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Monopolios y libre mercado
Por Mario Roberto Morales - Guatemala, 9 de noviembre de 2005

El Artículo 130 de la Constitución asienta que “Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores”.

Tomando en cuenta que en América Latina sólo Nicaragua, Haití y Guatemala carecen de leyes contra los monopolios, viene al caso considerar que durante seis legislaturas, a lo largo de 20 años de “democracia”, el Congreso habrá gastado unos 2 mil millones (casi US$260 millones) sólo en salarios, sin contar consultorías y otros servicios profesionales, y que los “padres de la patria” todavía no vislumbran la posibilidad de un proyecto de ley que prohíba el monopolio y garantice la economía de libre mercado.

Comentando el Informe de Desarrollo Humano 2005, del PNUD, la agencia Inforpress (27-9-05) indica que “…el aspecto más negativo en el desarrollo de la población centroamericana, es la gran desigualdad de ingresos o consumo. Según el Informe (…), El Salvador, Panamá, Honduras y Guatemala están en el grupo de los 16 países más desiguales del mundo”. E indica que “El índice sitúa a Guatemala como uno de los ocho países más desiguales, donde el 10 por ciento de la población más pobre tiene un 0.9 por ciento de la participación en los ingresos o consumo, frente al 48.3 por ciento de la participación del 10 por ciento más rico”.

“El Informe señala que las desigualdades estructurales impiden la conversión de creación de riquezas en desarrollo humano. Estas desigualdades también apuntan a falencias en las políticas públicas y a la incapacidad de los gobiernos de poner en marcha estrategias destinadas a extender las oportunidades hacia los grupos pobres, marginados o desfavorecidos”.

Una de las causas de la imposibilidad de convertir la creación de riqueza en desarrollo humano es el monopolismo y las prácticas monopolistas de eliminación de la competencia que las oligarquías despliegan para mantener privilegios, ya que estas prácticas anulan la libre economía de mercado al concentrar en pocas manos las oportunidades de inversión, haciendo que los pequeños y medianos empresarios se inhiban de lanzarse a protagonizar una diversificación empresarial creciente. Y entonces el empleo escasea, los consumos disminuyen, la pobreza se extiende, la evasión oligárquica de impuestos se torna colosal propiciando con ello la corrupción política. Y el atraso cultural y educativo se generaliza, el descontento popular cunde y la inestabilidad y la violencia se tornan ejes de una cotidianidad regida por el miedo.

En este contexto, la población sobrevive gracias a las remesas que envían sus heroicos familiares, y también al narcotráfico, que proporciona el empleo que la oligarquía monopolista y evasora le niega a su mercado (iba a escribir “a su pueblo”, pero no quiero provocar la conocida risotada oligárquica de desprecio por todo lo que apeste a popular). El inconveniente de las remesas y los narcodólares es que constituyen una riqueza artificial e inflacionaria, pues no resulta de la actividad productiva creciente que sólo la libertad económica puede propiciar.

Urge, pues, hacer cumplir leyes que garanticen la economía de libre mercado. Una de ellas tendría que ser, sin duda, la ley contra el monopolio basada en el Artículo 130 de la Constitución.

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