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Inocente, ante todo
Por Marco Vinicio Mejía - Guatemala, 30 de noviembre de 2004

Una de las principales críticas a los medios de prensa es la inobservancia de la presunción de inocencia. El artículo 14 de la Constitución Política establece que toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se prueba su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa.

Además de presumirse la inocencia del procesado, éste debe ser tratado como tal y en todo momento. Tanto durante la investigación judicial como en la información periodística, todo procesado debe ser respetado en su dignidad, seguridad, libertad, igualdad, honor, imagen, intimidad e integridad física, moral o sicológica.

Este principio penetró en el ámbito constitucional guatemalteco como parte de un planteamiento supranacional, pues aparece contemplado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; en el artículo 6.2 del Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950; también en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

En el terreno doctrinal, la presunción de inocencia no es una verdadera presunción en sentido técnico-jurídico. No lo es por su estructura ni por el modo de operar, pues se establece como una verdad provisional. Es un derecho fundamental que no sólo se despliega en el orden legislativo, en la actividad administrativa y en la actuación judicial. También se extiende a situaciones extraprocesales como las actividades informativas de los medios de comunicación social. Es una garantía que debe observarse en todas las circunstancias y en todos los momentos sociales y legales.

La presunción de inocencia salvaguarda el honor de toda persona acusada en dos planos: en sentido esencial, relacionado con la dignidad de la persona y que jamás puede perderse, cualesquiera sean los actos cometidos por el sujeto. En sentido existencial, pues hasta el momento en que quede probado su comportamiento antiético, la inocencia es la verdad de su vida.

Esto significa que todo hombre será considerado inocente durante el proceso, más allá de la limitación de su libertad física o la disposición de sus bienes. Si el proceso concluye de manera favorable, regresará a la comunidad libre de sospecha de culpa ya que, legalmente, no perdió la inocencia.

Este principio ha soportado amplias objeciones, más de corte ideológico que de carácter técnico. Una de ellas la formuló la escuela positivista italiana de Derecho Penal, especialmente en el pensamiento de Bettiol y Manzini. Para el último, una imputación penal es en realidad una presunción de culpabilidad más que de inocencia. Si se presume la inocencia del inculpado, ¿por qué entonces se procede contra él?

Desde las posiciones críticas, la presunción de inocencia era considerada una extravagancia jurídica proveniente del pensamiento revolucionario francés. No podía negarse que un imputado no debía ser considerado culpable antes de la sentencia de condena. Considerarlo inocente, cuando se procedía contra él como inculpado de un delito, era una inversión del sentido lógico y jurídico.

La consistencia animaba la presunción de inocencia, al margen de las luchas de escuela. Al estar fundamentada en la racionalidad y la justicia, logró sobrevivir a las posiciones hostiles. Las objeciones críticas se acallaron, provisionalmente, para llevar en la práctica a una formulación negativa del principio: la presunción de inocencia significa que el imputado no debe ser considerado culpable hasta que se produzca la condena jurídica definitiva.

Fuente: www.lahora.com.gt


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