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Hay temores en el ambiente
Por Nineth Montenegro * - Guatemala, 23 de octubre de 2005

Se deben definir los controles que se requieran para evitar arbitrariedades.


Hacer inteligencia es una necesidad in- veterada de los Estados y de las personas. En este caso, se trata de la necesidad que tienen instituciones, como el Ministerio de Gobernación, de retroalimentarse para tomar decisiones, ejecución de políticas públicas de prevención y represión del delito, para lo cual han tenido que buscar apoyo de inteligencia militar, que es un riesgo y no corresponde a una sociedad democrática. Por esta razón, recientemente el Congreso le dio vida a la Ley del Digici.

Los acuerdos de paz, suscritos por el Gobierno y la guerrilla en 1996, son la fuente y fundamento legal para la recién aprobada norma. Esta aprobación implica un significativo avance en materia de darle a la autoridad civil el papel que le corresponde.

No podemos dejar de reconocer que antes de esta fecha, el tema de hacer inteligencia se desvirtuó y se convirtió en una actividad exclusiva del Ejército, que, al tenor de manejar en forma discrecional información privilegiada, se la apropio para efectuar actividades de contrainsurgencia contra ciudadanos que considerara potenciales enemigos del Estado.

Fue al amparo de esto que se montaron operativos con estructuras de Estado para secuestrar o ejecutar extrajudicialmente a quienes consideraron una amenaza a lo establecido.

El “Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática” dice en el punto 48, la creación del Departamento de Inteligencia Civil, adscrita al Ministerio de Gobernación, y dice: “será la encargada de recabar información para combatir el crimen organizado y la delincuencia común por los medios y dentro de los límites autorizados por el ordenamiento jurídico y estricto respeto a los derechos humanos”.

No obstante, quedan temores en el ambiente, toda vez que esta instancia plantea que para hacer una labor eficiente de inteligencia se debe proceder a las escuchas telefónicas, y con la historia reciente, y luego de haber vivido décadas de terror, esa preocupación es válida, en el sentido de que esta actividad pueda ser mal utilizada y se cometan nuevamente excesos, desde agentes del Estado.

Considero que se debe acudir nuevamente al espíritu de los acuerdos y definir los controles que se requieran para evitar arbitrariedades. El control político y social es pertinente. Se deben definir, además, los mecanismos sobre cómo se llevarán a cabo las escuchas, incluido el resguardo o destrucción de grabaciones que son temas a regular en lo inmediato, para asegurar a la población la tranquilidad que requiere en su vida.

* Diputada al Congreso de la República

Fuente: www.prensalibre.com


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