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Entre el comercio libre y el comercio justo en Guatemala (1): Hacia un debate
Por Marco Fonseca - Guatemala, Chiapas, Mexico,16 de marzo de 2005

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (RD-CAFTA) ha sido ya ratificado por el Congreso de Guatemala y por el Presidente Óscar Berger.

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (RD-CAFTA) ha sido ya ratificado por el Congreso de Guatemala y por el Presidente Óscar Berger. Por un lado, sin embargo, la sociedad guatemalteca continua al margen de este proceso y la ciudadanía no ha podido movilizarse – como sociedad civil – de manera efectiva, civil y razonable. Los movimientos populares se han autonombrado representates del “pueblo” y han desplegado estrategias de resistencia que mas parecen una expresión del pasado violento que una manifestación de madurez política y organizacional. Los partidos políticos continúan adoptando posiciones tribales y, como no es tiempo de elección, pragmático-estratégicas y hasta se llegó a rumorar, en la prensa local, de fondos especiales disponibles para aquellos/as miembros/as del Congreso que estuvieran dispuestos/as a votar a favor de un paquete de 18 leyes complementarias al tratado de libre comercio.(2) También se rumoró que las dirigencias políticas del FRG y de la UNE votaron al final en apoyo al RD-CAFTA a cambio del “cese de hostilidades” judiciales contra sus dirigentes.

En general, el sector privado y sus representantes tanto en la administración civil del Presidente Berger como en los medios académicos y periodísticos de la república, han mantenido virtual hegemonía y acceso privilegiado tanto en las negociaciones oficiales que se dieron en 2003 y 2004 así como en lo poquísimo que se ha debatido este tema en Guatemala. De hecho, no pasa un solo día en la prensa local sin que los librecambistas neoconservadores y libertarios de Guatemala no tengan espacio para exaltar el potencial milagroso del comercio libre. Este sector hegemónico ha también extendido su discurso sobre el libre comercio al ámbito de la Internet. Con el lanzamiento del sitio TLC con EE.UU. en la red, administrado por ASIES, think tank prestigioso del sector privado guatemalteco, el Congreso de la República le delegó a la empresa privada guatemalteca la tarea de “informar” a la ciudadanía sobre el contenido y progreso de la negociaciones comerciales y las consecuencias del libre comercio para la república y la economía.(3)

Es una verdadera pena, sin embargo, que la administración civil del Presidente Berger en Guatemala no le haya dando al debate sobre el RD-CAFTA la dimensión general, abierta y participativa que dicho proceso en verdad requería si es que el mismo habría de aspirar a gozar de alguna legitimidad entre la ciudadanía. Se trata en concreto de la renuncia casi total de esta administración a impulsar la agenda de la paz, la democratización y un comercio justo de tipo multilateral y de estándares ambientales y laborales realistas pero altos. Al parecer las políticas públicas de la administración de la GANA parecen estar, en última instancia, bajo el arbitraje de la Embajada de los Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto se ha visto de manera muy transparente en el caso de la legislación sobre la producción y comercialización de productos farmacéuticos genéricos en Guatemala. Bajo la amenaza de dejar a Guatemala fuera del tratado de libre comercio, por ejemplo, el gobierno del Presidente Berger decidó modificar el artículo 177 de la Ley de Propiedad Industrial que fue a su vez modificado por el Decreto 34-2004 a efecto de permitir la comercialización de productos genéricos y mas accesibles en Guatemala. Para ello han decidido implementar un “reglamento” especial que efectivamente revierte los cambios al artículo 177 a efecto de darle protección de nuevo a las patentes internacionales. La prioridad de esta administración no es pues lo moralmente correcto, ni siquiera lo justo desde el punto de vista de las mayorías pobres de la república, sino lo que es pragmático y estratégicamente viable para el sector privado Guatemalteco.(4)

En mi opinión, sin embargo, el RD-CAFTA, tal y como el mismo se vislumbra en los pocos documentos a nuestro alcance (ver http://www.ustr.gov/new/fta/cafta.htm), representa una opción equivocada para Guatemala sobre todo para lograr los objetivos que el PNUD define como “desarrollo humano” o los objetivos que las Naciones Unidas han llamado “las metas del milenio.”

