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Atentado mortal
Por Magalí Rey Rosa - Guatemala, 19 de enero de 2007

Tratar de detener la destrucción de bosques y selvas que amenaza la integridad de los ecosistemas es una lucha legítima..

El recién pasado 10 de enero, Piedad Espinoza y Carlos Albacete, ecologistas de Trópico Verde, sufrieron un atentado que pudo haberles costado la vida. Afortunadamente, salieron ilesos de la emboscada que les tendieron varios hombres, quienes abrieron fuego sobre ellos cuando regresaban a su hogar, luego de un viaje al exterior del país.

Carlos y Piedad habían recibido amenazas de muerte por sus constantes denuncias sobre la usurpación ilegal de tierras y otras situaciones anómalas dentro de la reserva de la Biosfera Maya.

Ellos son ecologistas comprometidos con la lucha para detener la destrucción de las selvas peteneras, y no se acobardaron ante las amenazas. Así que la cólera de quienes están detrás de aquellas operaciones -ilegales y anómalas- creció hasta que decidieron eliminarlos. Según los especialistas que analizan este caso, la acción montada para su asesinato fue una sofisticada “operación de inteligencia”, así que los activistas se vieron obligados a salir del país.

Este repudiable hecho ocurrió el mismo día en el que el vicepresidente Stein, en conferencia de prensa, declaró que el Gobierno ha identificado al narcotráfico y a la lucha ambiental como las mayores causas de ingobernabilidad en Guatemala.

¿En qué cabezas cabe semejante comparación? Insistir (porque ya varios columnistas lo han hecho antes) en equiparar la lucha por defender la vida al tráfico de drogas es irresponsable, pero en boca del vicepresidente de la República se convierte en una amenaza contra la integridad de quienes luchamos para preservar la riqueza natural de Guatemala, y pone en evidencia cuál es la política de Estado que este gobierno ha asumido al respecto.

Tratar de detener la destrucción de bosques y selvas y resistir ante los proyectos que amenazan la integridad de los ecosistemas naturales es una lucha legítima en defensa de la vida.

Si los funcionarios de este gobierno creen que con amenazas veladas, como la del vicepresidente, o con amenazas directas de demandas legales -como las que emanaron del Ministerio de Energía y Minas ante la denuncia del Colectivo MadreSelva sobre la presencia de metales pesados en el río Tzalá- van a acabar con la resistencia ecologista, están muy equivocados.

El ecologismo es ya un movimiento popular bien arraigado, de naciones enteras que saben que la calidad de su vida y su vida misma están directamente conectadas con la integridad de la naturaleza que les rodea.

Tal vez algunos funcionarios de nuestro actual gobierno nos consideran peligrosos porque estamos cuestionando proyectos que afectan su bolsillo de manera directa. ¿No serán ellos los responsables de la ingobernabilidad, cuando insisten en imponer a la fuerza proyectos que la mayoría de la población rechaza?

Fuente: www.prensalibre.com


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