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Consulta popular: pura letra muerta
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 3 de marzo de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

El artículo 173 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice que las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos y establece la forma en que la consulta debe ser convocada por el Tribunal Supremo Electoral a petición del Presidente o del Congreso de la República. Ayer, varias organizaciones y el Consejo Superior Universitario pidieron que el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sea sometido a ese procedimiento, tomando en cuenta que se trata de una decisión política de especial trascendencia.

Cierto es que es competencia del Congreso de la República ratificar los tratados y que legalmente no está exactamente definido cuál es una decisión política de especial trascendencia. Quedaría librado al criterio del Presidente de la República o del Congreso el calificarlas, puesto que la Constitución les otorga la exclusividad en cuanto a la capacidad para pedir al Tribunal Supremo Electoral que sea convocada una consulta. En otras palabras, la consulta popular queda como pura letra muerta en la legislación constitucional de Guatemala, puesto que salvo el caso específico de las reformas a la Carta Magna, no existe de manera expresa la norma que de modo específico señale cuándo debe convocarse a una consulta popular.

Pero es indudable que el tema del Libre Comercio con Estados Unidos reviste una especial importancia y el llamado que hacen instituciones como la misma Universidad de San Carlos debe ser tomado en cuenta por los legisladores. Lo peor de todo es que se descalifique la iniciativa con argumentos absolutamente torpes, como el que alega que es demasiado alto el costo de una consulta o el de la posibilidad de que participen muy pocos ciudadanos en la misma. El único argumento válido, a la luz de la Constitución, es si las decisiones no son de especial trascendencia, pero no las otras torpezas que señalan quienes se oponen a que el pueblo sea consultado.

Yo creo que sería el momento en que el Presidente de la República convocara a una consulta popular para abordar temas de vital importancia para el futuro del país, incluyendo el del TLC. Además del libre comercio con Estados Unidos, es preciso consultar a la población sobre la reducción del número de diputados, la permanencia de Guatemala en el Parlamento Centroamericano, el financiamiento de las campañas políticas y, por supuesto, la nueva ley de concesiones que está discutiendo el Congreso de la República. Negar la importancia crucial y la trascendencia de esas decisiones políticas es imposible y por lo tanto el Presidente tendría que convocar a una consulta que abarcara esa gama de aspectos fundamentales para el futuro de Guatemala.

De lo contrario, habrá que pensar en suprimir de la Constitución la cacareada consulta popular, porque queda en simple letra muerta de la ley que, como ocurre con casi todo nuestro ordenamiento legal, nadie respeta, cumple ni acata. ¿Qué asuntos más importantes puede haber que los que estamos mencionando ahora y que lo que planteó ayer el Rector de la Universidad de San Carlos al Congreso? Por supuesto que los diputados no querrán convocar a una consulta que de paso les podría costar a algunos su futuro político, pero el Presidente lo puede y debiera hacer para cumplir con lo que manda la Constitución de la República y para sentar un precedente respecto a la cacareada pero inexistente democracia guatemalteca. No puede ser que asuntos vitales para el pueblo queden en manos de la decisión de camarillas que no representan los intereses de la ciudadanía.

Fuente: www.lahora.com.gt


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