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Mejorar la protección de Antigua Guatemala
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 7 de marzo de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

Obviamente la actual Ley de Protección de Antigua Guatemala, Decreto 60-69 del Congreso de la República, no es el instrumento idóneo para lograr la preservación de ese monumento colonial que es patrimonio de la humanidad. La experiencia en el manejo de ese instrumento legal desde lejanos tiempos de Julio César Méndez Montenegro hasta nuestros días evidencia que hace falta, en efecto, una legislación moderna y eficiente que tienda a lograr mejor los fines de protección y preservación de la ciudad colonial.

Pero la Ley 29-2005 del Congreso de la República que pretende lograr ese objetivo, resulta ser un mamotreto que los expertos repudian porque no tiene base técnica y fue elaborada sobre todo con criterio político de aldea, lo que incluye desde las venganzas contra quienes han formado parte del Consejo, hasta la intención manifiesta de beneficiar a los que participan del muy jugoso mercado inmobiliario de la Antigua Guatemala que mueve millones de dólares y que busca ansiosamente crecer mediante mayor oferta de metros cuadrados gracias a la posibilidad de convertir a la Antigua en una ciudad de dos pisos.

Pienso que los vecinos y organizaciones que han cuestionado la nueva ley tienen razón y que el Ejecutivo debiera vetarla porque son más los perjuicios que los beneficios que la misma ofrece, además de que evidentemente carece de criterios técnicos suficientes como para considerarla una mejora en el régimen de protección de la Antigua. Pero ello no quiere decir que las cosas queden como están actualmente, sino que es justo el momento para iniciar un proceso de discusión mediante el cual los expertos en urbanismo y en conservación aúnen esfuerzos para implementar planes reguladores adecuados a la realidad de esa histórica ciudad.

La Antigua Guatemala tiene que verse como lo que es, o sea patrimonio de la humanidad y no patrimonio de ningún grupo de poder o colegio profesional del país que tenga sus particulares intereses puestos en la ciudad. Hay que entender que existe una importante influencia de parte de quienes han querido hacer negocio comercializando no sólo el mismo casco histórico de la ciudad, sino sus alrededores con la construcción de proyectos que rompen por completo con el entorno y que afectarían seriamente cualquier esfuerzo por la preservación. De esa cuenta es que el actual Consejo de Protección debiera ser el promotor de un esfuerzo multidisciplinario para lograr que se estructure un plan regulador de la ciudad que sirva de punto de partida para una nueva Ley de Protección elaborada con criterio técnico y que se enriquezca no sólo con las experiencias abundantes de los más de treinta y cinco años que lleva de funcionar el Consejo, sino también con las experiencias de otros países donde se ha logrado una conservación espectacular del patrimonio histórico en las ciudades.
En conclusión, la ley vigente tiene que ser modernizada y reformada, pero la que fue aprobada de manera sigilosa por el Congreso de la República debiera ser vetada por el Presidente para dar oportunidad a que se elabore una que sea verdaderamente para mejorar los criterios que permitan la conservación, preservación y protección de la Antigua Guatemala.

Fuente: www.lahora.com.gt


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