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Comentarios sobre la minería en British Columbia, Canadá: Un ejemplo para Guatemala
Por Marco Fonseca/ - Guatemala, Chiapas, Mexico, 4 de marzo de 2005

Es interesante leer la pieza recientemente escrita por Carlos Rigalt C., en la sección de temas de elPeriódico[1], sobre "La minería global y los pueblos indígenas en Canadá". El evento que él atendió en Vancouver, Conferencia sobre Inversiones en Recursos en Vancouver, Canadá, está precedido por cambios sustanciales en las leyes ambientales de la provincia canadiense que es importante señalar.

Es interesante leer la pieza recientemente escrita por Carlos Rigalt C., en la sección de temas de elPeriódico, sobre "La minería global y los pueblos indígenas en Canadá". El evento que él atendió en Vancouver, Conferencia sobre Inversiones en Recursos en Vancouver, Canadá, está precedido por cambios sustanciales en las leyes ambientales de la provincia canadiense que es importante señalar.

De igual modo, incluso más numerosas que las reservas de las "primeras naciones" (comunidades indígenas oficialmente reconocidas como reservas por el gobierno federal canadiense), son las muchísimas minas abandonadas por todo el territorio canadiense. Abajo ofrezco, por mi propia traducción, dos pequeñas contribuciones al debate sobre la minería en Canadá que, obviamente, no se encuentran en la literatura sobre Canadá que ofrece la Embajada de Canadá en Guatemala o los documentos de la industria minera en la conferencia atendida por Carlos Rigalt C.

En el año 2002 Karen Campbell, abogada con la West Coast Environmental Law, escribió: "Año y medio dentro de la Nueva Era de British Columbia se empieza a sentir en comunidades por toda la provincia el impacto de la agenda legislativa del gobierno. Retrocesos en las leyes que gobiernan la industria forestal, la minería y el petróleo y gas significan que nuestros recursos van a ser explotados cada vez con menos consideración en cuanto a calidad ambiental. Menos discutidos, pero igualmente importantes, son los cambios a estas leyes que tienen otro impacto duradero y decisivo: reducen la oportunidad para que los residentes y las comunidades participen en las decidiones que habrán de afectarles a ellos/as, a su salud y la calidad de su medio ambiente."

"Como un ejemplo, la evaluación ambiental. Decreto 38, la nueva Acta de Evaluación Ambiental de BC que entrará en vigencia antes del fin de este año. La nueva ley sustancialmente disminuye las oportunidades del público para participar en evaluaciones ambientales en BC. La participacion del público es un componente esencial de la evaluación ambiental por medio de la cual residentes locales y las comunidades afectadas pueden decir algo en cuanto a cómo serán afectados/as por plantas generadoras de poder, oleoductos, minas o centros de esquiaje."

"Una consulta significativa hace que los/as residentes de una comunidad adquieran conciencia de los proyectos propuestos y los/as incluye en el proceso de definir cómo y si un proyecto se construye de tal manera que sea consistente con los valores de la comunidad. No hay que olvidar que es la comunidad la que va a tener que vivir al lado del proyecto una vez que el mismo empiece a funcionar. Pero también ofrece un foro para la discusión de cómo un proyecto puede ser construido y operado de tal manera que no tenga un impacto adverso para los/as residentes locales y su medio ambiente. De hecho, mucha de la gente que propone proyectos está de acuerdo en que las consultas públicas resultan en mejores propuestas de proyecto y, realmente, pueden mejorar el diseño final del proyecto porque todo estará de acuerdo a los deseos de la comunidad."

