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Cultura política dominante en Guatemala
Por Mario Sosa - Guatemala, 10 de septiembre de 2007
mariososav@yahoo.com

Segunda parte

En la primera parte de este texto -publicado por Albedrio el 3 de octubre- se aportó una aproximación teórica al tema cultura política. En esta segunda parte se pretende dilucidar algunas de las características de la cultura política dominante en Guatemala a partir del caso de los partidos políticos, el cual ilustra la temática aunque sin agotarla.

*****

EL CASO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Al analizar las características de la cultura política en Guatemala, se observan práctica orientadas a desarrollar procedimientos democráticos, de inclusión, de crítica y autocrítica, dirigidos al cambio y la transformación social, etc. No obstante, resulta evidente el predominio de una cultura política cuyas concepciones y prácticas están lejos de contribuir al desarrollo o transformación del sistema político en su más amplia acepción y, menos aun, interesados en generar cambios al sistema económico y social imperante. Todo lo contrario, es generadora de estancamiento y deterioro del sistema democrático liberal representativo que, en tanto modelo de organización y participación política, está contenido y se reproduce con este tipo de cultura política.

En este marco, los partidos políticos constituyen las instituciones políticas privilegiadas por dicho ordenamiento democrático liberal, para ser los canales para la organización y agregación de intereses, para la representación de las clases, sectores y pueblos constitutivos de la nación, para la intermediación política entre el Estado y la sociedad, así como para ser los instrumentos a través de los cuales se compite por hacer gobierno.
Un primer análisis de la realidad de los partidos políticos nos lleva a observar que los partidos políticos presentan serias deficiencias en su institucionalización. En principio, la mayoría de partidos políticos nacen, crecen y mueren a partir del caudillo o caudilla que generó, impulsó o fue útil para articular políticamente y llevar a cabo cierto proyecto político, generalmente de corto o –a lo sumo- de mediano plazo, haciendo generalmente de los partidos, actores de corta duración en el tiempo y en el espacio. A esto se suma el tipo de directivos y liderazgos dominantes, marcados por sus intereses de clase social dominante, por criterios y prácticas caudillistas, comandantiles, gerencialistas, lo cual genera, al mismo tiempo, condiciones para el surgimiento de prácticas gubernamentales elitistas y autoritarias. Por otro lado suelen observarse prácticas de nepotismo, en donde parientes cercanos de líderes y financistas integran los órganos de poder internos y las posiciones privilegiadas en los listados de candidaturas. Esto impide que se registre representatividad y, menos aun, representación de sectores y pueblos históricamente marginados, tales como los trabajadores, indígenas, mujeres y jóvenes.

Los procesos organizativos e institucionales que la legislación y reglamentación electoral definen, en pocos casos son desarrollados a partir de criterios democráticos y permanentes dentro de los partidos políticos. Así, por ejemplo, es fácilmente observable como la mayoría de partidos políticos optan por no organizar filiales en todos los municipios y departamentos donde les es posible; esto con el objetivo de poder definir, desde la centralidad del poder y del centralismo capitalino, las negociaciones político-financieras y los candidatos para cada elección en el municipio y departamento.

No obstante que los partidos están llamados a conformar un número mínimo de filiales partidarias a nivel municipal y departamental, dicha organización no necesariamente pasa por la agregación de intereses colectivos; generalmente se impulsa el vínculo de líderes, caudillos y financistas locales que, en la mayoría de los casos no agregan los intereses comunitarios, locales y sectoriales que dicen representar. Antes que eso, circunscriben su acción política a intereses personales propios y de los allegados al partido, tales como: la obtención de cuotas de poder para la gestión de sus negocios, gestión político-partidario de empleo, enriquecimiento personal a través de la ocupación de cargos públicos, etc. Los partidos, de hecho, se han convertido en agencias de empleo, comercios para la compra y venta de candidaturas y canales para el tráfico de influencias, más que representantes e intermediarios entre la sociedad y el Estado. Esto se comprueba, además, cuando se determina el escaso apoyo electoral que reciben, inclusive los partidos ganadores en el ámbito local y nacional, y cuando en la cotidianeidad del proceso político son otros los actores (como las ONGs, los COCODES, los gremios empresariales, entre otros) que cumplen en mayor medida con demandas y acciones de intermediación hacia el Estado.

En este mismo orden de ideas, la función que en todo caso cumplen a cabalidad los partidos políticos es la de ser instrumentos para la competencia y el relevo gubernamental y, parcialmente, las funciones de representación e intermediación de los intereses de elites de poder político y económico, legales e ilegales. En efecto, más allá de lo anterior, los partidos políticos encuentran una determinación desde los poderes económicos, militares e, inclusive, religiosos e ilegales, y no digamos extranacionales observables cuando candidatos presidenciales visitan la embajada estadounidense para buscar la bendición imperial.

Es evidente, además, que los partidos no compiten por el poder del Estado, sino por el gobierno. En un contexto como el guatemalteco, en donde las políticas públicas fundamentales son definidas desde el extranjero (por poderes imperiales y empresas transnacionales), por las grandes elites corporativas nacionales y hasta por castas militares y mafiosas, los partidos políticos son las piezas a través de las cuales se participa en el juego de la competencia electoral, lo cual resulta evidente cuando se registran intereses organizados financiando a las principales opciones electorales al mismo tiempo.

