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El dilema de Puerto Rico
Por Marco Vinicio Mejía - Guatemala, 9 de noviembre de 2004

El 2 de noviembre se realizaron elecciones en Puerto Rico. La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificó como nuevo gobernador a Aníbal Acevedo Vilá del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), que derrotó por estrecho margen al ex gobernador Pedro Rosselló, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP). Acevedo Vilá tuvo el 48.38 por ciento de los votos y Rosselló el 48.18.

La confirmación oficial del CEE se emitirá después del recuento que se realizaría a partir del 8 de noviembre. En el tercer lugar se colocó el candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos, con 2.7 por ciento de los votos. Ese partido arriesga perder el registro al obtener menos del 3 por ciento de los votos.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1952, con derecho a elegir un gobierno interno. Su política exterior y moneda están en manos de Estados Unidos, adonde envía un representante con voz pero sin voto.

Acevedo Vilá pretende mantener el estatus de Puerto Rico como Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Por su parte, Rosselló y su PNP intentan convertir a la isla en el estado 51 de la Unión.

La marcada división entre el electorado es ocasión para reflexionar sobre la esquizofrenia social de un "Estado Libre Asociado" cuya cultura se encamina, no sin agonía, a la disociación. Hasta ahora, parte de los análisis se centran en la defensa de un enclave de la "hispanidad" caribeña, amenazado de asimilación. El otro ángulo es desde la perspectiva latinoamericanista, promotora del proceso de transición política de la colonia a una neo-colonia, para contar con una base de soberanía nacional y una independencia que abran las puertas a una etapa de transformación social y económica poscolonial. Ambas posturas coinciden en la conveniencia de la reintegración de Puerto Rico al Caribe y el continente. Pero, su situación va más allá de esas perspectivas.

Puerto Rico se ha convertido en el nervio central de una red internacional de inteligencia, controlado por el FBI y la Policía local, en el que participan casi todos los países centroamericanos y caribeños. También, es bastión geopolítico y estratégico militar, mantenido por Estados Unidos para el control del Caribe y América Latina. En 1981, Jeanne Kirkpatrick advirtió a un grupo de puertorriqueños que proponían cambios en las relaciones con la metrópoli que "Puerto Rico no era ni un asunto doméstico ni internacional, sino un bastión geopolítico y estratégico militar no negociable". (Pensamiento crítico, junio-julio 1981).

El proyecto de redefinición de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos no sólo es una reforma de la relación colonial sino entraña cambios importantes en la seguridad militar del continente. Si quiere reorientarse la función de los ejércitos del hemisferio, es que éstos dejen de depender de los parámetros estadounidenses y coincidan en una concepción integral de seguridad.

La confusión entre defensa y seguridad no ha permitido impulsar una seguridad que consista en la ausencia de riesgos o amenazas físicas y gozar de las condiciones mínimas de ingreso, vivienda, salud, educación y otras. Los problemas planteados por la inseguridad económica, social y política no pueden solucionarse por la vía militar sino con políticas de desarrollo y redistribución de oportunidades de todo tipo.

A los ejércitos latinoamericanos se les presenta el desafío de una cooperación -en términos logísticos, de equipamiento y coordinación-, realizado de manera independiente a las conveniencias norteamericanas. El narcotráfico y las migraciones intracontinentales constituyen prioridades de la agenda de seguridad de los Estados Unidos, constituyéndose en temas militares de atención hemisférica. La seguridad ecológica también debe orientar el pensamiento y la práctica de las Fuerzas Armadas.

La situación de Puerto Rico no nos es ajena. No se trata de observar con indiferencia cómo se convierte en un Estado militarizado, un Estado Libre Asociado militarizado o una República militarizada. Es fundamental que los militares y civiles de Latinoamérica articulen un nuevo modelo, que permita pasar de la "seguridad nacional" a la "democracia como seguridad", exigiendo la multilateralización del caso puertorriqueño, como ocurrió en Nicaragua, Panamá, Belice y El Salvador.

Fuente: www.lahora.com.gt


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