Un amparo que debió resolverse en 48 horas lleva cinco meses detenido

La lógica neoliberal implica privatizar todo lo público para hacer de ello un negocio en el que la ciudadanía deba pagar por lo que el Estado le devuelve a cambio de sus impuestos. Para lograrlo recurre a varias medidas, como al desprestigio de la institución pública de que se trate, tachándola de ineficiente y corrupta, o a la asfixia económica mediante el impago de su presupuesto constitucional. Es el caso de la USAC y del IGGS, por ejemplo.

Es conocida la perenne lucha de la USAC por su presupuesto anual, mismo que ―según la Constitución― no debe ser menor al cinco por ciento de los ingresos ordinarios de la nación. No de los totales, sino de los ordinarios. El gobierno pasado se ensañó particularmente con la USAC en cuanto a no trasladarle su presupuesto constitucional completo, lo cual ha dañado el funcionamiento de la universidad, pues ésta ha incumplido involuntariamente con muchos de los compromisos financieros adquiridos con su comunidad, tanto en cuanto al pago de salarios y prestaciones, como por el truncamiento de proyectos diversos.

Según información de la autoridad jurídica universitaria, la última novedad en la dura lucha de la USAC por su presupuesto consiste en la iniciativa de dos acciones constitucionales de amparo. Una interpuesta por la AEU y la otra por la misma USAC por medio de su mandatario judicial con representación. En cuanto a la primera ―la de la AEU―, la Corte de Constitucionalidad (CC) ―en resolución del 7 de noviembre de 2019― otorgó amparo a favor de la USAC. Ante tal resolución, la AEU y la USAC presentaron un recurso de ampliación y aclaración que ―según lo establecido en el Artículo 71 de la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad― debió resolverse ―sin más trámite― en un plazo no mayor de 48 horas.

Sin embargo ―como es obvio― han pasado más de cinco meses de presentado el recurso de ampliación y aclaración aludido y la Corte de Constitucionalidad no ha resuelto nada, quebrantando así, flagrantemente, la ley. Lo cual resulta inquietante ―para decir lo menos― porque el que la CC incurra en violación de la ley constitucional ―siendo ella la máxima institución del Estado en esa materia―, hace pensar ―sobre todo ante las obvias intenciones privatizadoras de un gobierno abiertamente neoliberal que acusa al IGSS de ineficiente cuando el Estado le adeuda más de 50 mil millones― en que puede haber razones ligadas al interés privatizador que expliquen tan insólita violación de la ley constitucional por el organismo creado precisamente para velar por el acatamiento de la Constitución.

Si la CC puede ofrecer una explicación distinta a esta, la USAC tiene derecho a saberla. Pero ―por sobre todas las cosas― ¡tiene derecho a que se le pague su justo e íntegro presupuesto constitucional!