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Lo que nos preocupa...
Por Magalí Rey Rosa - Guatemala, 12 de enero de 2007

Denunciamos en cumplimiento con el artículo 97 de la Constitución, no para generar conflicto.

Ante un estudio que denuncia la contaminación del río Tzalá por actividades mineras, el viceministro Jorge García Chiú reaccionó inmediatamente: “Aun sin tener los resultados de laboratorio, me atrevo a afirmar que no hay problema de drenaje ácido ocasionado por la mina”, y dejó constancia por escrito de su defensa incondicional de la minera, pues no tenía bases científicas para hacer una afirmación categórica como ésta.

Luego afirmó: “Personalmente, voy a solicitar una investigación acerca de los delitos que están cometiendo las personas y la organización que elaboró el estudio”.

Ayer, después de la conferencia de prensa del Ministerio de Energía y Minas, varios reporteros llamaban a las oficinas de MadreSelva para conocer nuestra reacción ante declaraciones de que se nos demandará por cinco delitos, respaldándose en un estudio que supuestamente elaboró la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, de la Universidad de San Carlos, que contradiría lo indicado en el estudio que señala la presencia de cuatro metales pesados en el río Tzalá, por encima de los límites indicados por la Organización Mundial de la Salud. No podemos reaccionar ante un estudio que no hemos visto todavía.

Pero sí nos preocupa que -por medio de estos procesos de intimidación- se desvirtúe y hasta se deje de lado el tema de la contaminación del agua, que es lo importante. Lo que nosotros quisiéramos es detener un proceso de contaminación de agua que afectará a miles de guatemaltecos.

Hicimos la denuncia en cumplimiento con lo que manda el artículo 97 de la Constitución Política de la República, y no para generar conflicto, como estos funcionarios quieren hacer creer, mientras defienden incondicionalmente a las compañías mineras.

Lo que solicitamos es que las autoridades cumplan con su obligación de velar por los intereses de la población guatemalteca; que el Ministerio Público, el de Ambiente, el de Salud, el de Energía y Minas, y la Procuraduría de los Derechos Humanos investiguen, y que luego se tomen las medidas para evitar que continúe el problema de la contaminación.

Además, hemos planteado públicamente nuestro interés en que hagamos muestreos y pruebas conjuntas. Lo habíamos solicitado ya, hace un par de años, a Montana; entonces la compañía no aceptó nuestra propuesta, tal vez porque no quería dejarnos entrar en las instalaciones de la mina.

Sobre la amenaza de demanda, nos asusta, pues no hemos hecho nada ilegal ni indebido. Hacer un estudio y publicar sus resultados no constituye delito. Corresponde a un arbitraje científico determinar si la presencia de metales pesados tiene relación con las actividades mineras.

Fuente: www.prensalibre.com


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