Antes mataban...
Por Magalí Rey Rosa - Guatemala, 29 de diciembre de 2006
...ahora reprimen, atemorizan e intimidan legalmente.
Los analistas comentan sobre los resultados de 10 años de la firma del Acuerdo de Paz. Aparte de los políticos que aprovechan para sacarle raja a su participación, nadie demuestra mayor entusiasmo, tal vez porque no estamos mejor.
Cesó el enfrentamiento armado, pero la mayoría de las causas de la guerra interna permanecen inalteradas. Reflexiones desde la perspectiva ecológica no aparecen. Muchos analistas y políticos no entienden el tema o lo consideran de segundo orden; y otros -que sí entienden- se hacen la brocha, porque es arriesgado señalar a los responsables de la irreversible destrucción y contaminación ambiental que se ha producido en esta última década.
La destrucción ambiental era un proceso inexorable, pero lento e ineficiente. Con la firma de los acuerdos se crearon las condiciones para que las compañías transnacionales -con sus operadores y socios locales- puedan saquear más eficientemente todos los recursos naturales que nos quedan.
Legalmente se entregan la riqueza natural y el territorio guatemalteco para que los exploten las compañías mineras, petroleras, hidroeléctricas, aceiteras, azucareras, madereras... locales y extranjeras.
Este tipo de explotación causa eliminación de ecosistemas naturales, pérdida y agotamiento de los suelos fértiles; y la pérdida y contaminación de nuestra riqueza hidrológica. La agresión contra la naturaleza afecta directamente a miles de guatemaltecos y guatemaltecas que -para sobrevivir- necesitan esas tierras.
Este gobierno re-negoció la concesión para la explotación de níquel en más de 250 kilómetros de tierras guatemaltecas, con lo que se exacerba el conflicto entre la compañía ¿guatemalteca? de níquel, CGN, y pobladores guatemaltecos en esa región.
En tiempos de paz no matan descaradamente a la gente, recurren al Ministerio Público, a la policía y a los jueces para perseguir legalmente a la gente. Según el oficio N. 553-06, firmado por Lic. Reynaldo Galván, Juez de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delito Contra el Ambiente de Izabal, hay orden de desalojo contra unas 35 personas acusadas de ocupar tierras de la CGN.
El segundo nombre que aparece listado es Loida Mejía. Eloyda Mejía es una reconocida activista ecológica y empresaria de turismo que vive desde hace años en El Estor.
No está ocupando tierras, se ha opuesto a la explotación minera y ha proporcionado información y orientación a la gente del área. Todas sus actividades son legales, legítimas y pacíficas.
No conozco a las otras personas sindicadas pero, por este detalle, dudo de la imparcialidad y objetividad de todo este proceso. La persecución legal que sufre Eloyda Mejía es un ejemplo de cómo, en tiempos de paz, se criminaliza el reclamo social utilizando a las instituciones de nuestro sistema de justicia penal.
Fuente: www.prensalibre.com |
