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Otra vez, el cacaraqueo de la derecha
Por Nery R. Villatoro Robledo - Guatemala, 22 de marzo de 20109

Hace apenas tres días dio inicio formalmente (porque en verdad comenzó hace mucho) la campaña electoral de cara a las próximas elecciones, programadas para el 16 de junio y el mes de agosto, en caso de haber una segunda. Conforme transcurran los días, seremos testigos de cómo irá cambiando el paisaje de ciudades, pueblos y carreteras que, como siempre, se inundarán de propaganda hasta el punto de asquear.

Sí, porque más allá del discurso vacío de los candidatos de la derecha que creen tener alguna posibilidad de llegar a la poltrona, que no se sustenta ni refleja un plan de gobierno en el que se plantee abordar por lo menos superficialmente los problemas de este país, que son históricos y estructurales, los guatemaltecos no escucharemos nada nuevo. De más está decir que en cuanto a los planteamientos de la izquierda electoral poca será la gente que se entere, pues los medios de comunicación en manos de «cacifones» y «caciferros» (que es lo mismo que decir burguesía, oligarquía y grupos corporativos) no le darán cobertura, mientras que los medios alternativos no tienen el alcance de aquellos.

Hemos empezado a escuchar cómo la derecha propone resolver uno de los problemas más agudos de nuestros días como es el de la delincuencia y criminalidad, que, si bien son consecuencia de la acción de estructuras delincuenciales conocidas como «maras», cuyos vínculos con el crimen organizado y «altas esferas» del poder son un secreto a voces, en realidad son resultado del sistema económico y político excluyente y concentrador de la riqueza que impera en Guatemala.

Para este problema estructural no hay más respuesta que la «mano dura»; es decir, se ofrece resolver con el uso de la violencia. Esto no es nada nuevo, puesto que la violencia estructural es una de las características del Estado. Históricamente, desde la pomposa independencia, el Estado guatemalteco se ha configurado como instrumento de dominación al servicio de la oligarquía y la burguesía, echando mano de la violencia. Eso de combatir la delincuencia y criminalidad asesinando a delincuentes y criminales, no es nuevo. Es más, la violencia se utiliza para hacer frente a los problemas históricos del país; no para resolverlos, sino para someter o eliminar a quienes reclaman soluciones.

Con el discurso de mano dura triunfó el Partido Patriota en el 2011, y ya vemos cómo el país experimentó una regresión de por lo menos una década en todos sentidos. La corrupción, tan vieja como este sistema, fue algo que solo traspasó los límites permitidos. Alguien podría pensar que los políticos (de pacotilla) en Guatemala no aprenden, pero es que el fondo del asunto no es resolver los problemas del país, sino garantizar la reproducción y continuidad del sistema. Es decir, asegurar que la explotación, exclusión, discriminación y racismo contra la mayoría de la población sean, a la vez, la garantía para que continúe la acumulación de capital y el enriquecimiento de la clase dominante: la burguesía nacional subordinada a la transnacional.

Por ello, no debe extrañarnos que uno de los abanderados del discurso de mano dura sea el candidato panista, Roberto Arzú, hijo del mono de oro Álvaro Arzú, que simplemente propone matar a extorsionadores y otros delincuentes para resolver problemas tan complejos como la delincuencia, la criminalidad y las maras. Según él, los delincuentes y criminales «o se rinden o se mueren». De esa propuesta no están distanciados otros de los ungidos por esas máquinas electorales de la derecha. Recordemos que uno de los ungidos para estas elecciones fue procesado por el caso Pavorreal (la ejecución extrajudicial de varios reos en Pavón); fue absuelto, claro, pero todos sabemos de qué pie cojea la justicia en este país.

Vale esto de la delincuencia, criminalidad y maras solo para ilustrar cómo la derecha plantea abordar los problemas del país. Por eso, como siempre he dicho, nada nuevo ni extraordinario ni serio se puede esperar de procesos electorales en los que cuenta más un finiquito o declaración jurada (que no digo que no sean importantes, porque lo son) y no se exija que los postulantes presenten un programa y plan de gobierno para atender las necesidades y resolver los problemas del país, que sea objetivo y viable, y que, además, esté respaldado por los recursos financieros del Estado.

Algo que, en caso de exigirse, sería ilusorio. Porque el sistema político y de partidos no está construido para resolver esos problemas, sino como instrumento para la continuidad del sistema.

Fuente: gazeta.gt


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