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La consulta de la dignidad
Por Magalí Rey Rosa - Guatemala, 29 de julio de 2005

Sipacapa reitera su “No” a la minería de metales.

El gobierno violó el derecho del pueblo sipacapense. Repetimos, por enésima vez: los habitantes de Sipacapa no fueron informados ni consultados sobre el proyecto minero que les dejará millones de toneladas de desechos tóxicos, la poca agua que les quede, contaminada, los conflictos instalados y su cultura alterada.

Este pueblo indígena de San Marcos, en un intento por evitar las pérdidas que la extracción minera ocasiona, pidió al presidente Berger que declarara lesivo el contrato.

El presidente pudo haberles respondido, por lo menos. Pero mantuvo su defensa del proyecto Marlin, lo cual es difícil de entender, pues no fue él quien firmó la concesión, sino Alfonso Portillo.

Y también es difícil entender por qué mantiene un apoyo tan decidido a los proyectos de minería de metales, cuando los pueblos guatemaltecos han sido claros en manifestar su contundente desaprobación, y eso le va a costar caro a su partido en las próximas elecciones.

Glamis Gold afirma ante el mundo entero que tiene todo el apoyo del pueblo sipacapense. Ante esa declaración y la indiferencia del Gobierno, el pueblo sipacapense decidió hacer una consulta de buena voluntad, basada en el Convenio 169, para hacer evidentes las mentiras de la compañía Montana. Con la consulta, Sipacapa reitera su “No” a la minería de metales y su esperanza en que se restablezcan sus derechos violados.

Acá, en la ciudad, los expertos se pronuncian sobre el tema de las consultas de vecinos. La mayoría coincide en que éstas son legales y legítimas, aunque hay quienes, desde la histórica tradición racista y clasista que los distingue, sostienen que no, que eso de dejar que los pueblos decidan está, francamente, mal.

Pero la importancia de la consulta de Sipacapa no reside únicamente en el esquema de la legalidad. La tremenda desigualdad de recursos y posibilidades, entre una comunidad indígena y una transnacional minera, se manifiesta también en el terreno legal. Y en este caso en que la legalidad ya fue violada, la consulta de Sipacapa se convierte en una lección ética, sobre pacifismo y dignidad, desde la perspectiva de un pueblo indígena que apuesta por la democracia.

Por eso es tan preocupante la reacción gubernamental. El Estado, si nos atenemos a la Constitución, se organiza para proteger la dignidad, seguridad y bienestar de los individuos y las colectividades que componemos este país.

Por lo tanto, el presidente, los ministros y los municipios deben, coordinada y prioritariamente, cumplir con ese mandato constitucional. El Gobierno pareciera estar preocupado únicamente en la protección de la propiedad privada, los intereses corporativos y el libre mercado.

Fuente: www.prensalibre.com


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