El 29 de diciembre de 2006 se cumple una década desde que fuera firmado el último de los Acuerdos de Paz el “Acuerdo de Paz Firme y Duradera”. El gobierno del Estado, bajo control de los sectores empresariales más poderosos y acaudalados del país, representaba a una de las partes: ese Estado que a pesar de su metamorfósis histórica desde 1821 y sus cada vez más evidentes contradicciones internas, producto de la evolución forzada en cada una de sus fracciones, lograba llegar incólume a esa cita “histórica” que terminaba con el uso de la violencia como forma de disputar el poder político en Guatemala.
La contraparte firmante estaba representada por el liderazgo del movimiento guerrillero; el tiempo y las circunstancias les presionaron para firmar. Se pretendía con ello una simbiosis política que condujera a la unidad y que, en torno al eje programático de los Acuerdos, se construyera un movimiento político-social capaz de demostrar que a través de las urnas era posible alcanzar el poder. Y lo más importante, que por esa misma vía pacífica era posible hacer las transformaciones estructurales que Guatemala necesita para sacudirse del atraso, la discriminación y la pobreza.
El 29 de diciembre de 1996 el inmutable Estado guatemalteco, seguro de su triunfo militar y seguro de su evidente triunfo político sobre los ex alzados en armas, aceptó “jugar la partida en otro tablero”. Y hasta hoy, 29 de diciembre de 2006, se ha mantenido sin sobresaltos mayores en la cómoda posición de disfrutar del poder.
Hoy abundan los análisis denunciando el “incumplimiento de los Acuerdos de Paz”. Entre la buena voluntad y la ingenuidad no se comprende que, el contenido de los Acuerdos se orienta contra las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales que soportan el Estado guatemalteco. Y que mientras dirijan el país sectores que no poseen una agenda política de Estado, sino una agenda económica orientada al favorecimiento del capital privado, las reformas sociales dejan de ser prioridad. Así funciona el juego de la política en una sociedad democrática, aún incipiente como la nuestra.
Ha hecho falta un movimiento político social fuerte y creciente. En ello radica la explicación de por qué “estamos como estamos”. Nunca como antes -desde el 29 de diciembre de 1996- la izquierda democrática había tenido tantas posibilidades de concretar su unidad y su consolidación institucional. Se tenía un programa, meticulosamente discutido y acordado, nacional e internacionalmente “los Acuerdos de Paz”, que no son perfectos pero que nadie con sobriedad puede negar, son el único intento serio por definir y plantear metodológicamente la transformación de Guatemala. Se tenía un apoyo internacional sin precedentes, incluyendo el apoyo de fuertes sectores económicos y políticos de Estados Unidos, hecho manifestado a través de las reiteradas solicitudes de su embajada en Guatemala respecto al cumplimiento de los Acuerdos. No era retórica. Era lo consecuente, una vez concluida la guerra fría. Todo estaba a favor del surgimiento, crecimiento y consolidación de ese frente político nacional llamado a insertarse en la lucha democrática por el poder, y ganar a través del voto, el derecho a dirigir el aparato público de Guatemala.
Pero esa fuerza social, ese liderazgo carismático, inteligente y valiente, nunca surgió. Las disputas por el protagonismo propiciadas por la ilusión de haber logrado “un puesto” en la historia nacional, capaz de ceder beneficios automáticos y no responsabilidades, pudo más. Una vez concretado lo anterior, el Estado tradicional y sus representantes pudieron disfrutar de su segundo triunfo consecutivo, esta vez, en el “segundo tablero”. El riesgo se dijeron, valió la pena. Ya no tenemos contendiente. El contendiente se agotaba en sus propias redes, carente de visión, incapaz de percibir que la historia lo ponía por primera vez todo a su favor.
Por tanto las criticas contra el Estado en relación al “incumplimiento de los Acuerdos de Paz”, no tienen sentido. Políticamente no lo tienen, porque no se le puede pedir “al cangrejo que vuele o a la hierba que hable”. Al Estado se le pueden imputar sus “responsabilidades institucionales” pero eso se hunde en la retórica, una década de evasiones se expresa por sí sola.
Hoy y quien sabe hasta cuando, millones de guatemaltecos vivirán su día en igual forma: sobreviviendo, buscando comida entre lo posible, huyendo al ataque del delincuente que enajenado por sus condiciones no distingue entre la vida y la muerte; buscando agotados razones que le expliquen su tragedia. A una década de firmarse el último de los Acuerdos, que celebren quienes triunfaron. Los que debieron haber dirigido un proceso político transformador que asuman su responsabilidad. Afortunadamente entre esos miles de jóvenes que hoy despuntan entre tanta limitación, habrán de surgir nuevas promesas, nuevas posibilidades, que permitan mantener vivo el anhelo de una Guatemala distinta. Que no lo dude nadie, surgirá.
