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Imposición de políticas
Por Magalí Rey Rosa - Guatemala, 27 de octubre de 2007

La propaganda y las promesas electorales no sirven para nada; son las acciones de un gobierno lo que determina nuestra historia.

La presentación de las políticas minera y energética que hizo ayer el gobierno del presidente Óscar Berger es digna de análisis, por las implicaciones que éstas tienen para el futuro de Guatemala.

Se trató de dar la impresión de que dichas políticas fueron ampliamente consensuadas, pero eso no fue así. Fueron diseñadas para el beneficio de sectores muy reducidos, por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y por los interesados -en petróleo, minas y energía- más cercanos al Gobierno.

Además, irónicamente, están en franca desarmonía con otras políticas impulsadas por este mismo gobierno, particularmente, con la política ambiental. El dilema de la explotación frente a la conservación de nuestros recursos naturales (minerales metálicos, petróleo, agua y bosques) ha estado presente en el debate nacional durante los últimos dos años; los funcionarios do gobierno tuvieron tiempo de sobra para proponer políticas, leyes y reglamentos a la sociedad guatemalteca y someterlos a discusión.

No sorprende que tres meses antes de entregar sus cargos decidan imponer políticas en materia energética y minera, que responden casi exclusivamente a los intereses de los sectores extractivos, ni que las anuncien cuando éstas ya fueron “aprobadas” y publicadas en el diario oficial, ni que se den el tupé de dejar señalada la importancia de abrir espacios de diálogo.

Pero indigna. Ya entregaron todas las concesiones y licencias que pudieron, a pesar del rechazo rotundo y la resistencia pacífica de miles de guatemaltecos y guatemaltecas hacia éstas. ¿A qué clase de diálogo se refieren, señores funcionarios? ¿Cuál es su concepto de transparencia?

Pero la culpa no es solamente de los funcionarios de gobierno.

La responsabilidad recae también sobre la ciudadanía guatemalteca, porque siempre los dejamos salirse con la suya. La sociedad guatemalteca, además de apática, indiferente y timorata, aún no se ha repuesto de las secuelas de la guerra interna: sigue desunida, desconcertada.

Y está muy mal educada políticamente. Los funcionarios públicos son nuestros empleados. Si no cumplen con sus funciones, si atentan contra el bien común, si incurren en ilegalidades o son corruptos, tenemos el derecho y la obligación moral de exigirles que renuncien.

Dentro de poco empezaremos un nuevo período presidencial. El que termina nos deja amargas y costosas lecciones, que no pueden caer en saco roto. Toda la propaganda y las promesas electorales no sirven para nada; son las acciones de un gobierno lo que determina nuestra historia. Y nosotros somos responsables, por lo que hagamos y por lo que dejemos de hacer, para el futuro de Guatemala.

Fuente: www.prensalibre.com - 261007


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