Si la experiencia de Canadá, Estados Unidos y México nos muestra algo, ello es precisamente que son las mayorías pobres o de ingresos bajos las que van a sufrir desproporcionadamente bajo un régimen de comercio libre guiado y controlado por compañías transnacionales y gobiernos domesticados. De acuerdo al Centro Canadiense para las Políticas Alternativas (CCPA) “los efectos de NAFTA sobre las mayorías de los tres países han sido devastadores.” (5)

Para sentar las bases de un consenso distinto y original sobre desarrollo y economía, para un proyecto de comercio justo, la administración del Presidente Berger tendría que haber asumido ya la agenda de la paz como piedra angular de sus políticas públicas. Sin embargo, la nueva administración civil ha demostrado no solamente estar estancada en su agenda ejecutiva sino también legislativa. Mas preocupante es el hecho de que, después de un año de gobierno, los supuestos líderes políticos de la república han demostrado no estar personalmente comprometidos con la agenda de la paz a no ser que sea de una manera cosmética o retórica. De lo contrario ya le hubieran empezado a dar solución a desafíos centrales no solo de la transición democrática sino también de la agenda económica hoy dominada por el proyecto librecambista del RD-CAFTA. (6)

Una ruta mas apropiada, aunque por supuesto mas incierta y complicada, para empezar a lograr los objetivos del desarrollo humano y las metas del milenio consiste en debatir dentro de un marco temporal claro y con procedimientos consensuados los contenidos y las propuestas de la Agenda Nacional Compartida (ANC) dada a luz por actores guatemaltecos en octubre de 2003.

La ANC representó efectivamente una sistematización de otras iniciativas y procesos ya concluidos o en progreso pero al mismo tiempo representa todavía hoy una visión más o menos coherente para un futuro sostenible y democrático. Así, la misma recogió el contenido “sustancial” de los Acuerdos de Paz, el todavía incumplido y no implementado Pacto Fiscal, acuerdos y metas adquiridas con el Grupo Consultivo en los años 2002 y 2003, elementos de la Plataforma Agraria presentada al gobierno del FRG en junio de 2002 pero nunca implementada por la administración hiper-corrupta de Alfonso Portillo. La ANC incluso recogió elementos de la propuesta de “visión profunda” – Kab’awil- dada a conocer por el sector privado guatemalteco agrupado en el CACIF el 7 de octubre de 2003 así como los contenidos del muy problemático “Pacto de Gobernabilidad” firmado por 10 candidatos presidenciales el 10 de octubre de 2003. En fin, se trató de una agenda que buscaba darle cabida a las preocupaciones de varios sectores económicos nacionales ante las entonces ya encaminadas negociaciones de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, las preocupaciones tanto sociales como ambientales de varios sectores nacionales alrededor del Plan Puebla Panamá (PPP) y varias metas en torno al desarrollo humano delineadas por los informes nacionales de desarrollo humano de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala (PNUD). De particular importancia, también, fue el hecho de que la ANC recogió puntos importantes del sexto informe del PNUD, correspondiente al año 2003, titulado Guatemala: Una agenda para el desarrollo humano. Este último informe fue dado a conocer el 3 de septiembre de 2003 en plena campaña electoral y con el objetivo claro de influir la misma. En suma, se trata de una agenda de paz, desarrollo humano y comercio justo complicadísima pero muy prometedora y con un potencial moralmente vinculante.

Ya desde el contexto electoral del año 2003, sin embargo, el entonces candidato presidencial Berger ya se había mostrado ambivalente ante estas propuestas. Hoy, después de un año de gobierno, el Presidente Berger no solo ha confirmado su ambivalencia sino que también, dada su preferencia por el RD-CAFTA como solución a problemas económicos centrales de la república, ha puesto a la misma en la ruta equivocada.

De igual modo, sin embargo, los movimientos populares que se han posicionado como los sectores mas directamente afectados de modo negativo por el RD-CAFTA, no han sido capaces de avanzar una agenda de negociación tolerante, viable y encaminada hacia el alcance de compromisos. Por el contrario, el lenguaje que hablan los sectores populares parece ininteligible no solo para el Gobierno del Presidente Berger sino también para el sector privado guatemalteco. Y esto por lo menos por dos razones.

Una, se trata del viejo lenguaje popular con su tradicional rechazo totalizante y dogmático (por buenas y malas razones) a modelos alternativos de organización económica y producción de riqueza que no identifiquen al Estado como actor central y como mecanismo principal para la distribución de bienes, servicios y riqueza. Este lenguaje está fincada, como lo sugerí mas arriba, en la herencia del Estado benefactor de la Revolución de Octubre independientemente de lo problemático de ese Estado y de lo poco democrático que realmente hayan sido los procedimientos empleados para ratificar e implementar políticas públicas populares. Es precisamente en nombre de lo “justo” entendido en términos colectivistas y populares, en términos de justicia redistributiva y centralizada, que estos movimientos no parecen tener capacidad auto-crítica y auto-limitante.

