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Por Marco Vinicio Mejía - Guatemala, 24 de noviembre de 2005
mvmejia2@intelnett.com

Las noticias prevalecientes en 2004 y principios de 2005 se relacionaban con los actos de corrupción del gobierno del FRG, informaciones que según Matthew Creelman, fueron acompañadas por "la campaña sin precedentes de investigar y llevar a juicio a los ex funcionarios de esa administración". La corrupción se convirtió en un medio para regular la democracia, pues "muchos alcaldes, diputados, gobernadores y funcionarios de dependencias de gobierno, dejan de tomar decisiones con base en sus compromisos como servidores públicos". De esa manera, la corrupción se ha convertido en un "impuesto" aceptado "por grupos de poder que se benefician de un Estado estancado en los procesos de modernización o transformación, incluyendo sectores empresariales que se benefician del proteccionismo, de bajos impuestos y otros favores del Estado". (INFORPRESS, 2-4-2004).

A su vez, los medios de comunicación cumplen una "función selectiva" de regular la corrupción. Pero en la búsqueda de relegitimar el Estado, en la actualidad se da la "consolidación de un bloque de poder que incluye al gobierno, al gran empresariado, y los medios de comunicación", cuya estrategia es "atribuir al gobierno pasado la corrupción, sin analizar las causas estructurales y culturales del problema".

Agrega Creelman: "la lucha selectiva contra la corrupción, en gran medida llevada a cabo por los medios de comunicación, tiene importantes sesgos, especialmente en relación con procesos relacionados con el nuevo gobierno, y acciones que involucran a las empresas privadas, como la evasión de impuestos, los pagos de sobornos, y la falta de acciones rigurosas para atacar la corrupción. En este sentido, la corrupción regula la democracia, los medios regulan la corrupción, mientras el sector privado controla los medios".

El choque constante del Gobierno de Alfonso Portillo con el sector empresarial organizado corrió paralelo a las pugnas con la prensa, en especial la escrita. Desde noviembre de 2000, "elPeriódico" publicó una serie de artículos que denunciaban la corrupción y las irregularidades en la asignación de contratos de obra pública por el Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Luis Rabbé. Estaciones de radio y televisión propiedad del mexicano Ángel González y González, cuñado de Rabbé, iniciaron una campaña para desacreditar a "elPeriódico". González controla las cuatro estaciones de TV privadas del país en violación de las prohibiciones constitucionales contra monopolios y la propiedad extranjera de los medios.

El 20 de febrero de 2001, unos cincuenta manifestantes se reunieron frente a las oficinas del matutino, amenazaron al personal y agredieron a tres fotógrafos. Los inconformes eran seguidores del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y de Rabbé. Se identificó a algunos de los manifestantes como empleados del Ministerio de Comunicaciones. Reporteros sin Fronteras lo calificó como "un acto grave de intimidación" y pidió investigar al monopolio de televisión de Ángel González.

La organización no gubernamental IDEA (Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral) estableció que: "La evolución de la televisión refleja las características de la conformación de un consorcio monopólico privado, con bajos niveles de competencia. La operación de cuatro (3, 7, 11 y 13) de los cinco canales abiertos de la televisión está asociada a la propiedad de un consorcio de capital predominantemente mexicano. El alto grado de poder mediático, concentrado en este consorcio extranjero, se convierte en un extraordinario instrumento de poder informativo, cultural y económico, con implicaciones negativas para el proceso democrático nacional". (1999: 199 y 201).

Durante su visita en abril de 2000, el Relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago Cantón, esperaba que: "la actual buena disposición del gobierno en sostener y ampliar el derecho a la libertad de expresión de los guatemaltecos continúe durante todo su mandato". Pidió al Gobierno que investigará sobre el monopolio de hecho en la televisión abierta, el cual "estaría afectando seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los guatemaltecos". También solicitó que se revisaran "las reglamentaciones sobre concesiones de televisión y radiodifusión para que se incorporen criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos".


Fuente: www.lahora.com.gt


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