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Todos somos Puerto Rico
Por Marco Vinicio Mejía - Guatemala, 18 de noviembre de 2004

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos ocultaron la realización simultánea de los comicios en Puerto Rico. El nuevo gobernador de la isla es Aníbal Acevedo Vilá, quien pretende mantener el estatus del Estado Libre Asociado de Estados Unidos y que derrotó por estrecho margen al ex gobernador Pedro Rosselló, que no ha cejado en sus intentos de convertir a la isla en el Estado 51 de la Unión. En un lejano tercer lugar se colocó el candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos, cuyo partido arriesga perder el registro al obtener menos del 3 por ciento de los votos.

La marcada división entre el electorado es ocasión para reflexionar sobre la esquizofrenia social de un "Estado Libre Asociado" cuya cultura se encamina, no sin agonía, a la disociación. La lucha por la identidad de Puerto Rico guarda repercusiones para todo el continente latinoamericano. A partir de la llegada de Cristóbal Colón en 1493, la isla de Borinquen permaneció bajo dominio español durante cuatro siglos. El reclamo emancipador puertorriqueño, iniciado en el decenio de 1860 condujo al Grito de Lares, el 22 de septiembre de 1868, dirigido por Ramón Emeterio Betancés, y al Grito de Yara, en Cuba, el 10 de octubre del mismo año, conducido por Carlos Manuel de Céspedes.

El ideal era establecer una Confederación Antillana vinculada al proyecto continental de inspiración bolivariana. Las figuras principales del discurso libertario que sostenía la importancia de las islas para el equilibrio del continente latinoamericano fueron Hostos y José Martí.

El puertorriqueño Eugenio María de Hostos (1839-1903) orientó su teoría y práctica hacia la libertad y dignificación de las Antillas, consciente de que con ello contribuiría a "fortalecer la independencia ya conquistada por los pueblos latinos de América y a asegurar el equilibrio continental". Su obra atestiguó la voluntad de transformación y autoafirmación de Puerto Rico como el "fragmento más débil" de las Antillas, sin perder de vista la problemática socio-político global de la llamada "Independencia Tardía".

La "utopía" de Hostos comprendía la organización y consolidación de la civilización en las jóvenes repúblicas latinoamericanas. También propugnaba por la independencia de Cuba, Puerto Rico y el afianzamiento de la emancipación de República Dominicana, a fin de establecer un Confederación Antillana que llegaría a constituir "el equilibrio del continente". Esta idea se anticipó a la formulación martiana de que "en el fiel de América están las Antillas". Hostos afirmó: "A Cuba, a las Antillas, a América, el porvenir de la civilización […] A todos y a todo conviene que el noble archipiélago, haciéndose digno de su destino, sea el fiel de la balanza […] sea ése el propósito de nuestra lucha, tanto de la de hoy por la independencia, cuanto la de mañana por la libertad."

Puerto Rico fue invadido por Estados Unidos el 25 de julio de 1898, como parte de la intervención en la guerra de independencia de Cuba contra España. El 10 de diciembre de 1898, al firmar el Tratado de París, España cedió a Estados Unidos sus derechos coloniales sobre el territorio insular, junto con Cuba, Filipinas y Guam. Desde entonces, todas las decisiones sobre Puerto Rico han sido adoptadas en Washington de forma unilateral. Durante los dos primeros años de ocupación estadounidense, la isla fue retenida como botín militar hasta 1903. La Ley Foraker permitió el reemplazo de la presencia militar por un régimen civil que implantó el inglés como lengua obligatoria en la enseñanza.

Al entrar los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917, la Ley Jones revocó la ciudadanía puertorriqueña e impuso la estadounidense, a pesar de la oposición de la Cámara puertorriqueña de delegados, en ese entonces el único cuerpo electo en la isla. La autonomía fue otorgada en 1952; desde entonces, no han sido reconsideradas las funciones de las autoridades en San Juan. La configuración de la nueva situación jurídico-política eximió a Estados Unidos de declarar ante la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas, al interpretar que el acuerdo ponía fin a la situación colonial. En 1967, la Comisión abandonó esa postura y en una resolución de la Asamblea General de la ONU ratificada en distintas oportunidades, se definió la situación de Puerto Rico como colonial y reconoció su derecho a la autodeterminación.

Durante la década de los ochenta, en respuesta a los movimientos insurgentes en Centroamérica, se endureció la política de defensa estadounidense hacia la región. La importancia estratégica del territorio insular se revalorizó, convirtiéndolo en un "Estado-enclave-militar", mantenido por los Estados Unidos para el control del Caribe y América Latina. El aeropuerto de la base militar de Vieques fue utilizado en la invasión a Granada, en octubre de 1983. En el campamento Santiago, al sur de la isla, se entrenaron regularmente fuerzas militares de países caribeños. La embajadora Jeanne Kirkpatrick aseguró a un grupo de puertorriqueños que proponían cambios en las relaciones con la metrópoli, que "Puerto Rico no era ni un asunto doméstico ni internacional, sino un bastión geopolítico y estratégico militar no negociable."

