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En el centro del debate
Por Magalí Rey Rosa - Colectivo MadreSelva - Guatemala, 21 de enero de 2005

Si se comprueba que no hubo consulta, quedaría demostrado que no se respetó el ordenamiento jurídico del país.

La cuestión de la minería está en el centro del debate político en este momento y es motivo de un serio conflicto de intereses. Aunque se le haya reportado como “estéril discusión”, el debate al que convocó el diputado Alfredo de León, el miércoles de esta semana, es uno de los pasos más positivos que se han dado al respecto.

Fue la primera vez que alguien se atrevió a convocar a todos los sectores involucrados a un intento de diálogo. Faltó la presencia del Ministro de Gobernación, pero sí estaban el nuevo Ministro de Energía y Minas, el Ministro de Ambiente, el Procurador de los Derechos Humanos, el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, varios diputados, el gerente de la Montana, el representante de monseñor Ramazzini, representantes de San Marcos, representantes del Frente Nacional de Resistencia a la Minería de Metales y campesinos de diferentes regiones del país.

Cada uno de los sectores convocados expuso su perspectiva, y los funcionarios de gobierno respondieron a una batería de preguntas, realizadas por el diputado De León. Las respuestas de los ministros fueron vagas e imprecisas; lo único que quedó claro fue su posición de defensa incondicional de la minería y del proyecto Marlin.

Hubo un punto, que escapó a los reporteros que cubrieron la discusión: los representantes de Montana y el Ministerio de Energía y Minas aseguran que sí hubo consulta a los pueblos indígenas, y tuvieron que aceptar que la hizo la compañía misma.

El Procurador de los Derechos Humanos aclaró que la consulta a los pueblos indígenas tiene que ser previa a la realización de un proyecto, de buena fe, informada, y hecha a través de mecanismos que respeten la costumbre e idiosincrasia del pueblo afectado.

Desde esa perspectiva se puede afirmar categóricamente que, en San Marcos, no hubo consulta, aunque Montana exhiba actas con las firmas de los campesinos que fueron invitados a diferentes almuerzos, a quienes les pidieron signar para dejar constancia de su participación.

Si se comprueba que eso fue así, que no hubo consulta, quedaría demostrado que no se respetó el ordenamiento jurídico del país ni los convenios internacionales ratificados por Guatemala, que son superiores a las leyes ordinarias. El Gobierno sería quien incurrió en irrespeto del estado de Derecho.

Eso significaría que el otorgamiento de la licencia de explotación minera de Montana es ilegal, y que, por lo tanto, debiera declararse la nulidad del contrato, tal y como se le ha solicitado al presidente Berger desde hace meses. Eso sería respetar el estado de Derecho.

Fuente: www.prensalibre.com


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