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Valor monetario de una consulta popular
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 17 de marzo de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

Quienes rechazan la idea de someter a procedimiento consultivo temas como el del Tratado de Libre Comercio usan el argumento del costo de la consulta popular para rechazar de entrada y sin más trámite ese mecanismo consignado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, cuando leemos lo que dicen los empresarios que perdieron simplemente en esta semana por la movilización de lo que el Presidente califica como grupúsculos, tenemos que concluir que hubiera sido mucho más barato hacer la Consulta que someter al país a esas multimillonarias pérdidas que nos fueron detalladas por voceros del sector empresarial.

Otros dicen que en un tema tan técnico como el del Tratado de Libre Comercio no se puede consultar a la masa inculta; pero resulta que el Tratado fue ratificado por la élite inculta, si a eso vamos, porque los diputados no se tomaron la molestia de leer el instrumento, según confesión que han hecho casi todos los miembros del Congreso. Una Consulta Popular hubiera obligado al Gobierno a difundir los términos del Tratado y eso sería ganancia, porque la gente sabría de qué estamos hablando.

El tema de la soberanía nacional, que para cierta gente es cuestión del siglo pasado y que en la globalización ya no cuenta, es fundamental para determinar si realmente los legisladores actuaron de conformidad con la Constitución al ratificar el instrumento de intercambio comercial. Por ello es que ahora vale la pena que se haga una consulta a la Corte de Constitucionalidad, puesto que en materia laboral hay especificaciones que obligan al país a sujetarse a las condiciones en que las multinacionales van a operar en Guatemala.

En realidad debemos entender que el Estado en Guatemala es sumamente débil e incapaz de forzar al cumplimiento de la ley por lo que esta coyuntura debiera servirnos a todos, gobernantes y gobernados, para buscar grandes acuerdos que nos permitan solventar esa deficiencia estructural que es una tara insuperable en la búsqueda del bien común. La persistencia de poderes fácticos que pasan sobre la soberanía popular es un hecho incuestionable en el país y por ello en el marco de la discusión que hay ahora por el tema del Tratado de Libre Comercio tendríamos que sentar las bases para un gran esfuerzo que abra espacios a otros sectores en el análisis de los problemas del país y la articulación de los grandes acuerdos que indudablemente nos hacen mucha falta.

En el fondo el Gobierno desperdició una gran oportunidad que tuvo para avanzar en la gobernabilidad con una Consulta Popular que pudo, además, orientarse a otros temas también cruciales, relacionados cabalmente con esa debilidad de un Estado cooptado por poderes fácticos. Obviamente ello no forma parte de la agenda empresarial, pero pensando en el país, en su futuro y en la viabilidad del modelo democrático, es urgente establecer mecanismos que liberen al Estado de esa especie de secuestro para que se convierta en facilitador del bien común.

La Constitución no impide que una Consulta Popular pueda hacerse a manera de referéndum y de hecho, en el caso de Belice así se contempla, por lo que la ratificación del Congreso no impediría que se pudiera llevar a cabo, entendiendo que el país pierde más con la confrontación que con el costo de ese procedimiento consultivo.

Fuente: www.lahora.com.gt


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