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Ley para los inocentes
Por Marco Vinicio Mejía - Guatemala, 3 de diciembre de 2004

El derecho a la presunción de inocencia, en su formulación contemporánea de que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario, principia por proteger la dignidad personal de todo hombre y de todos los hombres, cuya dimensión social es la confianza colectiva. Este punto es fundamental para comprender que el actual descrédito de las instituciones, la desconfianza en la tribu política y la crisis del modelo democrático de partidos políticos se debe, en gran medida, a que no se ha respetado este derecho en los tribunales y en las salas de redacción.

La varias veces citada presunción de inocencia desplegó sus efectos iniciales en el ámbito procesal o jurisdiccional para evitar abusos e injusticias que habían llegado a ser norma común. Posteriormente, su carácter universal e ilimitado la situó también en el corazón de la actividad periodística. Donde primero se manifestó en el campo informativo fue en el tratamiento noticioso de las personas sujetas a diligencias o procedimientos judiciales, quienes gozan del derecho a ser tratadas y consideradas en todo momento como inocentes.

En Francia, la Ley de 4 de enero de 1993, reformada por la Ley de 24 de agosto del mismo año, es un ejemplo de cómo debe respetarse esa garantía. El cuerpo jurídico galo nació en medio de una fuerte polémica. De una parte se acusaba a los legisladores de haber cedido a la presión de los medios de prensa que trataban de neutralizar los avances legislativos más renovadores. La Ley tenía, inicialmente, un ámbito amplio de aplicación que se redujo de manera notable con los cambios de agosto de 1993, con lo que sólo se aplica a las informaciones dadas sobre personas que hayan sido citadas judicialmente a propósito de querellas o demandas judiciales.

No faltaron las críticas en sentido contrario, al argumentarse que el texto legal respondía a los intereses de abogados y magistrados, cuyas indiscreciones impedían la vigencia efectiva de la presunción de inocencia. La crítica insistía en que, más que preocuparse en vigilar la actuación de los medios informativos, era preferible proteger el secreto sumarial o de instrucción. Aparte de esos señalamientos, la Ley francesa de 1993 acercó el problema de la presunción de inocencia al campo de los medios informativos donde actualmente se debate la cuestión práctica en toda su intensidad.
De acuerdo con la Ley, si los medios informativos por medio de afirmaciones o insinuaciones presentan como culpables a personas que se encuentran en determinadas situaciones procesales, los afectados, además de los recursos legales para defender su honor, pueden solicitar al tribunal que obligue al medio informativo a publicar un comunicado judicial en el cual se aclare que se violó el principio de presunción de inocencia.

En el primer caso de aplicación de la Ley francesa, de fecha 22 de febrero de 1993, el comunicado judicial tuvo la siguiente formalidad: "En un artículo, el diario X ha presentado como culpables de diversas infracciones a las personas siguientes: (…) El artículo ha atentado contra la presunción de inocencia de las personas mencionadas. Se recuerda que todas estas personas no pueden ser presentadas como culpables de los hechos mencionados en el artículo y, que por el contrario, el diario X ha violado la Ley publicando el artículo".

Si después de un juicio penal se declara la inocencia de un inculpado, la Ley prevé la posibilidad de publicar, por orden judicial y gratuitamente, el sobreseimiento de la causa, al tiempo que se abren nuevos plazos para ejercitar el derecho de réplica y actuar jurídicamente por difamación.

Fuente: www.lahora.com.gt


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