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La reforma política o el colapso del Estado
Por Manuel R. Villacorta O. (*) - Guatemala, 26 de julio de 2007
manuelvillacorta@yahoo.com

El 9 de septiembre próximo se realizarán elecciones generales en Guatemala, 14 partidos políticos postulan candidatos a la presidencia y la vicepresidencia, aproximadamente 20 mil candidatos disputarán cargos en corporaciones municipales y el organismo legislativo. Estas elecciones en poco se diferenciarán de las anteriormente realizadas, el modelo político guatemalteco se reproduce periódicamente preservando sus mismas características: inconsistencia ideológica, ausencia programática, falta de representación social, nominaciones arbitrarias y la centralización de las decisiones en la dirigencia de turno.

La incapacidad de los dirigentes partidarios para adaptar el modelo a los cambios políticos, económicos, sociales e incluso culturales, tanto internos como externos, ha producido un agotamiento severo para el sistema político en general. Paulatina pero irreversiblemente la sociedad se ha ido distanciando de los políticos, se ha perdido la confianza en los mismos quienes por el contrario son considerados como oportunistas, corruptos y desvergonzados. Esa constante degradación podría llevar al sistema político guatemalteco hacia el colapso, y quizá sean las próximas elecciones el inicio del mismo. Dos motivos podrían ser los detonantes definitivos para acordar la disolución del modelo e intentar la emergencia de uno nuevo: el alto nivel de abstencionismo que se producirá el 9 de septiembre y la penetración -públicamente aceptada- de la narcoactividad y la financiación política.

En resumen, el modelo político que se visualizó a partir de 1986 cuando la Democracia Cristiana alcanza el poder, se ha ido deformando irreversiblemente hasta llegar a sus extremos: lo que debería ser una responsable contienda partidaria se ha convertido en un circo inescrupuloso. Transcurridas estas elecciones la preservación misma del Estado pasa por la urgente reforma política del sistema electoral y de partidos.

Todos los ciudadanos, gremios, cámaras, asociaciones y organizaciones sociales en general tienen el derecho inalienable de participar políticamente para buscar la preservación de sus intereses. Por eso mismo se creó la palabra “partido” que significa “parte”, y parte social específicamente. Resulta utópico creer que los organismos ejecutivo y legislativo deben ser apolíticos por naturaleza o por mandato. En todas partes del mundo ambas instancias representan los intereses de quienes dominan democrática o autoritariamente -según el caso- la política de los Estados.

Ciertamente en los modelos políticos desarrollados y democráticos, además de la plena aceptación del derecho que los sectores sociales tienen a buscar influencia política directa o indirecta, se valora la “Agenda de Estado o Agenda Nacional”, la cual resume o integra los intereses colectivos de todos los sectores, intereses que van más allá de lo sectorial y que son necesarios para preservar el Estado mismo, como por ejemplo, la seguridad nacional, la educación y la salud pública y la administración de justicia, entre otros. Es decir, los intereses comunes nacionales.

La debilidad del sistema político guatemalteco y del Estado en su conjunto ha sido que los grupos predominantes en la estructura de poder han ejercitado presión sobre las instituciones públicas para concretar sus intereses sin impulsar paralelamente, la agenda nacional, la agenda de Estado que en efecto, es prioridad para todos los guatemaltecos. Asimismo, la contraparte política representada por los partidos y sus dirigentes, han pactado no para ejercer la función política de integrar intereses dentro de la diversidad social y conciliar el cumplimiento de los intereses privados o sectoriales que legalmente representan y los intereses de la sociedad guatemalteca en su conjunto. Por el contrario los políticos guatemaltecos han tenido como objetivo el ejercicio de sus funciones a favor de sus intereses personales. En pocas palabras, la agenda social que ha quedado sin operadores políticos. Ciertamente existen técnicos locales generalmente apoyados por la cooperación internacional que sí conocen los medios para ejecutar políticas públicas orientadas al beneficio social, pero al carecer de influencia política, sus intenciones se desvanecen irreversiblemente. Por ello se dice que Guatemala es un país “sobrediagnosticado” pero que carece de tratamientos.

Pero como expuso Einstein “a toda acción se opone una reacción, exactamente igual pero en sentido contrario”. Y el descuido de la agenda nacional ha provocado reacciones graves hacia el sistema político y económico del país, como el surgimiento escalonado de la delincuencia común y organizada, el desprestigio de las instituciones públicas, el auge de la pobreza y un desorden social imperante que apunta ya hacia la anarquía. Estas afecciones ya no sólo dañan a las poblaciones periféricas, a las mayorías silenciosas, están calando al interior de las estructuras económicas urbanas. La preocupación llegó ya a la cima misma del poder.

La reforma política del Estado guatemalteco no es ya una recomendación, es una obligación, es una acción que debe iniciarse de inmediato no importando los costos que esto implique. Su postergación sería similar a un suicidio colectivo. Esa reforma pasa por tres requisitos ineludibles: el compromiso definitivo de los sectores de poder hacia el propósito, la reforma de la Constitución Política y la incorporación de políticos y técnicos verdaderamente honestos y capacitados a las instituciones públicas para operar las reformas que la realidad nacional exige. Lamentablemente ninguno de estos requisitos parece estar siendo habilitado para el referido propósito.

Contrario a lo anterior la composición del próximo congreso revelará la confrontación sectorial, la fragmentación de intereses y la política del chantaje o la prebenda como medios para aprobar o rechazar legislaciones diversas. Pero a pesar de ese panorama hoy por hoy nublado, ya se escuchan voces y se perciben propósitos de reformas legales, anuncios relativos a la urgencia de atender las graves demandas sociales históricamente acumuladas. Voces que perciben la preservación de sí mismas a partir de que todos los guatemaltecos sin excepción gocen de los derechos mínimos que todo ser humano merece. La reforma política del Estado guatemalteco no puede esperar más.

(*) Doctor en Sociología Política

www.albedrio.org


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