Otra, y esta es muy triste, se trata de un leguaje popular y una estrategia de resistencia que parece no haber aprendido mucho sobre "lo civil" desde que se inició el proceso de transición democrática en Guatemala. Todo lo que tiene que ver con civilidad (incluyendo la noción de que los derechos no tienen sentido sin obligaciones, la resistencia pacífica y auto-limitada, la argumentación abierta y bien informada, estrategias de entendimiento mutuo, la tolerancia por la diversidad de ideas y posiciones políticas, etc.) ha salido por la borda.

A la hora de la emergencia nacional y la crisis económica que se anuncia desesperadamente ¿a quién le importan los derechos humanos entendidos no solo como “derechos” sino también como “obligaciones”? Los hecho violentos que se han dado en la república después de la ratificación del RD-CAFTA por parte del Congreso de la República demuestran no solo la falta de unidad dentro del movimiento popular, las inclinaciones violentas de algunas de sus facciones, sino también la crisis de liderazgo del mismo y la falta de honestidad por parte de la dirigencia en reconocer que cuando se trata de protesta social en el contexto de la transición democrática, hay que demandar derechos pero al mismo tiempo observar obligaciones.

No hay que olvidar que una ciudadanía asumida personalmente y de modo responsable (ya que no hay ni puede haber ciudadanía colectiva), se basa un proceso de aprendizaje por medio del cual los/as individuos/as aprenden lo que es tener el derecho a ser tratados por otros/as individuos/as como iguales en los procesos discursivos (en la calle o en el
Congreso) de generación de opinión, voluntad, y principios de derecho. Al mismo tiempo, la ciudadanía también debe estar basada en aprender que, una vez se han tomado las decisiones, la gente sujeta a la ley (o que vive bajo la majestad de la ley) tiene sus obligaciones. Principalmente, la gente tiene la obligación de respetar la legitimidad de los procesos deliberativos legítimos y sus resultados. Y si no hubo un proceso deliberativo legítimo, como fue el caso de la ratificación del TLC por el Congreso, la alternativa no es la suspensión de la ciudadanía o de los procedimientos democráticos sino la búsqueda, aun más comprometida, por su realización. Quizás el llamado a una consulta popular que han hecho los sectores populares sea una forma de buscar la realización del principio democrático legitimador, pero ciertamente no es la única y, muchos menos, una razón para escamotear las frágiles instituciones de la transición democrática. No es razonable ni deseable escamotear lo democrático en nombre lo democrático y, mucho menos, en nombre de “lo justo.”

Los resultados dejados por las protestas violentas y la reacción desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad del Estado dejan poco a la conjetura. Las luchas callejeras que se dieron en Guatemala en los últimos días no solo representaron un retroceso político enorme hacia el viejo estilo de “resistencia popular” y “acciones directas” que se dieron en Guatemala desde 1954 hasta mediados de los 1980s, sino que realmente representaron patadas de ahogado. También representaron, como dije mas arriba, un llamado inconsistente a respetar el derecho constitucional a la libre locomoción al mismo tiempo que se violaban otros principios constitucionales que tiene que ver con obligaciones ciudadanas. Dado el hecho de que sabía sin ninguna dada que el Presidente Berger iba a sancionar el DR-CAFTA a pesar de las protestas o promesas de “diálogo” dadas por el Vice-Presidente al calor de las protestas, pero sobre todo dado el saldo de muertes, destrucción, violencia y contaminación que han dejado las protesta, yo creo que es deshonesto por parte de la dirigencia popular de calificar los resultados de la misma de “un éxito.”

Al mismo tiempo, la reacción desproporcionada de las fuerzas de seguridad bajo el mando del Ministro de Gobernación Carlos Vielman, demuestra que años de supuesto entrenamiento “civil” no han servido para que puedan distinguir entre elementos violentos y fuera de control y elementos pacíficos y legítimos en contextos de protesta social. Esto no es solo cuestión de inteligencia policial sino también y mas profundamente de cultura. La Policía Nacional Civil continúa siendo una fuerza represora y no una fuerza de seguridad. Aún bajo condiciones de provocación (como fue el caso de las facciones radicales del movimiento popular fuera del control de la dirigencia) la reacción de las fuerzas de seguridad tendría que haberse dado dentro del marco constitucional y civil de la transición democrática. Definitivamente perdieron la prueba.

