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Alternativa a las redes mafiosas en la USAC
Por Mario Sosa* - Guatemala, 8 de marzo de 2021

¿Qué implicación tiene la captura del rector Murphy Paiz y del exrector Estuardo Gálvez para la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)? ¿Cuál es la mejor opción para expulsar de raíz las redes mafiosas que se reproducen en dicha casa de estudios y que se vinculan con las estructuras criminales que forman parte de la configuración mafiosa del Estado?

Sin duda alguna, las recientes capturas de Paiz y Gálvez constituyen hechos que permiten determinar el grado de control que las mafias mantienen en el gobierno universitario. Al respecto, es conocido cómo se articulan y las estrategias clientelares que despliegan en los distintos procesos eleccionarios para garantizarse el control de decanaturas, juntas directivas y direcciones de buena parte de facultades, escuelas y centros regionales. Es un secreto a voces cómo tales mafias han convertido los presupuestos, las obras y los proyectos universitarios en un botín para su enriquecimiento personal y cómo algunas de sus expresiones constituyen grupos criminales que mantienen cautivo el mercado universitario para la implementación de sus negocios ilícitos de distinto orden: desde la venta de exámenes y de títulos hasta el negocio de drogas y el robo de vehículos.

Pero todos los anteriores son juegos menores si se considera que quienes encabezan tales mafias forman parte de engranajes políticos a nivel nacional al integrar estructuras como las denominadas comisiones paralelas 2020, de las cuales formarían parte Paiz y Gálvez. Tales mafias integran, en cada momento, redes partidarias y grupos que compiten por decanaturas, por colegios profesionales y por representaciones en organismos estatales donde la USAC participa, tales como la Junta Monetaria, la Corte de Constitucionalidad y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otros. Es en esos ámbitos donde participan en la captura del Estado, que cada vez más rápido es configurado como un aparato mafioso por quienes lo dirigen y por los intereses plasmados en la ley emitida y en la definición e implementación de la política pública.

Sin duda, el rector y el exrector son apenas las cabezas coyunturales de tales mafias. Más temprano que tarde estas se reestructurarán y muy probablemente mantendrán el control del gobierno universitario en el corto plazo. Esto es verdad, tanto como el hecho de que dentro de la universidad existen unidades académicas que se escapan de su control, grupos mayoritarios de estudiantes, profesores y trabajadores que resisten y luchan para impedir que estas mafias se impongan en la actual elección de representantes de la USAC a la Corte de Constitucionalidad y para avanzar en el objetivo de transformar los procesos políticos, administrativos, docentes, de investigación y de extensión universitaria.

La coyuntura actual de la USAC es sin duda delicada. Además de lo dicho, los sectores que históricamente han pretendido su privatización y cercenar su autonomía están al acecho para avanzar en tales propósitos. Son tales sectores los que han venido atentando contra el presupuesto que legal y legítimamente le corresponde, útil para continuar formando profesionales capaces y éticos, para el impulso de la investigación científica y crítica y para el despliegue de diversas acciones de extensión universitaria orientadas a sectores desfavorecidos de la sociedad. Es en esto donde se encuentran el quehacer coherente de la única universidad pública y las manifestaciones radicalmente diferentes a las que se expresan en las mafias en cuestión.

En este contexto es evidente la necesidad de desterrar las mafias de la vida universitaria. Pero ello trasciende la necesaria investigación y el procesamiento judicial de quienes las integran. Hará falta, sobre todo, que se concrete el proceso de reforma universitaria, marco en el cual deberán impulsarse las transformaciones en materia de docencia, investigación y extensión, tanto como la democratización y la transparencia de su gobierno y administración, de manera que se preserven su carácter público y su autonomía. Y, claro está, para garantizar el cumplimiento de su misión, delineada en la búsqueda de solución a los históricos, estructurales y graves problemas nacionales.


* Investigador en el Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar.


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