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¿Bien con Dios y con el diablo?
Por Magalí Rey Rosa - Guatemala, 19 de mayo de 2007

Gracias a la CC se puede afirmar categóricamente que la consulta de Sipacapa es legal.

Es impresionante cómo resolvieron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) el tremendo problema que tenían en sus manos, por la acción de inconstitucionalidad que promovió la señora Rosa María Montenegro de Garoz en contra de la consulta de Sipacapa.

Dos años les costó decidir cómo tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Los magistrados sabían que -al otorgarse una licencia para explotación minera en su territorio, sin que ellos hubieran sido consultados- los derechos del pueblo sipakapense fueron violados por el Gobierno guatemalteco.

El derecho a la consulta lo tienen, supuestamente, garantizado los pueblos indígenas, pues Guatemala es signataria del Convenio 169 de la OIT. Y así lo reconoce la CC, “es incuestionable el derecho de los pueblos a ser consultados (...); este Tribunal encuentra que, para nuestro medio, el proceso de consulta mediante la emisión del sufragio constituye un método de participación idóneo”. Por lo cual se puede afirmar categóricamente que la consulta de Sipacapa es legal.

Pero luego parecen olvidar que nuestra Constitución les obliga a proteger a las personas y a asegurar el bien común, y que el gobierno racista de Guatemala es el culpable de no haber garantizado un mecanismo para la realización de las consultas. Resuelven que las autoridades municipales no pueden decidir sobre sus territorios, que las consultas no obligan a nada; y así vacían de contenido ético y político uno de los pocos mecanismos de defensa que tienen los pueblos indígenas guatemaltecos.

Con este aberrante churro legalista, los magistrados mandan por un tubo la expresión de rechazo a la minería metálica de más de 200 mil guatemaltecos que han participado como ciudadanos pacíficos en 14 diferentes municipios del país, para congraciarse con las poderosas compañías mineras y sus operadores: el señor presidente de la República, varios de sus ministros y otros socios.

Pero no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Con este fallo, los magistrados Mario Pérez, Gladys Chacón, Juan Francisco Flores, Alejando Maldonado y José Quezada han dejado muy claro a quién están protegiendo y sirviendo.

Los sipakapenses organizaron su consulta pacífica para manifestar que ellos nunca quisieron la instalación de la minera en su territorio y que no van a permitir que las compañías se apoderen -con la complicidad del Gobierno- de más tierras de Sipacapa. La Corte de Constitucionalidad, que no es institución cristalina y transparente, puede decir lo que quiera.

La legitimidad de la consulta de Sipacapa se la da la voluntad de todo un pueblo que todavía tiene intacta su dignidad: los sipakapenses no quieren explotación minera en su territorio.

Fuente: www.prensalibre.com - 180507


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