Pero el movimiento popular, a pesar de que comentaristas guatemaltecos y agencias de noticias como Cerigua lo confundan constantemente, no es ni pueden entenderse automáticamente como una sociedad civil. A la luz de lo que ha ocurrido desde el inicio de las negociaciones del RD-CAFTA en 2003 hasta el presente la sociedad civil emergente no supo cómo o simplemente fue incapaz de abrir un debate amplio, bien informado, respetuoso y razonable en torno al libre comercio con autonomía del sector privado y de la administración pública pero también con autonomía del movimentismo popular ilimitado que a veces se comporta como un maremoto político. Lejos de iniciar un debate de este tipo, la sociedad civil se replegó de la esfera pública y le dejó la tarima a los viejos movimientos populares y a sus líderes políticos y orgánicos no renovados que crecientemente se autonombraron los "representantes" reales del pueblo en las calles. Fue sin embargo esta gente la que no logró colocar un número significativo de diputados/as al Congreso que pudiera enarbolar las banderas del movimentismo popular de manera representativa. En el contexto de la transición democrática no es solo imprudente sino moralmente irresponsable desdeñar los resultados de la democracia electoral en nombre de una supuesta y más real democracia directa. Hay que trabajar con esos resultados y no buscar su anulación porque ello resulta en el suicidio político.

Durante el transcurso de las negociaciones oficiales en torno al TLC en 2003 (en el cual, como era de esperarse, tuvieron participación privilegiada representantes de los sectores privados de los varios países) y durante el proceso de revisión y traducción oficial de los textos (que muchos/as entendieron como una táctica dilatoria mas que una necesidad técnica) de dicho acuerdo en 2004, hubo algún tiempo y espacio para trabajar con y al lado de los resultados de la democracia electoral guatemalteca. Fue posible organizar, por ejemplo, un foro civil alternativo de discusiones sobre el libre comercio con una agenda controlada por la sociedad civil pero sin aislar al sector privado o al Gobierno. Esta oportunidad se vio planteada de nuevo por el debate en torno a los medicamentos genéricos que se dio también en 2004 pero que, de nuevo, derivó simplemente en una reivindicación social sin que la sociedad civil ofreciera alternativas al sector privado, al Gobierno o a los agentes internacionales involucrados en esto. Solo a última hora se le ha ocurrido a los movimientos populares demandar “el diálogo” (es decir, la anulación) en torno al RD-CAFTA.

Después de la ratificación del tratado por parte del Congreso de Guatemala en marzo de 2005, sin embargo, parece que a la sociedad civil, ya no digamos a los movimientos populares, no les va a quedar de otra que aceptar no solo el comercio libre sino la visión que tiene el Gobierno y el sector privado de lo que debe constituir una supuesta "agenda social" paralela. La sociedad civil emergente va a tener que reconocer su responsabilidad por no haber podido asumir efectivamente un papel más discursivo y argumentativo en el transcurso de las negociaciones de libre comercio. Aunque debería de haber aprendido las lecciones derivadas de su exclusión de las negociaciones de paz entre 1991 y 1996 y, debido a ello, haber aprendido a buscar los medios para organizar un foro alternativo afuera de la mesa oficial, no lo hizo.

Pero no todo está perdido. En el momento presente de la transición democrática en Guatemala hay todavía posibilidad de iniciar un debate alternativo sobre el libre comercio y sus implicaciones. Personalmente no estoy de acuerdo con el argumento de que la democratización cultural y política de la república solo puede verse positivamente afectada con la liberalización económica que se plantean los librecambistas neoliberales de la Casa Blanca, las transnacionales estadounidenses y sus contrapartes neoconservadores en Guatemala. Al contrario, después de mas de 10 años de libre comercio en Norteamérica, estudio tras estudio ha demostrado, con número y argumentos irrefutables, que estos acuerdos librecambistas solo han servido para debilitar la soberanía nacional de países como Canadá y México (ya no digamos la Centroamérica fragmentada, subdesarrollada y arrodillada de hoy) y su absorción al espacio económico de los Estados Unidos. El comercio libre también ha servido para homogenizar los objetivos políticos domésticos e internacionales de Canadá y México con los de EE.UU. El comercio libre ha destruido más empleos de los que ha creado, ha erosionado los programas sociales y las políticas de desarrollo más de lo esperado, ha minado instituciones importantes de la democracia liberal y ha privilegiado el “derecho” de las compañías transnacionales para enjuiciar a los gobiernos locales siempre y cuando las mismas se sientan “discriminadas” por los mismos.

