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El TLC comienza a cobrar facturas - Ferrovìas de Guatemala
Por Mario Rodríguez - Guatemala, 20 de marzo de 2007

En estos días, la visita del rey del mundo a Guatemala para promover el libre comercio y la producción de etanol,  acaparo la atención de todos  los medios de comunicación social. Atrás quedo la crisis de in-seguridad que nos avergüenza  y la emergencia social de los vecinos del barrio San Antonio, ya no digamos, algunas noticias económicas que fugazmente aparecen en las páginas especializadas de la gran prensa escrita del país, pero que no provocan reacción alguna.

Precisamente una de esas noticias perdidas en el vendaval informativo de Bush y su comitiva, es el anuncio que hace la empresa Ferrovìas de Guatemala, concesionaria de derecho de vía para operar el ferrocarril en el país, sobre la demanda que interpuso contra el Estado de Guatemala por incumplimiento de contrato, expropiación indebida y daños a su inversión. Según la empresa norteamericana, la demanda es por 65 millones de dólares, (aproximadamente unos 500 millones de quetzales) que corresponde a 15 millones que se supone invirtió por el derecho de uso de la vía férrea, reparación de la chatarra de Fegua y mantenimiento de la infraestructura, más – lea bien – 50 millones de dólares por concepto de utilidades proyectadas, durantes los 50 años que dura la concesión, pese a ser una empresa que desde sus inicios ha reportado constantes perdidas. Está demanda se ampara en el capítulo 10 de Inversiones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El TLC permite aplicar leyes y reglamentos supranacionales, especialmente en lo concerniente a la solución de controversias e inversiones. En si, las disputas judiciales se resolverán en los  paneles internacionales de solución de controversias y no por la vía judicial del país. Así lo han anunciado los personeros de la empresa y ratificado el mismo procurador general de la nación de Guatemala, y para sorpresa de algunos incautos que siguen pensando que el TLC es solo de oportunidades, la asesora de la empresa en este caso en particular, es nada menos que Regina Vargo, la jefa del equipo negociador de Estados Unidos, quien se encargará de accionar dicho caso en Estados Unidos amparados por el TLC.

Las consecuencias de que los gobiernos otorguen al capitalista todos los beneficios posibles son contraproducentes y contradictorias a la lógica del emprendimiento empresarial que tanto pregonan los presidentes Berger y Bush. Por un lado el gobierno le garantiza al capitalista la obtención de la ganancia porque lo exonera de pagar impuestos, le da concesiones de todo tipo, le garantiza la repartición de sus utilidades y lo protege legalmente de cualquier expropiación de la que pueda ser objeto aún cuando esta se justifique por el bienestar colectivo. En este caso en particular, no hay atrás un interés colectivo que justifique dicha acción, más bien hay intereses de empresas nacionales vinculadas con funcionarios de gobierno que ven en la explotación del ferrocarril una oportunidad de negocios, ahora que el etanol puede convertirse, según las palabras de W. Bush en un bien exportable que traería grandes beneficios para los países de Centroamérica .

O sea que el Estado acciona para quitarle la concesión que este había otorgado anteriormente a una empresa norteamericana con el único objetivo de beneficiar a otro grupo empresarial vinculado a algunos funcionarios públicos. En otras palabras, no hay interés que justifique el bienestar colectivo, sino más bien un reacomodo de intereses privados, utilizando fondos públicos.

Las organizaciones sociales que se opusieron al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos lo denunciaron mucho antes que esto pasará. En pleno proceso de negociación se dijo que otorgar plenas garantías a los inversionistas en desmedro de las políticas de desarrollo social, era negativo para el país y no hacia más que generar y garantizar los beneficios privados a los inversionistas. En este caso, la empresa ha demandado al Estado, la primera demanda que se conoce pero que serán muchas más con el correr del Tratado, y el Estado no puede demandar a dicha empresa por incumplimiento del contrato, pues también es obvio, que no hay ninguna inversión que haga funcionar el ferrocarril en beneficio de la gente.

Mientras tanto, el vice ministro de Economía, funcionario del CACIF en el proceso de negociación del TLC, decía a la prensa que era necesario analizar este caso, para encontrarle una solución, especialmente si no se había agotado la etapa de solución de controversias y arbitraje. El TLC es el TLC y está lleno de compromisos reales y concretos. Los/as guatemaltecos/as estamos ahora, ya vigente el Tratado, comprendiendo esos compromisos y la magnitud de la sinvergüenza que significó su ratificación.  Ante eso, solo queda prever para los próximos años, una nueva partida en el presupuesto nacional, que contemple las demandas futuras que ha dado lugar este nefasto Tratado. Claro que es triste saber a lo que se destinaran los recursos del Estado en los próximos 50 años, a pagar las demandas de las empresas dentro del Tratado, lo cual no servirá, contrario a lo que piensa Mister Bush and Mister Berger, a disminuir la injusticia social existente en Guatemala.

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