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La privatización de la carga tributaria
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 4 de mayo de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

El argumento esencial que se usa para justificar el régimen de concesiones es la incapacidad del Estado para financiar las obras porque la carga tributaria no alcanza; en virtud de ello, se dice, es mejor que las obras sean emprendidas por inversionistas privados que recuperen su inversión mediante el cobro de peaje o de una tarifa especial por la prestación de servicios públicos lo que significa, ni más ni menos, una privatización de los impuestos.

Porque al fin y al cabo, el usuario de servicios públicos privatizados tendrá que pagar por tales servicios, con la diferencia de que quien cobra no es el Estado, sino particulares. Del mismo cuero van a salir las correas, pero los beneficios serán privatizados mediante esa práctica, lo que desvirtúa por completo el argumento de que la necesidad de concesionar es por la debilidad del Estado, puesto que si de todos modos se va a pagar por los servicios, igual y hasta más legal sería que se establecieran las tasas correspondientes para dotar al fisco de los recursos que le permitan ir cubriendo, con todo e intereses, el monto de los financiamientos que las entidades internacionales puedan dar para obras de desarrollo.

El otro ingrediente en esto es que el inversionista privado obvia y lógicamente tiene que obtener utilidades porque es tal el incentivo para meterse a construir esas obras. En cambio, el Estado podría cobrar tarifas menos caras en la prestación de los servicios públicos porque su finalidad no es lucrar sino prestar el servicio. Se puede hablar mucho de la eficiencia, pero si vemos cómo operan muchas de las empresas privadas que prestan servicios públicos veremos que la calidad no es diferente a la que pueden ofrecer entidades municipales o estatales que hacen lo propio en otros países.

El sistema de tránsito, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York es una verdadera maravilla y se cobran tarifas que permiten no sólo cubrir los costos de operación, sino reinvertir para adquirir nuevo equipo, extender la cobertura y mantenerse al día con la tecnología de punta. Y el caso no es aislado, porque en muchos lugares del mundo uno puede ver cómo funcionan servicios públicos con alto grado de eficiencia y manteniendo precios que pueden considerarse razonables. Sólo así es como el Servicio Postal de los Estados Unidos, por ejemplo, ha logrado no sólo sobrevivir sino actuar con gran eficacia frente a la competencia de los servicios privados que tienen flotas de aviones y una cobertura mundial.

Si de todos modos hay que pagar, sería bueno fortalecer institucionalmente al país para que salgamos de esa situación de atraso que es producto de la resistencia histórica a cumplir con obligaciones tributarias. La privatización de los impuestos, vía las concesiones, no sólo no fortalece al Estado en su calidad de encargado de la prestación de servicios públicos, sino que además hace que paguemos más, porque hay que incluir la necesaria utilidad que deberá percibir quien se hace cargo de una concesión. Se supone que ellos también tendrían que gastar no sólo en operación sino en mantenimiento y mejoras, lo mismo que debería hacer el Estado, y la diferencia que al final no es nada despreciable está en el lucro, en las utilidades propias del régimen de concesiones.

Y dejo por último el tema de la corrupción porque sé que es algo en lo que siempre pensamos cuando se habla del Estado. Pero no creo que alguien suponga que ese mal es patrimonio estatal y ajeno a la empresa privada. La corrupción, de hecho, no existiría sin la constante contribución del sector privado que hace mancuerna con el público para asegurar el tráfico de influencias.

Fuente: www.lahora.com.gt


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