Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 19 - 2022

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Legalmente, la Cicig está viva
Por Marco Vinicio Mejía - Guatemala, 25 de febrero de 2022


En una entrega anterior, se publicaron algunas apostillas al libro de memorias de Edmond Mulet, El nuevo comienzo. El inter és por conocer su experiencia en la Organización de las Naciones Unidas se relaciona con las operaciones de mantenimiento de la paz en países que Mulet califica como «Estados fallidos». Una conclusión de esas evocaciones es que Guatemala corre el riesgo de convertirse en una república fracasada.

La situación actual apunta a que, en 2023, continúe el fraude electoral de 2019. Frente al avance imparable de las fuerzas de la oscuridad, no contamos con propuestas de soluciones para evitar que al Estado de Guatemala se le aplique una tipología catastrófica. Genéricamente, se han establecido cuatro tipos de Estados: el fuerte, el débil, el fracasado y el colapsado. Para la colombiana Patricia Moncada, «el Estado fallido es un grado entre el Estado colapsado y el Estado fracasado» (Los Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso, 2007: 95).

Edmond Mulet no lo admite, pero lo deja entrever. Una opción viable es que la intervención internacional venga otra vez en nuestro auxilio. En la Organización de las Naciones Unidas reconocen que la corrupción es una amenaza para el desarrollo. Esa admisión condujo a incluirla en el objetivo 16 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030. De acuerdo con este objetivo, los Estados deben reducir, sustancialmente, la corrupción y el soborno en todas sus manifestaciones. La corrupción es considerada como una patología, problema ético y falta de transparencia en un sistema. En el peor de los casos, es una señal de las deficiencias del sistema en su totalidad. En el caso de Guatemala, los gobiernos «democráticos» no han adoptado políticas y estrategias eficaces para frenar la corrupción.

La solución es contar con el apoyo internacional para promover y recuperar el Estado de derecho en Guatemala. Es innegable que se requiere esa intervención para corregir las deficiencias técnicas o restaurar la capacidad del Estado. En este punto, destaco que la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) implicó que el Estado de Guatemala aceptara —explícitamente—, que la soberanía es relativa. Desde la suscripción de los Acuerdos de Paz, alcanzados con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, se consagraron compromisos de Estado ante la comunidad internacional.

En esencia, si bien el Estado de Guatemala ha conservado el ejercicio de su soberanía, existe la aceptación de cierto de grado de intervención de órganos internacionales, autorizada por el propio Estado al momento de celebrar y ratificar instrumentos internacionales. Repetiré los argumentos que formulé ante la Corte de Constitucionalidad en la acción de amparo número 4404-2018.

El 12 de diciembre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala suscribieron, en la ciudad de Nueva York, el acuerdo relativo al establecimiento de la Cicig. En 2007, por medio del decreto número 35-2007, el Congreso de la República aprobó ese acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala sobre la Cicig. En el Acuerdo se menciona que su duración es de dos años, el cual podía prorrogarse por canje de notas entre las partes. Asimismo, se describe, en el artículo once, sobre el retiro de la cooperación. La ONU se reservó el derecho de finalizar la cooperación con el Estado de Guatemala por tres razones específicas: a) si el Estado dejaba de cooperar, de tal manera que obstaculizara las actividades de la Cicig; b) si el Estado no adoptaba las medidas legislativas para erradicar los Aparatos Clandestinos de Seguridad y Cuerpos Ilegales de Seguridad, y c) por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional. O sea, las Naciones Unidas podían dar por terminada la cooperación si existía una de las causas mencionadas.

Por parte del Gobierno de Guatemala, para terminar con la cooperación debía cumplirse el plazo otorgado para el funcionamiento de la Cicig, el cual algunos logramos que finalizara el 3 de septiembre de 2019, por lo que la Comisión debía finalizar sus trabajos y retirarse de este país, si no había otra prórroga. Pero, si el Gobierno de Guatemala quería dar por finalizado el acuerdo con anterioridad, como ocurrió con un simple Acuerdo Gubernativo de marzo de 2019, se generó un vacío legal. En el acuerdo no se menciona el procedimiento que Guatemala debía realizar para la finalización de la cooperación, por lo que la interpretación del acuerdo respecto a lo anteriormente mencionado debía negociarse entre ambas partes para buscar la solución de ese vacío legal. La ONU nunca dio por finalizada la cooperación. Además, el Congreso de la República no derogó el decreto número 35-2007, por lo que el acuerdo de creación de la Cicig continúa vigente como ley y era de estricto cumplimiento que Morales negociara con la ONU.

El acuerdo de establecimiento de la Cicig también está en vigor por lo establecido en el Derecho Internacional. Guatemala ratificó la Convención de Viena sobre el derecho de tratados. Este preceptúa que, para la finalización de los acuerdos que no contengan disposiciones sobre la terminación, denuncia o retiro del tratado, una parte deberá de notificar con doce meses, por lo menos, de antelación, su intención de denunciar un tratado o retirarse de él. No se derogó el decreto número 35-2007 y Jimmy Morales no cumplió su obligación de negociar con la ONU. El artículo 12 del acuerdo preceptúa: «cualquier controversia debe resolverse por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente pactado». Debía darse esa condición previa para, posteriormente, denunciar el acuerdo de creación de la Cicig. La ONU no se retiró del acuerdo, por lo que, al no derogarse el decreto número 35-2007, quedó en suspenso el funcionamiento de la Cicig. O sea, está en estado de hibernación jurídica.

En conclusión, espero que los candidatos presidenciales de 2023 retomen el acuerdo de establecimiento de la Cicig. El artículo 183 inciso o) de la Constitución Política de la República consagra que el presidente de la República es quien dirige la política exterior y las relaciones internacionales. También es quien celebra, ratifica y denuncia tratados. El retiro del acuerdo por parte de Jimmy Morales debía ser ratificado por el Congreso de la República con el propósito de derogar el decreto número 35-2007. Espero que el próximo presidente de la República negocie con la ONU para que continúe funcionando la Cicig.

 

Fuente: gazeta.gt


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.