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Por si no tuviéramos suficiente…
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 19 de febrero de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

Cuando se habla de la inversión extranjera, salen a luz cuestiones como la falta de seguridad en el país y la ausencia de un verdadero Estado de Derecho que alienten esa participación de capitales foráneos en el impulso a la productividad de nuestro país. Constantemente nos estamos quejando del efecto que esos factores tienen en cuanto a la dificultad para atraer inversionistas y hasta se incurre en contrasentidos porque los que más hablan del respeto al Estado de Derecho son también los que defienden la violación de los derechos laborales bajo la premisa de que la exigencia de los trabajadores se convierte en factor adverso para captar nuevas inversiones.

Sin embargo, hay otros temas de los que casi nunca se habla porque por razones ideológicas resulta poco conveniente traerlos a colación. Resulta que la privatización es presentada como panacea y Dios libre a quien se atreva a cuestionar sus resultados porque se arriesga a recibir cualquier clase de estigma; de esa cuenta, se sostiene que la privatización de los servicios públicos en Guatemala ha sido uno de los grandes logros y abundan los comentarios en los que se insiste en que, como con este Gobierno, "todos ganamos" gracias a la forma en que se produjo esa venta de activos nacionales.

Sin embargo, cualquier diplomático extranjero que ha recibido a inversionistas de sus países que vienen a explorar el medio guatemalteco puede confirmar que uno de los factores más criticados es el costo de la energía eléctrica que es mucho más alto en Guatemala que en la región. En efecto, resulta que según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la energía en Guatemala tiene un costo de 13 centavos de dólar por kilovatio hora, mientras que en Honduras y El Salvador el consumidor paga 8 centavos de dólar, lo que constituye una diferencia enorme a la hora de considerar cualquier ventaja competitiva en términos de decidir el destino de fuertes inversiones.

Hizo falta que el Banco Interamericano de Desarrollo formulara un llamado a Guatemala para que mejore sus tarifas eléctricas para que el tema pueda ser analizado sin que se vea como parte del debate alrededor del efecto de la privatización. El hecho concreto es que en Guatemala el sector eléctrico ha sido privatizado tanto en la generación como en la distribución de la energía y si fueran ciertos los argumentos de quienes siempre hablaron de la poca eficiencia del Estado como oferente de servicios públicos, debiéramos tener tarifas competitivas con el mercado internacional.

Sin embargo, la privatización fue acompañada del vicio de nuestra sociedad y también hubo corrupción en el proceso, lo que ha permitido la firma de contratos leoninos que benefician a los generadores, distribuidores y comercializadores, en perjuicio de la población, con el agravante de que virtualmente pasamos de un monopolio público a un oligopolio privado que resulta intocable y que hace micos y pericos sin que exista poder capaz de ejercer controles porque hasta la misma Comisión Nacional de Energía Eléctrica paró siendo dominada por los agentes particulares del sector eléctrico.

Nadie ha podido revisar los contratos suscritos por autoridades que algún beneficio obtuvieron cuando negociaron con los generadores privados que, además, gozan de beneficios fiscales que dejarían con el pelo parado a cualquiera. Pero es que, al fin y al cabo, somos el país en el que muchos viven en la pena y pocos en la gran pepena.

Fuente: www.lahora.com.gt


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