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El fraude electoral
Por Marco Vinicio Mejía - Guatemala, 9 de enero de 2007
mvmejia2@intelnett.com

El sistema electoral en Guatemala no cuenta con los controles para garantizar la pureza de los comicios. El fraude se manifiesta de distintas formas y no consiste sólo en la adulteración de la cantidad de votos emitidos. Desde el inicio de la "transición democrática", uno de los mayores engaños ha sido permitir la utilización de los recursos estatales en favor de los partidos oficiales. El clientelismo político de sugestionar a los someros ha sido una constante, pero, ahora es más grave que antes.

La debilidad más grande del sistema es el registro mismo en el padrón electoral, acto en el cual no se califica la validez de las cédulas de vecindad presentadas. Hay evidencias racionales de que la falsificación de esas cartillas tiene varios años de ocurrir. Existe una sobreoferta de estos documentos, sin calcular. Los controles del Tribunal Supremo Electoral son insuficientes y no hay razón para aceptar que los votos cautivos no alcanzan para adulterar los resultados totales de las elecciones generales.

Falta un estudio científico que muestre los factores que incidirán en la alteración de la voluntad social. Uno de los índices para pensar en un fraude sería la disminución de la proporción de abstencionismo en lugar de ratificar la tendencia histórica en el incremento del porcentaje de inhibición electoral. Otra falencia del sistema es la modalidad de fiscalización en las urnas, la cual exige una logística que no puede ser tendida de manera total y eficiente por la mayoría de partidos políticos, con excepción del controlador de la infraestructura gubernamental.

Antes de 1984, la alteración de resultados electorales fue la costumbre. La posibilidad de defraudar la voluntad colectiva se ha fraguado en el seno mismo de un conjunto cerrado, inadecuado e insuficiente. Estos vicios son producto de un régimen adaptado a las conveniencias de los verdaderos dueños del poder, cuyos retratos no aparecen en las boletas de votación. Luego de veintitrés años de tanteos, los partidos políticos continúan sin cumplir la función de mediación entre el Estado y la sociedad civil. La disfuncionalidad obedece a la desarticulación de las organizaciones populares y el temor de participar. Lo más grave es la apatía o indiferencia de la juventud, talvez por ser las últimas generaciones las hijas predilectas de la cultura del miedo. Es primordial la modificación del régimen electoral y que el Estado subsidie las instancias políticas. Las aportaciones privadas deben regularse por colectas públicas, debidamente auditadas. El Tribunal Supremo Electoral no ha castigado en casi dos décadas el uso de los bienes públicos en favor de determinados partidos y la misma clase política no ha logrado institucionalizar el documento único de identificación.

Los defectos del conjunto se traducen en la escasa capacidad de convocatoria a cargo de los partidos que, lejos de ofrecer propuestas de hombres y mujeres idóneas para ocupar puestos de elección, no ofrecen soluciones concretas para superar la pobreza, inseguridad, insalubridad, desempleo y el analfabetismo.

Escribo estas reflexiones sin pesimismo. No son la predicción de una inevitable o inminente frustración colectiva. Más bien buscan llamar a la cautela y, pese a las deficiencias señaladas, solicitan la defensa del voto.

Fuente: www.lahora.com.gt


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