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Mea culpa de la mala costumbre
Por Marvin González B.* - Guatemala, 18 de julio de 2018

Es la catástrofe humana más impactante del siglo xxi en Guatemala. Las imágenes de los fallecidos es un golpe a la conciencia de esta sociedad desigual que empuja a los pobres a vivir en las cercanías de los volcanes, en las márgenes de los ríos y debajo de los puentes. Aun estando muertos algunos vociferan en su contra.

La explosión fue tan intensa que algunas familias se atemorizaron y decidieron abandonar el lugar. La mayoría no lo hizo. A medida que el tiempo avanzaba, el cielo oscureció y el volcán arrojó una nube de muerte sobre los pobladores de aldeas aledañas.

Se activaron las alarmas estatales y las personas comenzaron a huir de sus hogares para resguardase en las partes altas o corrieron sobre la carretera para ponerse a salvo. Otros, impulsados por la curiosidad se acercaron al lugar para fotografiar el suceso y mientras desatendían las advertencias de los socorristas, el piroclástico engullía los cuerpos de mujeres, hombres, niños y ancianos.

El silencio y el estupor se apoderaron del país de los dramas y tragedias provocadas por fenómenos naturales con la complicidad de gobernantes. Los guatemaltecos atónitos y desorientados sentían y sufrían otro golpe de la naturaleza. Dos aldeas con todos sus habitantes quedaron sepultadas bajo la ceniza y lava incandescente. Decenas de cuerpos sobre el asfalto estaban cubiertos de ceniza gris.

Cuando el Presidente reacciona genera impotencia al afirmar que no tiene dinero para atender la emergencia. El INSIVUMEH se defiende al expresar que había emitido una alerta pero no fue atendida por la CONRED, mientras el titular de éste, lo demeritaba diciendo que era un informe intrascendente. Algunos congresistas reaccionaron culpando al director ejecutivo como el único responsable.

Mientras se estiraba y encogía el acordeón de señalamientos entre los funcionarios públicos, las cadenas internacionales de noticias destacaban la pérdida de miles de vidas humanas como lo informó la cadena de noticias CNN cuestionamiento las cifras oficiales de desaparecidos y fallecidos que manejaba el gobierno. A nivel nacional se desata una gigantesca solidaridad con los familiares de los fallecidos. Miles de guatemaltecos acuden al llamado para dar paso a una cadena de ayuda humanitaria entregando víveres, ropa y medicina en los centros de acopio.

El pesar y la acongoja se apodera de la población. Comienzan las labores de rescate con entidades nacionales de salvamento mientras se cierra la frontera a contingentes de rescatistas internacionales.

La solidaridad es aplaudida desde los medios de comunicación; destacan el caso de un niño vendedor de chicles de Alta Verapaz que se acercó a un centro de acopio para donar cinco quetzales; decían que ese niño era la imagen del enorme corazón de los chapines. Es tan abundante la nobleza del guatemalteco que 24 horas después, los centros de acopio contaban con toneladas de víveres.

Mientras esto sucedía, el Presidente acompañado del Vice presidente, Ministros y Secretarios se convertían en portavoces de la desolación y la muerte. Es ante estas deficiencias del aparato estatal que vale hacer un ejercicio de mea culpa social: ¿qué tipo de complicidad asumimos cuando suplimos con nuestra generosidad y solidaridad la irresponsabilidad del Estado en la prevención de tragedias humanas resultantes de fenómenos naturales ampliamente conocidos, ubicados y recurrentes en el país?.

Estamos dispuestos a ser corresponsables de gobiernos democráticos que mantienen en el abandono a las entidades de socorro y salvamento (CONRED, INSIVUMEH, BOMBEROS) pero ante una tragedia de esta naturaleza nos obligan a mostrar una generosidad con matices fúnebres?. El presupuesto anual de CONRED es de 60 millones de quetzales pero necesita 120 millones. El INSIVUMEH funciona con 56.5 millones, en tanto, el cuerpo de bomberos voluntarios pide un aumento equivalente a 80 millones de quetzales.

No cabe duda que los guatemaltecos somos generosos y lo seguiremos siendo en momentos difíciles. Pero, acaso no podemos superar la congoja exigiendo al gobierno la implementación de una política nacional para la atención de fenómenos naturales con enfoque preventivo que incida en la formación de profesionales en la materia, compra de equipo de alta tecnología para centros de monitoreo y convenios con entidades afines como el Ministerio de Educación para incorporar en el pensum de estudios un curso en los niveles primario y básico dirigido a la prevención de este tipo de desastres.

Si los gobiernos –en teoría democráticos- siguen siendo indolentes, entonces las autoridades a nivel departamental, los alcaldes y la sociedad civil deberían destinar -en un plazo de 25 años- al menos 2 millones del presupuesto anual de los Consejos Departamentales de Desarrollo a la prevención a desastres naturales y adaptación al cambio climático mediante la coordinación directa del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres con la participación de los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES), Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), MINEDUC y vecinos, entre otros.

Existen estudios e informes nacionales e internacionales que indican que somos un país de alta vulnerabilidad y literalmente estamos exponiendo la vida de las nuevas generaciones, que en el caso de las familias pobres y extremadamente pobres, lo pagan con sus propias vidas. Ante esta realidad, habría que sumar un nuevo elemento a la seguridad nacional y esto es la alta vulnerabilidad social ante fenómenos naturales.

La mala costumbre se repite ante cada tragedia humana. Es irónico destinar sumas millonarias provenientes de las finanzas públicas y de préstamos internacionales a un plazo de 20 años que superan los 250 millones de dólares para atender los efectos trágicos de la erupción volcánica. Por qué no se destina la misma o mayor suma de dinero en prevención?.

Si se hiciese un análisis comparativo de inversión estatal en la prevención de fenómenos naturales y los costos sociales de la corrupción en 35 años de democracia, nos convenceríamos de vivir en un estado fallido y comprenderíamos que no es correcto sostener con nuestros impuestos a una estructura política corrupta.

Si durante 35 años de democracia se hubiese invertido 25 millones de quetzales anuales en prevención de fenómenos naturales en zonas de alto riesgo e incluyendo un curso en el pensum de estudios del sistema educativo, el Estado hubiese erogado la suma de 875 millones de quetzales. Seguramente, se hubiese evitado el número de víctimas por la tragedia del volcán de fuego y tendríamos una generación de guatemaltecos con capacidad para afrontar amenazas y crisis naturales, como si lo hizo, el personal de un complejo hotelero ubicado en las cercanías del volcán que evacuó y resguardó la vida de sus huéspedes.

Nada más triste en una sociedad cuando se hace de la generosidad del pueblo y de la filantropía internacional un discurso de solidaridad que oculta la incapacidad de los gobernantes, y ante el dolor de la tragedia, la sociedad olvida su condición ciudadana y se comporta como el pequeño vendedor de chicles que por su corta experiencia de vida y embaucado por el sentimentalismo mediático, no cuestiona al poder público.

* Periodista independiente

www.albedrio.org


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