Es cierto que el libre comercio en Norteamérica ha beneficiado a la inversión externa y ha incrementado sustancialmente los flujos comerciales (aunque sobre todo entre plantas internacionales de las mismas compañías). Sin embargo, todo esto no sirve para compensar el hecho de que en Canadá, por ejemplo, en los primeros cinco años de libre comercio con Estados Unidos el Producto Interno Bruto (PBI) per capita fue de hecho negativo (-0.4% por año). Y aunque el mismo subió a un promedio anual de 1.6% después del ingreso de México al bloque comercial, este promedio está por debajo del PIB per capita antes del arribo del libre comercio.

El caso de México es aun más dramático en tanto que allí el crecimiento per capita del PIB bajo el régimen de libre comercio se ha mantenido por debajo del 1%. En México el incremento de las exportaciones se puede atribuir, hasta un 54% de las mismas, al sector de maquiladoras, del petróleo o de plantas de ensamblaje de carros propiedad de transnacionales estadounidenses. El argumento central de por qué México adoptó el libre comercio como estrategia de “desarrollo” fue que las exportaciones conducirían a un aumento de la productividad, competencia y eficiencia. En realidad, como lo demuestran los estudios del Centro Canadiense para la Políticas Alternativas, poco o nada de esto se ha materializado. De acuerdo al CCPA el “propósito central de NAFTA” consistía en imponer “reglas de comercio e inversión” que crearían las condiciones para que los sectores privados y las compañías transnacionales tuvieran mayor facilidad para maximizar sus ganancias sin necesidad de contribuir para nada al desarrollo del país anfitrión.(7) En México todo esto se ha logrado, también, gracias a la caída dramática en los costos laborales al tiempo que se incrementa la productividad. De acuerdo al viejo lenguaje marxista esto significa un aumento desmesurado de la explotación del trabajo sin que a ello le acompañen mecanismos sociales compensatorios que los gobiernos, ya sea por medio de los acuerdos comerciales o por medio de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), están en cualquier caso impedidos de implementar sopena de ser acusados de gastones o competidores injustos.

En Guatemala, con una economía poco desarrollada y todavía concentrada en las agro-exportaciones, plantearse objetivos de libre comercio como estos, en el momento presente, quizá sea deseable para el sector privado industrial y comercial grande, para la industria del turismo, para la industria informática y la de telecomunicaciones, pero no lo es para el predominante sector agrícola, farmacéutico (de genéricos), energético (sobre todo de una industria de etanol aún no desarrollada) y otros.

Aún sigo convencido, en principio, que una opción más adecuada para Centroamérica es la opción del comercio justo (ver, por ejemplo, http://www.fairtradefederation.com/). Y esto es así aunque el contexto globalizador del presente así como los imperativos del realismo económico que hoy prevalecen no dejen otra opción más que entrarle al libre comercio con la esperanza de que al final algo funcione. Pero estas son, precisamente, las opciones que hay que sopesar en el contexto de un debate abierto e inclusivo pero reglas de procedimiento claras y dentro de un marco temporal claramente adecuado a las capacidades y posibilidades de Guatemala.


Notas

1. Una primera versión de este artículo fue publicada en CMI Chiapas el 19 de diciembre de 2003.

2. Cerigua.com, “Denuncian “incentivos” para aprobación de leyes complementarias”, 14 febrero 2005.

3. El sitio se encuentra la siguiente URL: http://www.ca-asies.org/portada1.htm

4. Prensa Libre.com, “Gobierno no cambiará ley”, 5 de enero de 2005.

5. Ver Canadian Centre for Policy Alternatives, “Lessons from NAFTA”, 2005.

6. Sobre los desafíos normativos de la transición democrática, ver mi artículo publicado en CMI Chiapas y titulado “Los desafíos del Presidente Óscar Berger” (29 de diciembre 2003).

7. Ver Canadian Centre for Policy Alternatives, “Lessons from NAFTA”, 2005.

Fuente: www.chiapas.mediosindependientes.org


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