La crisis del modelo de desarrollo puesto en marcha en Puerto Rico en 1948, condujo al bloqueo político en Estados Unidos para evitar su "estatidad" o incorporación como nuevo Estado. Desde que Ronald Reagan llegó en 1980 a la Casa Blanca, con el objetivo de rescatar el liderazgo militar para Estados Unidos, Puerto Rico recuperó su condición de factor estratégico importante. El ex presidente Bush reiteró su preferencia por anexarlo como Estado, debido a su localización en el centro de la cadena de islas-naciones del Caribe.

El proyecto de redefinición de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos no sólo es una reforma de la relación colonial sino entraña cambios importantes en la seguridad militar del continente. La situación de esa isla no es ajena a los latinoamericanos. No se trata de observar con indiferencia cómo se convierte en un Estado militarizado, un Estado Libre Asociado militarizado o en una República militarizada. Es fundamental que los militares y civiles de Latinoamérica articulen un nuevo modelo, que permita pasar de la "seguridad nacional" a la "democracia como seguridad", exigiendo la multilateralización del caso puertorriqueño.


Desde la creación del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952, el eje de la política económica puertorriqueña fue el plan de desarrollo "Operación Manos a la Obra" (Operation Bootstrap) con el cual se transformó la estructura agrícola al promover su industrialización. Algunos autores lo consideran el antecedente de la estrategia económica desplegada por Estados Unidos en el Caribe y parte de América Latina durante las tres últimas décadas. Parte de esta estrategia han sido, en orden cronológico, la Alianza para el Progreso, el establecimiento de maquilas durante el período 1970-1980, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), y el TLC-NAFTA. (Tratado de Libre Comercio/North American Faire Trade Association).

El principal problema de Puerto Rico es la dependencia económica de Estados Unidos. Las compañías estadounidenses monopolizan los bancos, los transportes, el turismo y la manufactura de alta tecnología. La isla fue integrada al TLC sin oportunidades de negociar sus condiciones de ingreso, por lo que su situación es de una "integración subordinada": "las relaciones de integración producidas en Puerto Rico han sido forzosas, resultado -para empezar- de una invasión y ocupación militar prolongada, donde nunca existieron condiciones aceptables para una integración".

El impulso a la industrialización en detrimento de la agricultura generó una gran migración de las áreas rurales hacia la ciudad y aumentó el desempleo. Esto, a su vez, provocó la emigración masiva hacia el continente: 2.3 millones de puertorriqueños vivían en Estados Unidos mientras la isla contaba con 3.6 millones de habitantes. En 1990, el 60 por ciento de los pobladores de la isla y el 40 por ciento de los puertorriqueños del continente estaban cerca del nivel de pobreza establecido por Estados Unidos. A mediados de esa década, el 70 por ciento de la población recibía ayuda de los fondos federales de beneficencia pública.

La desfavorable situación económica en Puerto Rico se tradujo en un notable deterioro de la salud mental, un sistema educativo costoso y de rendimiento cuestionable, el aumento de la violencia familiar, malos servicios médicos y públicos y el alza del costo de vida. El ingreso per cápita de los puertorriqueños representa el 50 por ciento del de Misisipí, el Estado más pobre de la Unión. Los niveles de homicidios y de drogadicción se hallaban entre los más altos del mundo.

Este contexto económico condiciona la situación política de la isla. Tanto en el anexionismo como en la postura favorable al ELA subyace su gran dependencia económica de Estados Unidos: "Una isla con el 60 por ciento de su gente dependiente de cupones de alimentos y el resto trabajando en factorías de propiedad absentistas o en oficinas federales o apoyadas por programas federales, difícilmente puede esperarse que escojan un 'estatus' que arriesgue esta condición".

El apoyo a la anexión se fundamenta en la creencia de que esta fórmula garantizará que los desempleados y los pobres no pierdan los subsidios ni su capacidad de movilidad hacia el continente. Así, uno de los lemas anexionistas ha recordado que "la estatidad es para los pobres", entendiéndose por estatidad la transformación de Puerto Rico en un estado más de la Unión Americana.

La subordinación económica, la situación desfavorable de los países vecinos del Caribe, sumadas a la represión y persecución del movimiento independentista durante seis décadas, conforman algunas de las claves para descifrar por qué el pueblo puertorriqueño ha convertido su lengua y su cultura en un campo de lucha a la hora de decidir su "estatus" jurídico-político, polarizado entre dos opciones que, de una u otra manera, sostienen la continuidad de los lazos con la metrópoli.


Los principales logros boricuas en la consolidación de su identidad se refieren al campo de la lengua. En 1898, a pesar de los altos índices de analfabetismo y de pobreza, Puerto Rico contaba con una organización social compleja. Para María Vaquero, contrariamente a lo que esperaban encontrar las tropas norteamericanas invasoras, "el país no era una región a la deriva más o menos pintoresca, sino un pueblo con los elementos básicos de la nacionalidad, con fundamento histórico, conciencia política, fuerte arraigo en el cristianismo católico y el derecho romano y con un gran idioma común, de cultura universal."

