveles de violencia, como por ejemplo, el turismo, otros tipos de inversión requieren de la violencia para asegurar su protección y trato favorable frente a la oposición comunitaria (por ejemplo, la minería).

Varios de los casos reportados por la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de los DDHH incluyen activistas comunitarias quienes han sido atacados por cuestionar la corrupción estatal. Al mismo tiempo, la violencia históricamente ha servido para desarticular organizaciones sindicales, que trae un «beneficio» para los empresarios.

La percepción que Guatemala está en un proceso de transición, puede contribuir a estas cegueras. El proyecto histórico de los Estados occidentales implicaba un Estado capaz de generar confianza, fortalecer su hegemonía y contribuir a la acumulación. Este proyecto se derrumbó en el último cuarto de siglo, con la función estatal reducida a su papel como facilitador de la acumulación, perdiendo hegemonía y confianza.

Bajo este nuevo esquema, la violencia sigue teniendo una función importante en el control social, pero el Estado deja de jugar su papel central en organizarla.

Según el estudio de PNUD: tiende a denominarse como «privatización de la seguridad» a la contratación de servicios privados de seguridad para obtener una seguridad individual, familiar o de la empresa. Ésta es una reacción lógica, individual e inmediata ante la pérdida de confianza en las instituciones y la impotencia del individuo para solucionar los males en su conjunto.

Lo que falta en el análisis de PNUD es un apartado sobre el traslado de los costos del Estado al ciudadano. Con un Estado débil y corrupto, el grado de seguridad depende de la capacidad económica del ciudadano. Lo que una vez fue un problema para el Estado ahora se convierte en negocio. Los que tiene dinero pueden comprar su seguridad, mientras los que no lo tienen son obligados a buscar otras alternativas.

Irónicamente, un sector acusado de ser entre los principales causantes de la violencia, está creciendo en medio de este vacío social y estatal de los últimos años. Las llamadas maras están posicionándose como grupos capaces de proveer seguridad, identidad, bienestar (poder económico) y un sistema de gobierno a muchos jóvenes. Históricamente, esa tarea era del Estado.

Boaventura de Sousa Santos, en su ensayo Reinventar la Democracia, sugiere que estamos viviendo una importante transición hacia la emergencia del fascismo societal. No se trata de un régimen político sino de un régimen social y de civilización. El fascismo societal no sacrifica la democracia ante las exigencias del capitalismo sino que la fomenta (de tal manera) que ya no resulta necesario sacrificarla para promover el capitalismo.

Una característica importante de este cambio es el fascismo del apartheid social. Es la segregación social de los excluidos dentro de una cartografía urbana dividida en zonas salvajes y zonas civilizadas. Estas últimas viven bajo la amenaza constante de las zonas salvajes y para defenderse se transforman en... enclaves fortificados que definen las nuevas formas de segregación urbana: urbanizaciones privadas, condominios cerrados, «gated communities»... se está convirtiendo en un criterio general de sociabilidad... que cruza todas las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales y que se reproduce en las acciones tanto estatales, como no estatales.


Guatemala: Costo de la violencia, 2005
(en millones de quetzales y millones de US dólares)

Quetzales US$ % PIB
Producto Interno Bruto 44,426.8 32,590.2
Pérdidas en salud 6,740.0 898.7 2.8
-atención médica 701.8 93.6 0.3
-producción perdida 3,626.4 483.5 1.5
-daño emocional 2,411.9 321.6 1.0
Costos institucionales 1,884.0 251.2 0.8
-seguridad pública 1,563.8 208.5 0.6
-sector justicia 262.3 35.0 0.1
-otros 57.9 7.7 0.0
Gastos en seguridad 4,307.4 574.3 1.8
-hogares 1,267.6 169.0 0.5
-empresas 3,039.8 405.3 1.2
Clima de inversión 3,026.6 403.5 1.2
Pérdidas materiales
(transferencias)
1,942.4 259.0 0.8
Total 17,900.4 2,386.7 7.3
Fuente: Costo de la Violencia, PNUD 2006

 

*www.pnudguatemala.org/documentos/EstudioCostodeViolencia.pdf
** BID , Nota Técnica No. 4 La violencia como obstáculo al desarrollo , preparada por Mayra Buvinic y Andrew Morrison, de la División de Desarrollo Social (citado en Estudio de E. Balsells, PNUD)

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