Un amparo que debió resolverse en 48
horas lleva cinco meses detenido
La lógica neoliberal implica privatizar todo lo público
para hacer de ello un negocio en el que la ciudadanía deba
pagar por lo que el Estado le devuelve a cambio de sus
impuestos. Para lograrlo recurre a varias medidas, como al
desprestigio de la institución pública de que se trate,
tachándola de ineficiente y corrupta, o a la asfixia
económica mediante el impago de su presupuesto
constitucional. Es el caso de la USAC y del IGGS, por
ejemplo.
Es conocida la perenne lucha de la USAC por su presupuesto
anual, mismo que ―según la Constitución― no debe ser menor
al cinco por ciento de los ingresos ordinarios de la
nación. No de los totales, sino de los ordinarios. El
gobierno pasado se ensañó particularmente con la USAC en
cuanto a no trasladarle su presupuesto constitucional
completo, lo cual ha dañado el funcionamiento de la
universidad, pues ésta ha incumplido involuntariamente con
muchos de los compromisos financieros adquiridos con su
comunidad, tanto en cuanto al pago de salarios y
prestaciones, como por el truncamiento de proyectos
diversos.
Según información de la autoridad jurídica universitaria,
la última novedad en la dura lucha de la USAC por su
presupuesto consiste en la iniciativa de dos acciones
constitucionales de amparo. Una interpuesta por la AEU y
la otra por la misma USAC por medio de su mandatario
judicial con representación. En cuanto a la primera ―la de
la AEU―, la Corte de Constitucionalidad (CC) ―en
resolución del 7 de noviembre de 2019― otorgó amparo a
favor de la USAC. Ante tal resolución, la AEU y la USAC
presentaron un recurso de ampliación y aclaración que
―según lo establecido en el Artículo 71 de la Ley de
amparo, exhibición personal y de constitucionalidad― debió
resolverse ―sin más trámite― en un plazo no mayor de 48
horas.
Sin embargo ―como es obvio― han pasado más de cinco meses
de presentado el recurso de ampliación y aclaración
aludido y la Corte de Constitucionalidad no ha resuelto
nada, quebrantando así, flagrantemente, la ley. Lo cual
resulta inquietante ―para decir lo menos― porque el que la
CC incurra en violación de la ley constitucional ―siendo
ella la máxima institución del Estado en esa materia―,
hace pensar ―sobre todo ante las obvias intenciones
privatizadoras de un gobierno abiertamente neoliberal que
acusa al IGSS de ineficiente cuando el Estado le adeuda
más de 50 mil millones― en que puede haber razones ligadas
al interés privatizador que expliquen tan insólita
violación de la ley constitucional por el organismo creado
precisamente para velar por el acatamiento de la
Constitución.
Si la CC puede ofrecer una explicación distinta a esta, la
USAC tiene derecho a saberla. Pero ―por sobre todas las
cosas― ¡tiene derecho a que se le pague su justo e íntegro
presupuesto constitucional!