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La larga lucha de los Chitay
Por Marta Sandoval - Guatemala, 28 de mayo de 2009

Pasaron toda su infancia huyendo. Secuestraron a su padre en 1981 y nunca más volvieron a verlo.

Los hermanos Chitay han emprendido una lucha por justicia y ahora consiguen un paso grande: la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó su caso.

Su rostro estaba pálido, sus ojitos vidriosos buscaban con desesperación al padre, sus labios temblaban. Bajo la maraña de cabellos un fusil, enorme comparado con su cabecita, le rozaba la sien. Lo sentía frío en su frente. El hombre que lo empuñaba estaba dispuesto a todo. Apenas cinco años en el mundo y Esmeterio Chitay ya sentía que se había acabado su vida. El padre, Florencio Chitay, se entregó al comando de hombres armados, “mátenme pero no le hagan nada a mi hijo”, suplicó. Se lo llevaron en un jeep blanco, ante los ojos empañados del pequeño. Fue la última vez que vio a su papá.

La familia Chitay inició en ese entonces, abril de 1981, una intensa búsqueda por el padre, pero lo único que consiguieron fue amenazas e intimidaciones. Ahora 28 años después, los hermanos Chitay han logrado que el caso sea aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada vez están más cerca de la justicia, pero el camino es espinoso y largo, y está tapizado de recuerdos que hay que esquivar evitando las lágrimas. Es una batalla que no van a ganar del todo, porque lo que perdieron es irreparable. Crecieron buscando a su padre, extrañando el abrazo de papá antes de dormir.

Florencio y la alcaldía indígena
Era 1978 y los pobladores de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, estaban entusiasmados.

Había llegado al poder la primera alcaldía compuesta en un 99 por ciento por indígenas, algo que no había pasado antes. El alcalde era Felipe Álvarez Tepaz y el Concejal primero Florencio Chitay. Ambos tenían planes renovadores e ideas frescas para el progreso del pueblo, veían mejoras que antes sólo imaginaban. El equipo edil apoyaba los movimientos campesinos, las cooperativas y la reivindicación de sus derechos. Todo eso, en los años de guerra, era considerado como subversivo y sumamente peligroso.

Primero fueron cartas anónimas bajo la puerta. Felipe y Florencio las recibían sin intimidarse, “dejen el cargo” les exigían, pero eso no les hacía flaquear. En 1980 las cartas dejaron de aparecer y los intimidadores empezaron a actuar. Intentaron en varias ocasiones secuestrar al alcalde, lo consiguieron a finales de año. Felipe no apareció nunca más. Florencio, a pesar de las amenazas y el miedo, tomó el mando de la alcaldía.

Una tarde, cuando Florencio estaba en su hogar con sus cuatro hijos y su esposa embarazada, un jeep blanco pasó frente a la casa. Intentaron entrar pero la puerta estaba reforzada y no lo lograron. Dejaron de recuerdo y advertencia varios disparos en los portones. Era tiempo de salir.

La familia empezó entonces a vivir de casa en casa, a albergarse cada noche en una residencia diferente. A suplicar ayuda a los familiares y a los amigos. Florencio llegó incluso a dormir en el campo, sin techo ni cobija. Pasaron más de cuatro meses, así, sin un sitio fijo, temiendo una emboscada en cada esquina y rogando al cielo que el padre pasara un día más con vida.

Hasta que llegó la gota que colmó el vaso. Los que les perseguían lograron entrar a la casa.

Juntaron todas las pertenencias de la familia en el cuarto más grande y le rociaron gasolina. Las llamas arrasaron con los libros, los cuadernos de la escuela, la ropa, las camas, los muebles, las escrituras de la tierra. Lo que quedó intacto los delincuentes lo cargaron en el camión de Florencio y se lo llevaron. Cuando la familia volvió lo habían perdido todo. Los dejaron con lo puesto. Florencio no resistió más y renunció a la alcaldía, valía más preservar la vida que intentar cambiar la realidad de un país que se empeñaba en seguir sumido en la violencia. Era hora de empezar una nueva vida.

Decidieron migrar a la capital, buscar empleo y conseguirles escuela a los niños. El mayor tenía 15 años y la menor 8 meses. Estaban conscientes de que no sería fácil. Aparte de mudarse a un sitio desconocido había que librar los obstáculos del camino: puestos de registro.

Los padres y el hijo mayor emprendieron el viaje a pie. Escondiéndose en el monte, aguantando la sed, el sol calcinante y el ardor en los pies. Los menores viajaron con un primo que los hizo pasar por hijos suyos. La madre iba todo el camino preguntándose si los niños irían bien, si la bebé estaría tranquila y deseando el momento de volver a verlos.

Al llegar se instalaron en una pequeña vivienda en la colonia Florida, de la zona 7. La madre vendía tortillas y el padre consiguió empleo en un taller de reparación de refrigeradoras.

“Pensamos que ya había acabado todo”, recuerda Pedro, el segundo de los hijos que en ese entonces tenía 12 años, no comprendía muy bien lo que pasaba, por qué se ensañaban con su padre, que era gente honesta. “Él pensó que al renunciar a la alcaldía lo iban a dejar en paz”.

La mañana del 1 de abril de 1981, la familia se levantó temprano. La madre empezó a preparar la comida y el padre salió a comprar leña. Esmeterio, de cinco años, pidió a su padre ir con él y Florencio lo tomó de la mano. Caminaron unas cuantas cuadras, hasta el puesto donde vendían leña. Era una mañana tranquila, no pasaban de las siete y las calles estaban desiertas. Frente al local, un jeep blanco se detuvo. Un jeep blanco como el que antes había disparado contra su casa, en Chimaltenango, un jeep blanco que parecía estar dispuesto a encontrarlo aun así se fuera del país. Florencio intentó resistirse, pero el arma en la sien de su hijo le dejó inmóvil.

