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El Estado sin poder ni influencia
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 3 de mayo de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

Uno de los problemas más serios de Guatemala está en el costo de la energía eléctrica que es muy superior al del resto de la región y que obedece a la forma en que se suscribieron los contratos con los generadores particulares. El "machote" de casi todos esos contratos fue el firmado con la Enron para generar con las barcazas en aquellos días de apagones durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, cuando con el agua al cuello, Guatemala tuvo que aceptar las condiciones que le imponían para asegurar que de manera rápida pudiera incrementarse la oferta ante la sequía que afectó la generación de Chixoy y sumió al país en un período de largos racionamientos.

El Ministro de Energía, quien estuvo en el INDE antes de llegar a ese puesto del Gabinete, reconoce el problema y dice que "la revisión y renegociación de los contratos que mantienen las generadoras con el país se discutirá en breve". Pero en el marco actual del sistema eléctrico, resulta que el Estado no tiene nada que ver en el problema y el mismo, como dice el ministro, es entre particulares por lo que su despacho apenas si puede formular una invitación para abordar el tema.

En corrillos se reconoce que los contratos eléctricos, tanto los anteriores a la vigencia de la actual Ley General de Electricidad, como los posteriores, dieron lugar a jugosos negocios y que funcionarios que participaron en las negociaciones hicieron su agosto a cambio de garantía de utilidades para los inversionistas que le cuestan al consumidor un ojo de la cara y que convierten al país en poco competitivo por el costo de la energía eléctrica.

Desde hace años se viene hablando de la necesidad de renegociar esos contratos, tomando en cuenta que el patrón utilizado para su elaboración es un contrato que por cierto hasta la misma Enron revisó con el tiempo porque se habían despachado con la cuchara más grande que pueda imaginarse, aprovechando que tenían a un país de rodillas por su urgente necesidad de conseguir energía a cualquier costo. Pero siempre se esgrime el argumento de que la renegociación de contratos afecta la credibilidad de nuestro país en cuanto a la certeza jurídica y que los inversionistas se ahuyentarían al ver que se procede a la renegociación.

En otras palabras, el trinquete está asegurado so pena de perder "credibilidad" como país. Poco importa que en el gremio de los inversionistas del sector eléctrico todos sepan cómo se negociaron esos contratos y lo que hubo de por medio. Esas cosas no quedan ocultas y tanto los que tienen intereses en el país como los que no los tienen, saben por qué Guatemala tiene los costos de energía tan altos. Los empresarios serios preferirían hacer negocio con un país en el que sus márgenes de utilidad puedan ser menores, pero sin comisiones ni mordidas de por medio, puesto que eso es lo que al final elimina la certeza jurídica.

Lo lamentable en el caso de nuestro país es que si bien la Ley establece mecanismos de regulación, la Comisión creada por la misma ley no ha sido tan efectiva como para garantizar el interés nacional y de los usuarios. La Comisión se terminó convirtiendo en el ente guardián de los intereses de los inversionistas del sector.
La entidad llamada a provocar la renegociación de contratos con base técnica y velando por un sano criterio de beneficio al usuario, calidad de servicio y protección a la utilidad razonable, tendría que ser la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que ahora, en nuevas manos, quizá se anime a desempeñar ese papel.

Fuente: www.lahora.com.gt


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