"La vieja Acta de Evaluación Ambiental le garantizaba a las autoridades locales un papel significativo por medio de una Comité de Proyecto el cual estaba a cargo de revisar la evaluación ambiental. Claramente indicaba las oportunidades para el comentario público y provevía niveles claros para la consulta al público. La nueva Acta elimina estos niveles y deja prácticamente todas las decisiones en cuanto a covertura y extensión de las consultas públicas en manos del Director Ejecutivo de la Oficina de Evaluación Ambiental. La certeza que provevía la vieja ley ha sido reemplazada por la discresión ejercida por burócratas del gobierno. Y aunque nos aseguran que la consulta estará garantizada por medio de una regulación todavía a definirse, el hecho es que este nuevo método es un retroceso dramático comparado con lo abierto del proceso que provevía la vieja Acta." Canadian Centre for Policy Alternatives, Cutting community out of environmental decision-making, Dec.1,2002, disponible en http://www.policyalternatives.ca/index.cfm?
act=news&do=Article&call=645&pA=BB736455

Mas recientemente, David R. Boyd (abogado ambiental, profesor y autor del libro "Ley Innatural: Repensando la Ley y Política Ambiental Canadiense", Editorial de la Universidad de British Columbia, 2003) escribió:

"miles de minas abandonadas cicatrizan el panorama canadiense, muchas de ellas causando problemas serios de contaminación ambiental. Las compañías mineras proveen bonos de reclamación [para limpiar las tierras contaminadas] que cubren solamente una fracción pequeña de los costos para limpiar estos sitios contaminados. Por ejemplo, cuatro minas estudiadas por el Comisionado del Medioambiente de Canada en 2002 tenían bonos por un total de $23 millones, pero el gobierno federal estima que limpiar estos sitios puede costar hasta $680 millones. ¿Van a pagar los contaminadores? No, son los paga-impuestos canadienses los que van a quedar atascados con la factura." Canadian Centre for Policy Alternatives, Poisoning the Environment -- Free, Feb. 2004, disponible en http://www.policyalternatives.ca/index.cfm?
act=news&do=Article&call=844&pA=BB736455


[1]elPeriódico.com

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Hábitat
La minería global y los pueblos indígenas en Canadá

Carlos Rigalt C.

Al entrar al salón donde se realizaba la Conferencia sobre Inversiones en Recursos en Vancouver, Canadá, y luego de observar varios cientos de stands de compañías mineras, Jorge García, viceministro de Energía y Minas de Guatemala, exclamó: “¡Pensar que aquí tan normal y en Guatemala tanto problema!”.

Aunque la actividad que aglutinaba a 320 empresas de minería con proyectos en todo el mundo, realmente parecía tan normal como cualquier otra “feria”, en enero pasado, lo cierto es que la situación de Canadá en este campo dista mucho de serlo.

Un país minero

Canadá es el país más extenso de América, con 9 millones 979, mil 610 kilómetros cuadrados, es 92 veces más grande que Guatemala. Aún mayor que Estados Unidos, tiene 10 veces menos población y se encuentra dividido en 10 provincias y 3 territorios. En el año 2000, mientras Guatemala albergaba 104 habitantes por kilómetro cuadrado, Canadá tenía sólo 3.

Contar con un territorio extensísimo, gran cantidad de recursos naturales, población relativamente pequeña y una historia social y política estable, lo han convertido en una de las potencias económicas y políticas mundiales.

Los minerales y productos derivados constituyeron la décima parte de sus exportaciones totales en 2001. Es el primer productor mundial de uranio y el tercero de aluminio; el valor de sus exportaciones de minerales para el año 2003 fue de US$46.6 millardos. (www.miningstats.nrcan.gc.ca)

Gracias al desarrollo en este campo, los salarios semanales en la minería sobrepasan los US$1,000, uno de los más altos en comparación a cualquier otra industria en la economía canadiense. (Minerals and Mining, Statistics on Line.)

En 2003, la industria minera y de procesamiento de estos materiales empleó a 389 mil canadienses. Para poner las cosas en perspectiva: Proyecto Marlin, la mayor operación minera en Guatemala, genera 1,000 empleos durante los 20 meses de construcción de la mina, y 300 en los 10 años que durará su operación en San Marcos.

