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Combate a la desnutrición: Más de lo mismo
Por Miguel López - Guatemala, 4 de junio de 2016

Hace pocos días, finalmente el gobierno de Jimmy Morales presentó su Plan General de Gobierno, dando a conocer las doce prioridades que marcarán el rumbo de su gestión para los próximos tres años y siete meses. Dentro de esas prioridades se insiste en la meta de reducir en un diez por ciento la desnutrición crónica, luego que lo hiciera el gobierno anterior con el resultado de que la misma se amplió en los dos últimos años de un 62.4 % a un 63.5 en los 166 municipios priorizados.

El reto del gobierno de Jimmy Morales para alcanzar ese objetivo es mayúsculo si se piensa en que las comunidades que muestren altos índices de desnutrición crónica presentan una problemática de raíces históricas, amplia y compleja, que no se soluciona con programas y acciones clientelares, aisladas y temporales como las ejecutadas por el gobierno de Pérez Molina. Eso se puede observar claramente al revisar los principales componentes del diagnóstico realizado en Cruz Chiquita, al sur de Huehuetenango que comparte con las comunidades del occidente del país muchos de sus rasgos y problemas.

Cruz Chiquita es una comunidad indígena y campesina como varias del altiplano occidental de Guatemala que subsisten en pleno siglo XXI los niveles altos de analfabetismo, principalmente las mujeres, la salud con poco o nula asistencia, carreteras de terracería y veredas mantenidas por ellos que en época de lluvia se haga casi intransitable y en general, las oportunidades les han sido negadas. Es decir, una comunidad carente de infraestructura y de servicios básicos.

Los principales problemas que afronta Cruz Chiquita son la extrema pobreza y la desnutrición crónica. Su principal fuente de sustento es la agricultura y la migración a las fincas cafetaleras. Su agricultura la desarrolla en tierras que no son aptas para el cultivo porque son de vocación forestal. Los terrenos son mayoritariamente quebrados con fuertes pendientes y deforestados que la hacen vulnerable a los derrumbes cada vez que llueve. La producción anual de maíz es insuficientes para cubrir las necesidades alimenticias, como lo dice un vecino de la comunidad: "el maíz que se siembra siempre es para el autoconsumo y no alcanza. Cuando es buena cosecha apenas alcanza para medio año y el otro medio (año) es comprado. Esto si es buena cosecha, de lo contrario la mayoría compraría casi que los 10 meses del año". Esta última expresión es en alusión a los daños y pérdidas totales de sus cosechas con la tormenta Stan en el año 2005, de igual forma con el huracán Agatha en el año 2010, en el 2012 por una helada en época de verano y sequía prolongada el año 2014-15 lo que indica que las condiciones de vida son altamente deficitarias.

Entre otras razones, la escasa e inadecuada tierra para el cultivo con que cuentan, ha hecho que la migración a las fincas cafetaleras sea importante para su sobrevivencia.

Este breve relato es parte de la historia viva, es pasado y presente de Cruz Chiquita marcado por el desaliento y la frustración que le ha causado el Estado por su falta de apoyo o atención. Un Estado ausente. Sin embargo, en los últimos diez años los gobiernos de turno han destinado cuantiosas sumas de dinero para disminuir o superar la pobreza y el hambre a través de programas sociales que tienen el carácter de ser asistencialistas y que a cada cuatro años son abandonados para que el siguiente las refuncionalice bajo las mismas prácticas. Cuando el anterior gobierno lanzó a nivel nacional el Pacto Hambre Cero como un compromiso de Estado para afrontar el hambre en Guatemala, su objetivo principal fue disminuir en un 10% la desnutrición crónica durante los cuatro años y de esa manera evitar y reducir las muertes por desnutrición aguda, promover seguridad alimentaria y nutricional, enfrentar la pobreza y promover desarrollo. ¿Por dónde pasó? O ¿de qué se trata? se preguntan los comunitarios de Cruz Chiquita, tan así que aún no saben de la existencia de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria, mucho menos el derecho de constituir en su comunidad la Comisión Comunitaria de Seguridad Alimentaria Nutricional. Claro ejemplo de la ausencia de las instituciones del Estado.

Ojalá el nuevo Plan muestre una planificación con indicadores socioeconómicos y financieros que encadenen desde las comunidades, municipios, subregiones, departamentos, regiones y el nivel nacional. Un plan que empiece a contribuir de manera efectiva a la reducción de la desnutrición en donde el gasto social se enfoque como inversión que responda a las demandas y necesidades de las comunidades.

Sin embargo, en el plan de desarrollo agropecuario 2016-2020 anunciado por el MAGA, su representante informa que el programa de fertilizantes será reemplazado por un aporte de 200 quetzales a familias pobres. Siguen las acciones paliativas y asistencialistas. El cambio de rumbo de que se jacta este gobierno, es para seguir haciendo lo mismo.

* Área de Estudios sobre Campesinado

Fuente: informacion@avancso.org.gt


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