En su intención de "norteamericanizar" la vida de la isla, Estados Unidos creyó que su aliado primordial sería una política lingüística. La imposición del inglés en áreas estratégicas como la educación y los tribunales de justicia, se concibió como instrumento capaz de acelerar el proceso de asimilación.

En 1902, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgó la "Ley de los Idiomas Oficiales", que establecía el uso indistinto de las dos lenguas. Esa disposición, lejos de beneficiar el uso de la lengua materna, legalizó la utilización de un idioma extranjero y abrió la posibilidad para su implantación. El inglés fue la lengua de enseñanza escolar a partir de 1905, pero el español continuó como el vehículo privilegiado de comunicación entre los puertorriqueños. Ante el fracaso del asimilacionismo, en 1942 se restableció el español en la enseñanza primaria y en 1947 en la secundaria. En 1965 la lengua vernácula se convirtió en idioma oficial de los tribunales puertorriqueños.

La condición del inglés como medio para lograr la asimilación cultural se invirtió en el uso cotidiano y familiar. La lengua se transformó en terreno de debates y enfrentamientos, convirtiéndose el español en un elemento irrenunciable de la identidad boricua. El 5 de abril de 1991, la Cámara de Representantes aprobó la Ley IV del Idioma, impulsada por el Partido Popular Democrático (PPD), por la cual declaró al español como única lengua oficial. Ese mismo año, el pueblo puertorriqueño recibió el Premio Príncipe de Asturias, como reconocimiento a su lucha por la defensa del idioma español.

Dos años después, el gobernador Pedro Roselló desconoció al español como lengua oficial. Más de cien mil personas, muchas de ellas intelectuales, se concentraron para protestar contra la imposición. El mismo gobernador convocó a referéndum en noviembre de 1993, consulta en que los partidarios de la anexión no pasaron del 46 por ciento mientras el porcentaje de quienes defendían la permanencia del ELA se quedó en 48.4 por ciento, cifras que dan una idea de la profunda división existente en el país. De esa manera, los puertorriqueños decidieron mantener las diferencias formales con sus conciudadanos estadounidenses. Los "estadolibristas" se impusieron por pequeño margen a los partidarios de la "estadidad".

El orgullo nacional, expresado en la consigna plebiscitaria a favor de "lo mejor de dos mundos" del estadolibrismo, se contrapuso a la esquizofrenia social de contar con "dos himnos, dos banderas, dos idiomas", después de la oficialización del inglés como idioma compañero del español, el 25 de enero de 1992. Si el camino no se allanó para que Puerto Rico se convirtiera en el 51º Estado de la Unión, la cultura isleña comenzó a encaminarse -no sin agonía-, a resultar disociada.

La consolidación del idioma vernáculo, como elemento basilar en la reivindicación de la especificidad cultural boricua, ha hecho que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Partido Popular Democrático (PPD, estadolibrista) y el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP, anexionista), definan la lengua española como aspecto irrenunciable en sus proposiciones de "estatus". Los tres partidos, que a su vez representan tres opciones para la isla, presentan la "identidad puertorriqueña" como fundamento último de su accionar político.

En marzo de 1998, el presidente William Clinton solicitó al Congreso de Estados Unidos conceder el derecho de autodeterminación al pueblo de Puerto Rico. La preservación de la lengua y la cultura de la isla no representarían un impedimento para la integración. María Vaquero señala: "aunque la afirmación cultural e idiomática es un hecho cierto, cien años de contacto con una cultura diferente han propiciado una sociedad flexible en cuanto a la comprensión y aceptación de valores ajenos, en sincretismo con los propios, tipo de sociedad lógicamente ausente en los primeros años de este siglo. Esta nueva actitud colectiva puede favorecer a la larga y con todas las sutilezas que se quiera, la desintegración paulatina e irreversible, sin que el mismo pueblo se percate de sus avances y consecuencias."

Una parte de los análisis se centra en la defensa de un enclave de la "Hispanidad" caribeña, amenazado de asimilación. El otro ángulo usual parte de una óptica latinoamericanista, promotora del proceso de transición política de la colonia a una neo-colonia, para contar con una base de soberanía nacional y una independencia que abran las puertas a una etapa de transformación social y económica poscolonial. Ambas posturas coinciden en la conveniencia de la reintegración de Puerto Rico a su órbita natural, en el Caribe y el continente latinoamericano.

La decisión puertorriqueña de mantener una actitud lingüística definida ha sido una reafirmación de su ser como pueblo. Esta conciencia nacional trascendió sus propias fronteras para integrar a una realidad que expresa la unidad de un conjunto de pueblos que son solidarios con su causa. Es una manifestación de la identificación con una cultura histórica. Manuel Alvar lo vislumbra con lucidez:

No es que una parcela de nuestro mundo proclame lo que es, sino que el conjunto de pueblos unidos por la misma lengua manifiesta gallardamente la conciencia de su ser. Y lo dice en ese instrumento que es de todos y no como muestra de diferenciación. Puerto Rico es todos nosotros y todos nosotros somos Puerto Rico.

Fuente: www.lahora.com.gt


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