Minería global

Durante la Feria sobre Inversiones de Vancouver, compañías de exploración y explotación de recursos mineros con nombres como “Avino Silver and Gold Mines Ltd”, “Minera Andes” o “Metallica”, ofrecían al público inversionista sus proyectos situados alrededor del planeta.

“Minera Andes”, por ejemplo, cuenta con 10 proyectos de exploración de oro en 489 mil acres de Argentina, desde 1990. “Metallica” es la propietaria del proyecto de oro y plata “Cerro San Pedro” en México, y de oro y cobre “El Morro”, en Chile.

Realidades distintas

Mientras los proyectos mineros canadienses se expanden a través del planeta, sólo una pequeña parte de su territorio ha sido explotada para este fin. “De una extensión territorial de 1 millardo de hectáreas, menos de 0.40 millones han sido utilizadas para la minería en Canadá”, dice el sitio oficial Minerals and Mining Statistics on Line. Menos del 0.03 por ciento de su territorio.

Cecil Gregg labora como Manager de Proyectos para Fluor Corporation –la compañía que empleó 52 ingenieros para diseñar los planos del Proyecto Marlin en San Marcos–. En su oficina de Vancouver, comenta sobre los proyectos que Fluor desarrolla en medio centenar de países: “En 1979 la mitad de nuestro trabajo era en Canadá. Hoy el país ya ha sido minado”. Como ejemplo no sólo de la expansión de la empresa sino de la magnitud de sus proyectos cita el proyecto Cerro Verde, en Arequipa, Perú, “que es 25 veces más grande que Marlin”. Mientras que en Canadá esta actividad es responsable del 4 por ciento del PIB, su producción se cuenta en millardos y se lleva a cabo en menos del 1 por ciento de su territorio; en Guatemala aportó el 0.5 al total de la producción de bienes y servicios en 2004 y los proyectos se localizan muchos de ellos dentro de áreas con poblaciones indígenas.

Con alta densidad de población, situadas algunas en el altiplano y en parte debido a lo que el viceministro Jorge García cataloga como la “poca cultura minera” que tiene Guatemala, los indígenas temen por el futuro del recurso al que han estado atados durante cientos de años, la tierra.

Son pocos y pobres

Al fijar la vista más allá de los edificios de vidrios cóncavos –dorados, azules– construidos en fila frente a la Bahía Inglesa, en Vancouver, se observan los picos nevados de las Montañas Rocosas y se presiente otra realidad más allá de las montañas.

Las 614 comunidades de la Primera Nación, o aborígenes como se les llama en Canadá, se encuentran dispersas en regiones rurales, remotas o del Norte. Incluyen 52 naciones o grupos culturales, y más de 2,270 reservas. Algunas viven rodeadas de montañas, bosques, lagos y ríos en vastos territorios de clima extremo, que colindan con Alaska o incluso el Océano Ártico. Son 1.3 millones y se espera que para el año 2016 aumenten un 23 por ciento, más del doble de lo que la población total del país hará.

Según el Reporte de las Naciones Unidas en el tema indígena de Canadá de 2004, sus condiciones económicas, sociales y de desarrollo humano, son “consistentemente más bajos” que los del resto del país. (www.ohchr.org).

Cuando llegó el oro

Arthur Manuel fue jefe del pueblo de los Neskonliths durante ocho años, actualmente dirige el Indigenous Network on Economies and Trade. Sobre las actividades extractivas en su país y sus consecuencias para las Primeras Naciones dice: “Es irónico. Estamos sentados sobre el símbolo de las riquezas que le han sido ‘tomadas’ a nuestros pueblos”, al referirse al lujoso sector hotelero y bancario de Vancouver.

Un día antes, Jerry Asp, jefe de la Tahltan First Nation, comentó sobre la historia de reivindicaciones de los aborígenes canadienses. “Fue en los 70 que comenzó la lucha por los derechos de los pueblos aborígenes en Canadá. Antes ellos –el gobierno, las empresas– hacían lo que querían”.

