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Repensar el régimen político guatemalteco
Por Mario Sosa* - Guatemala, 25 de septiembre de 2019

A quienes basan su pensamiento en la certeza de lo simple y, además, de lo inmutable les resulta complejo pensar en un régimen político que trascienda las normas, valores, actores e instituciones legados por el liberalismo —el más conservador, por cierto— como fuente desde la cual se instituyó en la Constitución Política de 1985.

Dicha constitución ha sido vehículo para la continuidad de un Estado-nación pensado desde élites de poder, cuyo paradigma está afincado en un modelo de comunidad homogénea inexistente y que se impone a través de un apartheid de carácter étnico y clasista sutil, cuando no represivo.

Ese pensamiento simple y estrecho no permite sino concebir como sujeto de la democracia al ciudadano, sinónimo de individuo individualizado, así como las formas de representación política y de cambio de autoridad correspondientes a las figuras fetichizadas del partido político y a las competencias electorales de mercado —en sentido de transa política y financiera—. Ese pensamiento oculta que tales definiciones, en su concreción, han sido objeto de captura por élites de poder que, al hacer fraudulenta la competencia y convertir el partido en simple empresa electoral, tienden a negar los derechos del ciudadano al que dicen representar y suplantan al pueblo en tanto poder soberano.

Mucho más complicado resulta para quien piensa desde esa cerrazón que el Estado pueda ser rediseñado en su normativa, institucionalidad y políticas de modo que garantice bienestar y felicidad a las grandes mayorías de tal ciudadanía. Por ejemplo, rechazan de tajo el reconocimiento de fuentes diferentes de derecho, de formas asamblearias de toma de decisiones y elección de autoridades locales y regionales, de una nueva división política administrativa y del traslado de competencias a nuevos ámbitos políticos a escala local y regional. Más allá, tales propuestas son señaladas de ser un atentado contra el orden constitucional, contra la «unidad nacional», y una intentona secesionista.

Ese pensamiento, creyéndose moderno (una modernidad por demás occidental, colonial, cientificista), está cuasipetrificado en el tiempo por aquellos que, manteniendo capturado el Estado, imponen sus intereses, identidades e ideologías, así como por aquellos intelectuales y centros de reproducción del pensamiento hegemónico que se niegan en general a los más mínimos movimientos más allá de sus concepciones, con lo cual, a lo sumo, logran pensar en reformas que gestan cambios para que nada —en esencia— cambie mientras estrechan filas para negar las más mínimas reformas democráticas. Todo ello, para garantizar su condición de grupos privilegiados, hegemónicos, dominantes.

Es en estas élites (y en el pensamiento que reproducen por convicción y conveniencia) donde se encuentran los nudos históricos que impiden pensar un nuevo Estado que, basado en una comunidad política reconceptualizada como de unidad en la diversidad de pueblos y sectores diferenciados, reconozca que la ciudadanía trasciende al individuo, quien, no obstante, se potencia en sus derechos y realizaciones en el marco de su comunidad y colectividad de identidad y pertenencia. Una unidad sobre nuevas bases que fortalecerían la nacionalidad, el Estado compartido y, por consiguiente, la soberanía como sustento para enfrentar poderes internos y externos que lo mantienen secuestrado.

En el mismo sentido, un nuevo régimen político donde se reconozca y potencie la complementariedad de diversos sistemas jurídicos en dirección a garantizarnos el goce de derechos y el ejercicio de justicia reparativa, y no solo punitiva. Un régimen donde puedan combinarse las instituciones partidarias y las elecciones como las conocemos con otras formas de consulta, decisión y representación política de pueblos y sectores sociales representativos. Que también reconozca ámbitos de autonomía o autogobierno para el ejercicio de derechos colectivos, en los cuales se asignen constitucionalmente competencias para el desarrollo de políticas basadas en variables étnicas y territoriales.

Pero, claro, pensar en esta alternativa implica dejar de lado el pensamiento simple, estrecho y petrificado en una idea única de derecho, que niega la configuración de la sociedad, el territorio y otras fuentes (sociales, culturales, políticas y jurídicas) para un cambio en el ordenamiento jurídico y en el sistema político que nos permita la construcción de una casa común —hasta ahora inexistente— y la igualdad y el bienestar en la diversidad para todos los seres humanos que coexistimos en este importante e insignificante espacio y momento del universo.

* Investigador en el Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar.


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