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Gestión democrática o autoritaria: dilema del gobierno de Giammattei
Por Mario Sosa* - Guatemala, 2 de diciembre de 2019

Alejandro Giammattei asumirá la conducción del Gobierno nacional de un país cuyas condiciones de vida se deterioran producto de un modelo económico atrasado, deficiente, deficitario en lo productivo, excluyente, impuesto y expulsor en lo social, con una economía en crecimiento sostenido de alrededor del 3.4 %, cuyos beneficios se concentran en una clase dominante voraz mientras el 62.4 % de los guatemaltecos subsisten en pobreza multidimensional y las capas medias tienden a sentir cómo sus condiciones de vida se deterioran.

Cualquier gobierno con voluntad de cambio asumiría la responsabilidad de transformar un modelo que se reproduce a costa de sacrificar la soberanía alimentaria de la población, de mantener a uno de cada dos niños menores de cinco años con desnutrición crónica, de expulsar del país a miles y miles de jóvenes y niños: un modelo dependiente del flujo de remesas, que rondan el 11 % del producto interno bruto y sin las cuales estaríamos en una crisis todavía más profunda.

Un gobierno coherente se vería ocupado de inmediato en el cambio de políticas permisivas del saqueo de los bienes comunes y públicos, que mantienen una carga tributaria regresiva (del 9.9 % para 2018), que avalan salarios que impiden cubrir el costo de la canasta básica alimentaria (que asciende a Q3,600). Es decir, políticas que privilegian los intereses de las élites económicamente poderosas.

Un gobierno bien documentado sabría de la insostenibilidad del actual régimen político, cuyas normas e instituciones impiden la representación e intermediación de las mayorías sociales, cuyas necesidades sociales carecen de políticas públicas que las satisfagan. Esto, debido a que tales normas e instituciones han sido diseñadas y son controladas por poderes económicos, políticos y militares que oscilan entre la legalidad y la ilegalidad en función de aumentar sus márgenes de ganancia y enriquecimiento. Esto explica la ausencia de políticas estratégicas y de recursos suficientes para atender los problemas fundamentales del país e incluso para resolver urgencias, emergencias y catástrofes sociales y ambientales.

Giammattei toma el control del aparato gubernamental después de cuatro años de una administración desastrosa, que contribuyó al acumulado de problemas históricos y coyunturales que caracterizan al Estado, como aquellos relativos a la captura de las instituciones, a la corrupción y a la impunidad. Al respecto, deberá tomar la decisión de romper con estas relaciones que atentan contra el interés público para no acumular un desgaste que lo puede llevar al deterioro de la mucha o poca legitimidad con que cuente al inicio.

Muy probablemente, desde el comienzo del nuevo gobierno habrá peticiones y gestiones, así como reclamos y protestas. Si el nuevo gobierno tiene el más mínimo conocimiento teórico y empírico de la problemática, sabrá que las concreciones del modelo económico y las políticas de Estado provocan el rechazo de comunidades, pueblos y movimientos sociales. Sabrá que estas reacciones se originan de las afectaciones que estos enfrentan, así como de la falta de respuesta a sus derechos, demandas, reivindicaciones y propuestas. Así las cosas, también sabrá que, sin una gestión gubernamental democrática y de solución a los problemas sociales, la protesta social se mantendrá y posiblemente se incremente.

Esperemos que el nuevo gobernante recuerde su carácter de funcionario público y su obligación de instituir e implementar políticas que trasciendan el exclusivo enfoque e interés empresarial, que ha sido la tónica de los últimos gobiernos. Contrariamente, que decida la implementación de políticas generales y sectoriales que atiendan y den solución a las necesidades y problemas sociales prioritarios.

El gobierno de Giammattei deberá decidir el tipo de respuesta que dará a la protesta social sabiendo que tendrá dos opciones: instituir una política de diálogo, negociación y gestión de políticas públicas que resuelvan las demandas sociales o recurrir a medidas de control, criminalización, judicialización y represión. Si esto último sucede, el mismo gobierno estaría contribuyendo a un nuevo momento crítico en el país. Esto sucedería en un contexto donde subsisten causas sociales e institucionales que han sido el sustrato de las crisis que antecede a este momento. Si así sucediera, podría instalarse un escenario muy parecido al que se observa en países latinoamericanos como Colombia, Chile, Ecuador, Brasil u Honduras, cuyos gobiernos insisten en la aplicación de medidas de corte neoliberal y autoritario.

* Investigador en el Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar.


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