A lo anterior, debe agregarse que el sistema de partidos políticos se caracteriza por el multipartidismo, es decir, una cantidad de partidos políticos que ingresan a la arena política, que se ubican –por su práctica— desde la centro izquierda a la extrema derecha, y que suelen ocultar su definición ideológica real. En este marco, la mayoría de partidos políticos, aquellos con mayor importancia y peso político en el proceso de los últimos 53 años, están ligados a corrientes de pensamiento conservadoras (liberales, neoliberales, democratacristianas, socialcristianas, socialdemócratas, militaristas, fascistas, etnicistas, de “centro” y los que no son “ni de izquierda, ni de derecha, sino todo lo contrario”), a intereses (de grupos familiares corporativos, grupos de militares y ex militares, grupos de nuevos empresarios en asenso, entre otros) y prácticas que reproducen el establishment.

La inexistencia de polos ideológicos opuestos, que se manifiesten como las principales fuerzas políticas, ha conllevado que las fuerzas de derecha no requieran anticuarse en un solo partido. Ante que eso, sus intereses como grupos corporativos les ha llevado a constituir diversos partidos políticos, los cuales suelen cambiar dependiendo de sus conveniencias económicas y electorales. Esto explica, en parte, que los partidos políticos registren un constante fraccionamiento y que sus integrantes (directivos, candidatos, funcionarios públicos, cuadros medios, militantes y afiliados) suelan transcurrir entre una y otra organización política, recurriendo al transfuguismo y al camaleonismo, especialmente cuando sus intereses personales o particulares no son satisfechos.

Durante las campañas electorales, además, es común observar carencia, debilidad o insignificancia de las propuestas programáticas. Generalmente el contenido programático y propositito está ausente, imponiéndose el marketing, la acusación, la violencia verbal y física. Se imponen, además, las prácticas clientelistas, con las cuales se busca comprar y comprometer a la ciudadanía a través del pago del voto, de la amenaza para no realizar o continuar determinado proyecto comunitario, de la promesa de empleo al momento de llegar al gobierno o entidad pública, etc. Un juego en donde también la ciudadanía -justificada o injustificadamente- participa conscientemente de dicha relación política, con lo cual quedan relegados permanentemente los problemas y necesidades sociales fundamentales.

Los partidos políticos, entonces, carecen de una de las cualidades que la teoría les asigna: el ser canales para la participación del pueblo en la gestión del poder político. No obstante que la membresía a los partidos asciende a más del 5% de la población mayor de 18 años, cualitativamente los partidos desarrollan un conjunto de prácticas que limitan la participación democrática y participativa, especialmente de sectores y pueblos históricamente excluidos y marginados. La imposición de los intereses de los financistas, las candidaturas a partir de la posibilidad de aporte financiero de los candidatos, las decisiones de cúpulas, etc. hacen que este tipo de organización política sea dominada por concepciones y prácticas antidemocráticas y, por consiguiente, que impiden la participación democrática en la toma de decisiones partidarias y en la conducción de la gestión gubernamental.

Este conjunto de elementos que caracterizan en general la cultura política dominante en los partidos políticos guatemaltecos genera la existencia de un alto grado de desprestigio ante la ciudadanía. En el estudio titulado “Un Estado, Otra Nación: ciudadanía e intermediación política en Guatemala” (Ramos y Sosa, INGEP/URL: 2007), realizado en ocho municipios del país, se determina la existencia de una ciudadanía cuya percepción relativa a los partidos políticos es negativa y crítica. Por ejemplo, en Quetzaltenango sólo el 2% observa a los partidos políticos como actores de poder en el municipio y el 15% les asigna poder en el ámbito nacional; sólo el 1% considera que contribuyen al desarrollo del municipio y del país; sólo el 1% menciona a los partidos políticos como instancias que representan mejor sus intereses y sólo el 2% los identifica como intermediarios de sus intereses ante el gobierno municipal y el gobierno nacional respectivamente. Adicionalmente, la mayoría de quezaltecos califica de malo y muy malo el papel de los partidos políticos con relación a sus funciones de representación, intermediación, educación ciudadana, comunicación con la ciudadanía y búsqueda de solución a los problemas del país.

Asimismo, lo que se evidencia en el proceso nacional es que la ciudadanía, al mismo tiempo que los cuestiona, en procesos electorales se liga a los partidos políticos a través de su adherencia, militancia y clientelismo. Asimismo, la mayoría acude a votar por partidos y candidatos que suelen ser objeto de cuestionamiento.

Así las cosas, sin una alternativa política organizada con posibilidades de reorientar la concepción y práctica ciudadana, la hegemonía generada por el conjunto de fuerzas del establishment sigue siendo el engranaje que reproduce la vinculación del ciudadano en general con el sistema político y con la cultura política dominante, en este caso concretada en los partidos políticos. Asimismo, se determina que los partidos políticos en general, más que se generadores de una cultura política anti democrática, la cual, no obstante, es la cultura política que caracteriza y garantiza –hasta el momento- la reproducción del sistema democrático liberal representativo que impera.

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