El niño corrió a casa a contarle a la madre y entonces ella y los hijos mayores volvieron al lugar donde secuestraron al papá. El dueño del puesto de leña les contó todo lo que había visto y les dio señas del vehículo. Fueron a la estación de policía, fueron a muchas partes. Al día siguiente el partido Democracia Cristiana (DC) salió en rueda de prensa denunciando el hecho, exigían que devolvieran vivo a Florencio. Claro está, no les hicieron caso.

Ese día empezó la búsqueda. Pero esas búsquedas suelen ser peligrosas, porque si se encuentra algo que alguien no quiere que se encuentre, se puede perder la vida. Desde entonces el hermano mayor se dedicó a trabajar para ayudar a la familia. Raquel Blandón de Cerezo les pagó el cuarto que alquilaban por un tiempo. Pero el hambre acechaba y no había suficiente para vivir. La madre decidió volver a la aldea, a casa de sus padres, a refugiarse en el hogar de los abuelos con los niños asustados y el corazón hecho trizas.

Allí tampoco hallaron paz. Una noche, militares entraron a la tienda, el negocio de los abuelos, y lo incendiaron. Los Chitay lograron esconderse detrás de la casa, pero otra vez estaban acosados. Parecía que no les devolverían su vida nunca.

El hermano mayor se quedó en la ciudad, trabajando de día y estudiando de noche. Pero un día, unos tipos armados entraron a la escuela preguntando por él. El director le alertó y lo ayudó a escaparse por los tejados. No pudo volver a la escuela. De allí trabajó de lustrador, de ayudante de ruletero, de todo cuanto pudiera hacer para aliviar un poco los problemas económicos de la familia. Ahora la lucha era por sobrevivir, por encontrar al padre poco podía hacerse.

Volvieron a la casa incendiada, a tratar de reconstruirla. La madre hacía atoles, chuchitos y tamales para vender. Los hijos mayores lustraban zapatos y trataban de compaginar los estudios con el trabajo, para no dejar nunca la escuela.

La lucha en la corte
En 2005 Pedro Chitay se decidió a llevar la historia de su padre a un tribunal internacional. Después de más de 20 años sin conseguir ningún resultado con las autoridades guatemaltecas, era el momento de demandar al Estado, de exigirle que entregara los restos de Florencio, que dijera qué pasó y que terminara de una vez por todas con la incertidumbre de la familia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la petición. Pero el Estado guatemalteco opuso resistencia, alegando para que el caso no pasara a la corte y se resolviera internamente.

Primero el Estado alegó que no existía una denuncia en el Ministerio Público y que por lo tanto no habían agotado todas las instancias locales para conseguir justicia, uno de los requisitos para que la CIDH reciba un caso. Pero los Chitay tenían pruebas, pusieron una denuncia en 1981 en la Policía; el partido Democracia Cristiana lo denunció por televisión y en 2005 interpusieron un recurso de exhibición personal. Las autoridades tenían pleno conocimiento de la desaparición y no hicieron nada.

“Nuestro gran problema era con el Ministerio Público”, recuerda Frank La Rue, que en 2005 era director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), quienes representan al Estado en las cortes internacionales. “Los abogados pedían al archivo del MP si había denuncia y seguro allí les contestaron una notita diciendo que no había denuncia y entonces fue cuando ellos pidieron a la Corte que no aceptara el caso y que se fuera al plan de resarcimiento”, agrega. Los Chitay no se dieron por vencidos y el Estado tuvo que reconocer que sí existía denuncia, pero que pasó al lado de muchas otras, llevando polvo en los archivos.

El Estado pidió que los peticionarios se acogieran al Programa Nacional de Resarcimiento. De nuevo los Chitay demostraron que el programa no tenía bases sólidas y que con el cambio de Gobierno podía venirse abajo. “Ahora el Programa de Resarcimiento ya funciona bien.

Reconozco que en el gobierno de Berger no funcionaba, se pedían muchos requisitos, pero Rosalina Tuyuc y yo luchamos porque fuera más fácil”, cuenta La Rue. Esta vez el Estado no tuvo nada más que decir y la Corte aceptó la demanda. En abril pasado le notificaron a Pedro Chitay que la Corte demandaría a Guatemala por la desaparición de su padre.

Algo sorprendente de la historia es que los Chitay hicieron todo solos. Ayudados por una abogada, Astrid Escobedo, y armados de valor se enfrentaron al Estado y le ganaron, lograron irse a la corte en abril de este año. Allí se decidirá si Guatemala violó o no los derechos de la familia y si asesinó a Florencio Chitay.

Pedro Chitay había querido demandar desde hace mucho, pero su madre no se lo permitía. El miedo de aquellos días le quedó guardado en la piel, ya había perdido a su esposo y temía que le arrebataran también a un hijo. La madre falleció y los hermanos se decidieron a buscar justicia.

“Lo único que queremos es que se recuerde su nombre, que se sepa la gran persona que era él y lo mucho que quería ayudar a su pueblo”, dice Pedro.

Pedro recuerda muy bien a su padre, lo dejó de ver cuando él tenía apenas 12 años, pero nunca olvida sus consejos: “Siempre nos decía que no importara qué pasara, nunca dejáramos de estudiar, aunque fuera difícil, había que hacerlo”. Pedro siguió el consejo y ahora tiene dos licenciaturas, una maestría y está a punto de graduarse de doctor.

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