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Matando cabos
Por Marco Vinicio Mejía - Guatemala, 15 de julio de 2004

La frecuencia de desapariciones y asesinatos de mujeres en Guatemala condujo a que Naciones Unidas enviara una relatora especial para investigar la situación de violencia a que está expuesto ese género en el país. La relatora, Yakin Ertürk, afirmó que entre 2001 y 2003 hubo 1,049 asesinatos en Guatemala. De ésos, 383 fueron en el último año, 306 quedaron sin resolver y 200 eran mujeres entre los 13 y los 30 años.

Durante el decenio 1993-2003 hubo 4,000 mujeres trabajadoras y estudiantes desaparecidas en ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. Según Amnistía Internacional, 327 de ellas aparecieron torturadas, violadas, mutiladas y ultimadas, después de ser secuestradas y sus cuerpos abandonados en lotes baldíos.

En ambas geografías del dolor habría que encontrar la madeja histórica en la apertura de las puertas al crimen organizado y al narcotráfico a gran escala. Esa razón profunda se agravó con las políticas de hambre y desempleo del "neoliberalismo". Una de las variaciones de la corrupción ha sido considerar a la mujer como una mercancía más, explotándola de manera integral y aprovechándose todo de ella, hasta su muerte.

Hasta antes de noviembre de 2001, en que se encontraron ocho osamentas de mujeres en ciudad Juárez, la atención de los medios informativos se reservó a las páginas de la nota roja. Sólo algunos periodistas independientes alertaron desde mediados de los noventa que no se trataba de "crímenes comunes", sino de un patrón de exterminio contra mujeres jóvenes, morenas, trabajadoras de maquiladoras, abusadas sexualmente, y que la falta de investigación culpabilizaba al gobierno estatal.

La frecuente visita de organismos internacionales, como la CIDH, la ONU o Amnistía Internacional provocó el crecimiento del escándalo y junto a él la criminalización de ciudad Juárez como asunto fronterizo, si bien se trataba de una emergencia nacional. Los medios informativos dejaron de denominar a las víctimas como "las muertas de Juárez" para calificar el feminicidio. El cambio conceptual obedeció a que no son sólo "muertas", cuyos cuerpos son hallados en circunstancias sospechosas, sino crímenes de odio contra mujeres pobres que, por el hecho de serlo, parecen destinadas a ser secuestradas, violadas, mutiladas y arrojadas en descampados, además de ser ignoradas o relativizadas por las autoridades policíacas.

No existe certeza sobre el número cabal de crímenes ni sobre la identidad de las víctimas, pero aparecieron los nombres de presuntos implicados. Sergio González Rodríguez, en su libro Huesos en el desierto (ANAGRAMA, 2002), resultado de casi una década de investigaciones, señaló los nombres de un "grupo importante de poder que debe ser investigado por presuntas responsabilidades, en una suerte de fraternidad criminal". Las personas mencionadas son Valentín Fuentes Téllez; Tomás Zaragoza Fuentes, del Grupo gasero Tomza; Arnoldo Cabada, concesionario de televisión; Miguel Lerma Candelaria; Miguel Fernández, concesionario de una embotelladora, y Manuel Sotelo, de la Asociación de Transportistas de ciudad Juárez.

" Comencé a interesarme en los homicidios contra mujeres en ciudad Juárez durante 1995 (...). Y hallé un rastro de sangre. Desde entonces, lo he seguido", afirma González Rodríguez. Ese autor sostiene que el "móvil general (de los asesinatos) refiere a un rito homicida de contenido sexual que sirve para cohesionar, fraternizar y garantizar el silencio de quienes pertenecen a su secreto: una mafia muy influyente".

Llama la atención que el anterior representante de Tomás Zaragoza Fuentes en Guatemala, su compatriota Alfredo González, fue acusado de delitos penales en México, y su sucesor en las empresas Gas Metropolitano, Tropigas y Guategas, el igualmente mexicano Alfredo Esparza, ha sido señalado por los sindicalistas Juan Carlos Aguilar y Julio Montúfar, del Grupo Tomza, de acoso sexual y violación a su ex secretaria, así como de desmantelar el sindicato. Los trabajadores acusaron a esas compañías de vender gas propano con peso inexacto, por lo que calificaron a todos esos empresarios como "coyotes de la misma loma", a quienes se agregaría Enrique Zaragoza Ito, hijo de Tomás Zaragoza Fuentes.

El paralelismo entre el feminicidio y la hegemonía de los gaseros en ciudad Juárez y Guatemala es inquietante. Los nombres de los personajes mencionados han salido a la luz pública gracias a reportes e investigaciones periodísticas. Tanto el régimen de Vicente Fox como el gobierno de Óscar Berger no pueden hacerse los sordos y dejar que toda la investigación real quede en manos de los medios de prensa y no de las instancias de investigación criminal.

Tomado del diario La Hora - www.lahora.com.gt


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