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Más sobre las consultas
Por Magalí Rey Rosa - Guatemala, 19 de agosto de 2005

Relaciones Exteriores envía información al exterior, para dar la imagen de un gobierno democrático, mientras acá las comunidades no saben cuál es la posición del Gobierno y no tienen claridad sobre lo que está pasando con las consultas.

En el Boletín Informativo 01/2005, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que ha llegado a países europeos, se afirma que el Gobierno “ha mantenido un contacto y diálogo permanente con las comunidades y población indígena del país de los lugares en donde se desarrollan proyectos de minería, a efecto de atender sus demandas, especialmente aquéllas relacionadas con la aplicación del Convenio 169 de la OIT”.

Afirma, más adelante, que el Gobierno “está conciente de las demandas de las poblaciones que pueden considerarse afectadas por la explotación minera y ha mantenido abiertos todos los canales de comunicación con las comunidades a fin de encontrar soluciones a los problemas planteados en el marco de lo establecido en las leyes nacionales.

Se ha observado la participación ciudadana para la realización de un procedimiento democrático que determine la aceptación o negación de un proyecto específico en sus comunidades. Como un avance del proceso democrático, las autoridades de Gobierno expresaron públicamente su disposición a someter los procesos a un análisis jurídico”.

Ninguna de las consultas se hizo por iniciativa del Gobierno, todas han sido iniciativas de la ciudadanía. El Gobierno podrá estar consciente de las demandas de la población, pero no las atiende.

Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores se toman el trabajo de enviar información al exterior, diseñada para dar la imagen de un gobierno democrático, mientras acá las comunidades no saben cuál es la posición del Gobierno, y no tienen claridad sobre lo que está pasando con las consultas.

A quienes viven en las poblaciones afectadas les da risa lo del “diálogo permanente”. Dicen que, seguramente cuando los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas se esfuerzan para convencerles de que la minería trae beneficios, creen que están dialogando.

Según nos cuentan, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público consideran que las consultas están apegadas a la ley. El Ministerio de Energía y Minas, por supuesto, no. El procurador General de la Nación -a quien corresponde defender los intereses de la nación- se hace la rana y no dice absolutamente nada. Ahora la brasa está en manos de la Corte de Constitucionalidad. Esperamos una sentencia consecuente con el espíritu de nuestra Constitución.

Fuente: www.prensalibre.com


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