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El gobierno de Berger y el fin de lo postergado
Por Manuel R. Villacorta O. - Guatemala, 26 diciembre de 2007
manuelvillacorta@yahoo.com

Sin equivocación alguna en Guatemala ha habido consenso respecto a que todos los gobiernos establecidos a partir de 1986 se han caracterizado por “administrar las crisis”, sin haber tenido la capacidad para implementar los urgentes cambios económicos, políticos y sociales que la situación demanda. El gobierno de Óscar Berger, el quinto popularmente electo desde el inicio de la transición política no fue la excepción, las cifras y los hechos lo confirman: regionalmente es el presidente con la menor simpatía social, el PNUD ubica a Guatemala como el país más rezagado de América Latina en materia de desarrollo humano solamente superado por Haití. Socialmente el descontento con su administración es evidente: la violencia común y organizada, el rampante auge de la pobreza, la ineficiencia institucional y la corrupción, son los flagelos que más condena la población. Si la actual administración no hubiese contado con la habilidosa capacidad del vicepresidente Eduardo Stein para neutralizar los reclamos sociales, la crisis nacional habría llegado a extremos insospechables.

El gobierno de la UNE, encabezado por Álvaro Colóm hereda una situación compleja. Con el gobierno de Berger terminó “la era de la postergación”, el establecimiento de políticas públicas coherentes, urgentes y de efectivo impacto social reclaman inmediata vigencia. Básicamente porque el futuro presidente hizo un serio pacto con los votantes, ofreció atender la agenda social como prioridad y ahora no tiene alternativa, debe cumplir. La dirigencia del CUC, CONIC, CNOC, los sindicatos de los trabajadores de la salud y la educación, entre otros, estará ansiosa de presenciar y percibir las reformas que reclaman; para éstos la UNE no es la GANA. La situación agraria, fiscal, bancaria, laboral y de los servicios públicos con énfasis en seguridad, educación y salud, deberá ser atendida de inmediato por el futuro gobierno. Una gestión que iniciará sus funciones en condiciones desfavorables, producto de las demandas sociales potenciadas y una impaciencia colectiva que se hace latente en todo el país.

Y aún hay más. El influyente sector empresarial organizado del país también tiene una agenda que espera, le sea cumplida. No más impuestos, eliminación del ISR, desregular la producción y distribución de energía eléctrica, eliminar el salario mínimo, evitar el endeudamiento externo y proseguir con la privatización de la educación y la salud. Es con este diversificado contexto de requisitos, como el influyente empresariado local percibe la única forma para transformar la complicada situación económica y social que prevalece en Guatemala.

Algunos analistas en diversos foros han manifestado y resaltado que lo admirable de la actual coyuntura es el “inédito proceso de transición” entre quienes se van y quienes llegan, lo que revela una muestra de madurez política. Puede que así sea, pero no es la forma lo que importa, sino el fondo. Más allá de la transición lo que el próximo gobierno hereda es un ineludible compromiso: no postergar más las reformas que la sociedad reclama La espera terminó.

(*) Doctor en Sociología Política

www.albedrio.org


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