El pueblo Tahltan ocupa una región vasta y remota de la provincia de Columbia Británica, casi del tamaño de Guatemala (93,500 kilómetros cuadrados) a la que se accede sólo por helicóptero, hidroavión, lancha, a caballo o a pie. Sus primeros exploradores modernos –entre 1740 y 1 7 7 0 – fueron rusos, españoles e ingleses, y su vida permaneció intocable hasta 1861, año en que se descubrió oro en uno de sus ríos. “El cambio que siguió fue dramático”, dice un documento entregado por Asp titulado Out of Respect. Este informe de 2003 busca hacer compatible las actividades extractivas con el medio ambiente, a través de actividades como fortalecer la capacidad de las Primeras Naciones para realizar los monitoreos a las mineras.

Del período transcurrido entre 1861 hasta 1970, Asp dice: “Nunca consultaban cuando construían una hidroeléctrica o mina”. ¿Las consecuencias? “Era común encontrar minas huérfanas, abandonadas por las compañías, cuya contaminación debían reparar los pueblos indígenas”.

Los tratados

En 1763, el rey Jorge III de Inglaterra proclamó que los pueblos aborígenes de Norteamérica tenían derechos sobre la tierra y estableció un sistema para que los indígenas pudieran renunciar a estos derechos a través de tratados. Sólo entre 1850 y 1854 Sir James Douglas, gobernador de Vancouver, completó 14 tratados, menciona Out of Respect. La relaciones históricas entre los Tahltanes y las compañías mineras han sido tanto de cooperación como de conflicto, indica el informe.

Sin embargo, renunciar a sus tierras les ha traído ventajas al 70 por ciento de los pueblos indígenas que aceptaron los tratados. Entre 2003-2004, el gobierno les otorgó ayuda especial por US$47 millones, “y fue uno de los años de menos ayuda” dice Manuel. Jerry Asp comenta cómo a través de estos aportes muchos han construido sus propias empresas para dar servicio a las mineras.

Pero para Manuel el sacrificio no ha valido la pena. Es “mendigar” beneficios en salud, educación, trabajo, a cambio de “perder nuestra tierra”. De acuerdo a la legislación moderna de Canadá, agre- ga, los pueblos indígenas son sus auténticos propietarios.

Eterno debate

Gene Lang parece un ejecutivo más en la Feria de Inversiones de Vancouver, pero ha trabajado en las minas –en Nevada, Chile y Perú– toda su vida. Niega las acusaciones que se le hacen a la minería: “Las minas son los lugares más seguros en el mundo para trabajar”. Sobre el tema del cianuro, dice que “durante 100 años de operar con la sustancia en los molinos de oro de Estados Unidos, no ha habido una sola muerte por envenenamiento”.

Jerry Asp pertenece al 70 por ciento de las naciones indígenas canadienses que decidieron negociar con el gobierno, a través de diversos tratados, los derechos sobre sus tierras. Pero su gestión no está libre de problemas. En los primeros días de enero el consejo de ancianos de los tahltanes le había pedido la renuncia, por considerar que sus acciones a favor de la minería ponían en riesgo áreas sagradas y el medio ambiente de su pueblo.

Aun con su gran potencial y tradición en esta rama de la industria, Canadá no está exento de las discusiones en torno a la minería. ¿Qué sucederá de ahora en adelante en Guatemala, cuando el tema se encuentra en el centro de la polémica nacional? Las respuestas parecen ir de la mano con nuevas preguntas, por ejemplo: ¿cómo se va a fortalecer la sociedad civil y las poblaciones alrededor de los proyectos para monitorearlos efectivamente si éstos se realizan? o ¿qué cambios en las leyes ambientales o respecto a regalías y beneficios económicos deben surgir de ahora en adelante? La historia de la minería en Guatemala apenas comienza.

Fuente: www.chiapas.mediosindependientes.org


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